Por Guardiana, foto David Flores (Bolivia)
Lunes 11 de noviembre de 2019.- Hoy se cumplen 20 días desde que el país entró en un paro indefinido fruto de un supuesto fraude realizado por el MAS para convertir una vez más a Evo Morales en Presidente. Tres personas han perdido la vida en enfrentamientos en Santa Cruz y Cochabamba y aún no existe una salida a la crisis.
La propuesta de Carlos Mesa
El viernes 9 de noviembre, el candidato Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana mandó a Álvaro García Linera como cabeza de la Asamblea Legislativa una propuesta de solución que básicamente consiste en aprobar una Ley de Emergencia que declare vacantes todos los cargos de vocales titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral y de todos los departamentales y su reeemplazo inmediato "por ciudadanos notables que garanticen la absoluta independencia e imparcialidad en la administración de los procesos electorales y la mejor capacidad y trayectoria profesional y personal de los mismos".
El segundo punto de la carta indica la necesidad de establecer las bases de un acuerdo estratégico entre el "Estado y la sociedad civil organizada y movilizada, para garantizar la transparencia de estas designaciones, con obligación de todos los órganos del Estado, que tienen diferentes competencias y atribuciones en la designación de los nuevos voaels, de sujetarse a los mecanismos en esta ley".
Y, finalmente, establecer "un nuevo calendario electoral para llevar acabo una nueva elección dentro de los plazos constitucionales para que, en ningún caso, se exceda o prolongue el vencimiento del actual periodo de Gobierno que concluye el 22 de enero de 2020".
Sin embargo, está claro que en todos los casos se necesitará ciertas dosis de voluntad política. Y a este importante elemento hay que agregar otro llamado tiempo que no se traduce en días, sino meses. ¿Cuántos?, dependería de dicha voluntad y del camino elegido.
Y todas las opciones tendrían que pasar por un nuevo Tribunal Supremo Electoral para llegar a buen puerto.
1º Anulación de las elecciones y realización de nuevas elecciones.
Pone el proceso electoral en punto cero. Ello implica que:
a) Se deberá hacer una nueva convocatoria a elecciones generales, lo cual, desde la convocatoria hasta la realización de nuevas elecciones, se puede estimar que demandará un tiempo aproximado de seis meses o menor si existe voluntad política.
b) Como el Órgano Electoral ha perdido credibilidad, deberá destituirse al actual y hacer un proceso nuevo de selección de miembros para constituir un nuevo Órgano Electoral. La reconstitución del Tribunal Supremo Electoral podría demorar, en el marco legal actual, mínimamente dos meses, con lo que se amplía la interrogante respecto al plazo establecido por el Comité Cívico de Santa Cruz que sería el 15 de diciembre.
2º Renuncia del Presidente
En caso de renuncia del Presidente, la presidencia debiera ser asumida por el Vicepresidente. Pero como esto no será aceptado por los movilizados, en línea sucesoria sería la Presidenta de Senadores la que debería conducir el país. Sin embargo, es probable que esto tampoco sea aceptado. En orden legal estarían después el Presidente de Diputados o de la Corte Suprema de Justicia, ¿estos últimos serían una opción aceptable para los movilizados?
Por tanto, la pregunta es, si renuncia el Presidente ¿a quién aceptaría la gente para que siguiendo el orden constitucional asuma la Presidencia con el mandato de convocar a nuevas elecciones?
3º Segunda vuelta
Esta opción era al principio, después del 20 de octubre, propuesta y aceptada por la población hoy movilizada. Sin embargo, después dejó de ser una opción, lo mismo que la auditoría que realiza la OEA del proceso electoral. Hubiese sido el escenario más rápido de solución del conflicto; aunque no necesiariamente el mejor según quienes critican dicha auditoría y desconfían del trabajo de la OEA.
La auditoria es realizada dentro del plazo de dos semanas y para la realización de la segunda vuelta, se requeriría el cambio del Órgano Electoral, que podría hacerse en un tiempo optimista de dos meses. Posteriormente, el llamado a elecciones podría darse en un tiempo breve porque no hay que registrar candidaturas y demás. Un total de tres meses aproximadamente.
Ahora estamos en el momento en que se ha rechazado la Auditoría de la OEA en los términos planteados entre el Gobierno y la OEA. Además, la auditoría ya iniciada acaba de sufrir la renuncia del coordinador de la delegación. Queda la incertidumbre respecto a si se concluirá la auditoria y cuáles serán sus resultados en la perspectiva de viabilizar la salida política para el conflicto.
En este contexto, existe la opción de que se realice la segunda vuelta independientemente a la auditoría. Sin embargo, esto es difícil de ser aceptado, pues no se habría demostrado jurídicamente que los resultados de las elecciones respaldan una segunda vuelta. Sin embargo, podría plantearse como una base de acuerdo político entre las partes.
4º Cuarta opción: Gobierno de transición
Aunque ninguno de los grupos movilizados lo ha planteado, consistiría en el establecimiento de un gobierno de transición, encabezado por una persona elegida entre las partes o por un conjunto de personas (delegación), que asuma la presidencia de transición con la misión expresa de renovación del Órgano electoral y llamado a elecciones generales.
Esta opción tiene el problema de no tener una base legal de respaldo, por lo que solamente podría pensarse en ella como resultado de la negociación política entre los sectores movilizados y el Gobierno. Este gobierno de transición gobernaría por el tiempo necesario para renovar el Órgano Electoral y realizar las elecciones.
Pero surge la pregunta: ¿Quién o quiénes podrían ser las personas que podrían asumir la conducción del Estado en esta transición?
5° Quinta opción: Renovación inmediata del Órgano Electoral y convocatoria de elecciones
La propuesta consistiría en llegar a un acuerdo político inmediato para conformar un nuevo Órgano Electoral constituido por personalidades reconocidas por los actores y con alta legitimidad que convoque a elecciones inmediatamente. Para esto los funcionarios del TSE en pleno, nacional y departamental tienen que renunciar como una señal de buena voluntad.
Este último escenario nos parece que podría ayudar a reencaminar la participación democrática de la ciudadanía a la brevedad posible.
En este complejo panorama, ninguna salida es fácil, razón por la cual sugerimos ahondar en estos escenarios u otros para buscar las alternativas que permitan la viabilización de soluciones basadas de la concertación social enmarcadas en la democracia y paz en Bolivia.
Repetimos que si existe voluntad política de ambas partes en cualquiera de los escenarios propuestos los plazos se pueden acortar, pues existe el presupuesto ya aprobado por el TSE para una eventual segunda vuelta.
Comentarios