Por Carlos Tellería (Bolivia)
Lunes 4 de noviembre de 2019.- Este domingo estuvo lejos de ser un día tranquilo. Después del ultimátum del líder de los cívicos cruceños, Fernando Camacho, para la renuncia del presidente Evo Morales, los puntos de bloqueo seguían de pie, salvo aquellos desbaratados por la Policía, en Cochabamba. La expectativa estaba puesta en las reacciones del Mandatario y de la opositora Comunidad Ciudadana (CC).
Durante el día, Morales reiteró su pedido de pacificar el país mientras dure la auditoría a las elecciones, que están bajo sospecha de fraude, y afirmaba que la exigencia de su renuncia no estaba dirigida hacia él, sino al pueblo y las organizaciones afines al Movimiento al Socialismo (MAS), a las que convocó para asumir su defensa.
Más tarde, cerca de las 18.00, el candidato de CC, Carlos Mesa, hizo saber que había decidido optar por una salida democrática a la crisis que vive Bolivia a través del voto popular. Por ello, plantea nuevas elecciones nacionales, pero con un nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE) y bajo observación rigurosa de la comunidad internacional.
Anunció, además, el inicio de medidas legales contra los miembros del Tribunal Supremo Electoral y de los tribunales departamentales que están en el ojo de la tormenta debido a las observaciones a los resultados finales de las comicios del 20 de octubre, aunque el Gobierno afirma que todo está en regla.
Esta posición se convierte también en una respuesta a la propuesta del presidente de los cívicos de Santa Cruz, Fernando Camacho, quien dio hasta las 19.00 de este lunes a Morales para renunciar y leyó una carta dirigida a las Fuerzas Armadas solicitándoles apoyo.
La posición de CC está resumida en 10 puntos. En el documento leído por Mesa se menciona que Morales es un postulante ilegal e ilegítimo, y en esas condiciones postuló en los comicios. Se aclara que esta alianza participó en las elecciones a pesar de enfrentar condiciones adversas con leyes que favorecen al oficialismo y un Órgano Electoral sometido al Gobierno.
El mensaje señala que CC coincide con la mayoría del pueblo en que el mayor riesgo para la democracia es la permanencia de Morales en el poder y de allí nace su propuesta de salida democrática para conseguir la salida del Mandatario mediante el voto popular. Deja en sus manos la pacificación del país que ya lleva 13 días de enfrentamientos.
También solicita al Consejo Nacional por el Cambio (Conalcam), que aglutina a organizaciones afines al Gobierno, dejar a un lado sus amenazas y pide a la ciudadanía continuar unida y de manera pacífica seguir con las movilizaciones. Le dice a Evo Morales que él tiene en sus manos la salida a todo esto, pero hace notar que no tiene el valor para hacerlo.
LOS PEDIDOS DE EVO
La mañana de ayer, Morales hizo un llamado a la oposición y a dirigentes cívicos y de plataformas ciudadanas para evitar enfrentamientos entre bolivianos. En entrevista en el programa "Nuestras provincias" de Radio San Gabriel en El Alto, pidió a los grupos cruceños no golpear a mujeres de pollera y advirtió que esas acciones no les llevarán a ningún camino.
Afirmó que la exigencia de su renuncia hasta las 19.00 de este lunes no está dirigida a él, sino al pueblo boliviano, a las organizaciones sociales y a los profesionales “patriotas” que participaron en la nacionalización de los recursos naturales.
El Mandatario dijo que le gustaría revisar la trayectoria de las personas que, en su opinión, provocan actos de violencia y que desean volver al pasado, a la época de las privatizaciones.
Confía en la reacción del pueblo que, según su vaticinio, no permitiría que los comités cívicos, plataformas ciudadanas y partidos opositores detengan el avance proceso de cambio.
A su juicio, sus seguidores han participado en luchas y marchas para modificar la matriz económica, pero insistió en que los sectores que cuestionan su triunfo en las elecciones generales quieren regresar al pasado. Morales está en el poder desde 2006.
Poco más tarde, escribió unas líneas en su cuenta de Facebook con el mismo mensaje, además, pidió a la oposición suspender las medidas de presión hasta que termine la auditoría de la OEA para pacificar el país.
MUERTES
También se refirió a la violencia que se cobró la vida de dos personas en Montero, en Santa Cruz. Acusó a los dirigentes cívicos y sus aliados de tratar de crear más confrontación con víctimas mortales. “Están buscando muertos –dijo Morales– que vengan de la Policía y las Fuerzas Armadas. La Policía está resistiendo sin disparar, pero en cualquier momento pueden provocar, echando la culpa a nosotros, como están haciendo en Santa Cruz”.
Morales se refería a los decesos de Marcelo Terraza, y Mario Salvatierra, a causa de disparos con arma de fuego. Las pesquisas policiales apuntan a una diputada electa del MAS, como presunta autora intelectual, y a su hermano, como supuesto autor material. Otras seis personas están detenidas bajo sospecha de haber participado en los crímenes.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, habló más temprano y aseguró que el ultimátum de 48 horas es una confesión de que se prepara un golpe de Estado que tiene tres elementos: la conculcación de las garantías ciudadanas que evita la libre locomoción, el racismo y la discriminación.
El cívico cruceño Fernando Camacho le respondió que el único golpista es Morales y que incluso en esa condición pudo participar en los pasados comicios. Aseguró a la Red Uno que los comités cívicos están unidos y anticipó que en el cabildo programado para hoy lunes en Santa Cruz, se decidirá qué pasará una vez terminado el tiempo dado al Presidente de Bolivia para que renuncie este lunes a las 19.00.
CONTRA LA AUDITORÍA
Durante la tarde y en horas de la noche, un numeroso grupo de madres, hermanas, hijas y primas se reunieron en la zona de Calacoto de la ciudad de La Paz para realizar una protesta pacífica en cercanías del hotel Casa Grande para pedir a los expertos de la OEA detener la auditoría a los comicios para que se declaren nulas las elecciones.
A MEDIA LUZ
En Cochabamba, hubo cabildo convocado por motoqueros del grupo Somos la Resistencia Cochala, en el que se definieron cinco puntos, entre ellos le dieron 24 horas de plazo para que Morales renuncie. Así coincidiría su demanda con la exigencia del cabildo realizado el sábado en Santa Cruz.
La reunión fue afectada por un súbito corte de energía eléctrica en la Plaza de las Banderas, pero los jóvenes iluminaron parcialmente el lugar con la luz de sus teléfonos celulares (foto de portada).
LITIO POTOSINO
Durante la tarde, se conoció que el Gobierno había decidido abrogar (anular) el Decreto Supremo 3738 (conocido como del decreto del litio), atendiendo una de las demandas del Comité Cívico Potosinista. Esa norma permitía que el Estado boliviano se asocie con la empresa alemana ACI Systems por un plazo de 70 años para la explotación de los recursos evaporíticos del Salar de Uyuni.
Esa noticia fue bien recibida por los cívicos de Potosí, pero advirtieron que proseguirán con la medidas de protesta hasta conseguir que sean convocadas nuevas elecciones.
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