Por La Nube (Bolivia), ilustración de portada de Valeria Torrico
Jueves 30 de marzo de 2022.- El Gobierno boliviano facilita el ingreso minero a tres áreas protegidas: el Madidi, Apolobamba y Cotapata, todas ellas en el departamento paceño. Documentos a los que accedió La Nube evidencian que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) acordaron “proseguir” los trámites y “recurrir a los medios necesarios” para que los cooperativistas con “derechos preconstituidos” legalicen la extracción de oro en estos sitios.
Los cooperativistas mineros son aliados del partido gobernante y en la medida de lo posible satisfacen sus intereses gracias a ello; pero si las cosas se ponen difíciles pueden movilizar a miles de personas y paralizar ciudades, como ocurrió en La Paz en agosto del 2021. En esa ocasión el centro de la Sede de Gobierno quedó bloqueado por este sector, que se oponía a regular aún más las exportaciones de oro y el uso de mercurio, uno de los compuestos más dañinos para el ser humano, usado para extraer el oro, y que a diario se derrama en los ríos.
En pocas horas, no sólo lograron que el Gobierno ceda a esas demandas, sino que también consiguieron facilitar su ingreso a las áreas protegidas.
El 13 de septiembre de 2021, la directora de la AJAM, Brenda Lafuente, y el director del Sernap, Teodoro Mamani, firmaron un acta de reunión junto a dirigentes mineros y se comprometieron a viabilizar 93 trámites de áreas mineras en las tres áreas protegidas: 12 en el Madidi, 68 en Apolobamba y 13 en Cotapata.
“La AJAM dará prosecución a las 76 solicitudes de adecuación enmarcadas en áreas protegidas de carácter nacional con base en los Certificados de Compatibilidad de Uso (CCU) que emitirá el SERNAP (…) La AJAM y el SERNAP, respecto a las 17 solicitudes de adecuación que corresponden a Parque Nacional, recurrirán a los medios necesarios para emitir los respectivos CCU a efecto de su adecuación con la suscripción del contrato administrativo minero”, se lee en las conclusiones del acta de dicha reunión.
El Sernap es la institución que otorga los CCU. Tener uno no equivale a un permiso para hacer minería en un área específica, pero es un paso importante para conseguir la licencia ambiental y posterior autorización final, pues este certificado establece que la actividad minera es compatible o no en una zona en cuestión, con base en cuestiones ambientales.
Los 93 trámites señalados líneas arriba corresponderían a “derechos mineros preconstituidos”, es decir que fueron adquiridos antes de la Ley de Minería 535, del 2014. No obstante, la definición de un “derecho preconstituido” está abierta a la interpretación. Ni siquiera la AJAM pudo aclarar qué se entiende por este término, si se trata de los permisos obtenidos antes de la creación del área protegida (en el caso del Madidi es 1995) o evidentemente de la Ley 535.
“No podemos decir irresponsablemente qué es un derecho preconstituido, porque ningún trámite de adecuación es igual”, se limitó a decir el jefe de Otorgación y Extinción de Derechos Mineros de la AJAM, Marco Antonio Gálvez, cuando se le consultó sobre esto en la Comisión de Medioambiente del Senado, el 22 de marzo pasado.
“Los acuerdos entre la AJAM y el Sernap buscan la llegada de los mineros. Es una decisión política: avanzar hacia nuevas fronteras extractivas”.
Jorge Campanini, investigador del Cedib
Este “vacío de precisión cronológica” implica que la figura puede usarse de manera flexible para beneficios personales o sectoriales en desmedro del medioambiente, señaló el investigador del Centro de Documentación e Información (Cedib), Jorge Campanini.
El experto hizo notar que la interpretación abierta sobre la definición de un “derecho preconstituido” puede dar pie, por ejemplo, a que comunidades que habitaban un área protegida hace años enarbolen este tipo de derecho para convertirse en cooperativas y comiencen actividades extractivas y destructivas de su entorno.
La Federación de Cooperativas Mineras Auríferas de La Paz (Fecoman) incluso habla de “cooperativas preconstituidas”, lo cual tendría otras implicancias; sin embargo, el secretario de Medioambiente de esta organización, Félix Millares, aclaró que se refieren a cooperativas que iniciaron trámites o realizado actividad minera en un área protegida antes del 2014.
Sea lo que fuere, el compromiso adquirido con los mineros para facilitar su ingreso a las áreas protegidas fue honrado por el Sernap días atrás. El 15 de marzo, la Fecoman pidió a sus afiliados que “todas las cooperativas preconstituidas” ubicadas en áreas protegidas recojan del Sernap sus CCU “para seguir con el trámite de la obtención de la Licencia Ambiental”.
Determinar qué es un derecho preconstituido es “muy importante”, señaló la senadora Cecilia Requena, presidenta de la Comisión de Medioambiente, ya que el Sernap se comprometió a emitir CCU “a solicitud de la AJAM” en el caso de áreas mineras que tengan este tipo de derechos, según la cláusula octava del convenio suscrito por ambas instituciones en marzo del 2021.
“Las partes acuerdan que en el caso de Autorizaciones Transitorias Especiales (ATE), al tratarse de derechos mineros preconstituidos que gozan de reconocimiento y respeto conforme a la Constitución Política del Estado y la Ley 535 de 28 de mayo de 2014, la emisión del CCU por parte del Sernap será a solicitud de la AJAM”, señala esta cláusula.
Denuncian corrupción en la emisión de CCU
Dada la importancia de un CCU para obtener derechos mineros y poder explotar un área, los mineros se afanan por conseguir uno de éstos.
Recientemente, el Sernap encontró irregularidades en la emisión de CCU en gestiones pasadas y por ello hace una auditoría para identificar posibles responsabilidades administrativas o penales, indicó la directora de Monitoreo, Alejandra Salamanca, el 21 de febrero. “Preliminarmente se hallaron incongruencias y se las puso en conocimiento del Ministerio Público”, dijo la funcionaria.
Una fuente ligada al Sernap que pidió no ser identificada señaló que estos certificados se emiten “a pedido del mejor postor”, y que estas prácticas de corrupción se aplicaron en Apolobamba. Añadió que lo mismo puede ocurrir en el Madidi. “Escuché que por cuadrícula pedían hasta 10.000 dólares. Incluso alteraban mapas para que los certificados salgan compatibles”.
Salamanca no descartó que esto ocurriera años atrás, pero aseguró que no se recibió ninguna denuncia formal al respecto y reiteró que en la gestión del ahora director Teodoro Mamani no se incurrió en prácticas delictivas.
Certificados incongruentes
La Nube accedió a diferentes CCU emitidos por el Sernap entre 2018 y 2021 para áreas protegidas como Apolobamba y el Madidi. En éstos se observan incongruencias, como las mencionadas por Salamanca. En ciertas zonas, donde las normas señalan que la actividad minera es prohibida, estos certificados aseguran lo contrario. Pero estos documentos no sólo contradicen las normas, sino que son también contrarios entre sí.
En un CCU del 2018, el Sernap estableció que la Zona de Uso Especial dentro el Madidi es compatible con la actividad minera, cuando el plan de manejo de este parque señala que no es así, y que esta zona es sólo para infraestructura de “protección, control y vigilancia” del parque. Esto mismo es reconocido en otro CCU emitido en 2021 para áreas dentro el Madidi. Aquí sí se reconoció que la Zona de Uso Especial “no es compatible con la actividad minera”.
Por otro lado, la documentación revisada contradice lo afirmado varias veces por las autoridades de la AJAM: que en la gestión del presidente Luis Arce no se emitieron CCU de compatibilidad minera en áreas protegidas. En diciembre de 2021, el SERNAP otorgó un certificado en el que ciertas cuadrículas dentro del área protegida de Apolobamba sí son compatibles con la actividad minera.
Así, el avance minero en el Madidi continúa con permiso del Gobierno. Las autoridades tienen información de las ubicaciones de las actividades mineras ilegales; sin embargo, parece ser que poco pueden hacer al respecto.
La Nube solicitó entrevistas con autoridades de la AJAM y el SERNAP para obtener información sobre sus compromisos para facilitar la actividad minera en áreas protegidas, pero el pedido no fue respondido.
¿Por qué un “derecho preconstituido” está por encima de otros”?
Qué es y qué no es un derecho preconstituido, esto está abierto a la interpretación; sin embargo, un análisis más profundo cuestiona por qué un derecho se debe o puede sobreponer a otro, sostiene el investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Jorge Campanini.
“¿Por qué tienes tú un derecho superior o de mayor valor que otros derechos colectivos? Si el tuyo está vinculado al tema minero, a la extracción, por ser ‘preconstituido’ ¿tiene que ser superior a cualquier otro tipo de derecho en áreas protegidas o territorios indígenas?”, observó el experto.
Es probable que en lugar de enfocarse en “un vacío de interpretación cronológica” se deba orientar el debate a qué derechos deben prevalecer sobre otros, dijo Campanini.
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