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Por Guardiana (Bolivia)

Martes 5 de noviembre de 2019.- El canciller Diego Pary denunció ante la Organización de Estados Americanos (OEA) que en Bolivia está en curso un golpe de Estado y acusó de estar en esas andanzas al dirigente cívico cruceño Fernando Camacho, quien el pasado sábado –en un cabildo– dio un ultimátum de 48 horas para que el presidente Evo Morales renuncie. Pero también acusó al candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, de ser la segunda persona detrás de estos afanes golpistas.

Horas más tarde, pero en otro escenario, Camacho decía que una vez conseguida la hipotética renuncia de Morales, el camino a seguir sería optar por la sucesión constitucional hasta que sea elegido otro Presidente.

En Washington, después de haber escuchado las palabras de Pary y otros representantes de países acreditados, el Consejo Permanente de la OEA se pronunció a favor de esperar en paz la auditoría electoral que realizan sus 30 expertos a los comicios del 20 de octubre, los mismos que están en tela de juicio, aunque el Gobierno asegura que todo está en orden.

Pary había asegurado que Camacho y el candidato opositor Carlos Mesa –segundo en el conteo oficial de votos– buscan la ruptura de la democracia con fines de discriminación y racismo que atentan contra el pueblo que tiene el color de piel de Evo Morales y no contra este último.

Segunda vez en menos de dos semanas que el Consejo Permanente de la OEA se reúne para hablar de Bolivia, en esta oportunidad a solicitud del Gobierno boliviano.

Para demostrarlo, el canciller mostró dos videos en los que el personaje principal es Camacho en algunas de sus intervenciones en los cabildos y declaraciones a los medios de información. También hizo ver algunas imágenes de agresiones a algunas personas.

El domingo, el candidato Carlos Mesa se había desmarcado del ultimátum, pero exigió la renuncia de todas las autoridades electorales del país y la convocatoria a nuevos comicios con un nuevo Tribunal Supremo Electoral bajo la supervisión de organismos internacionales.

Declaración de la OEA

El Consejo Permanente de la OEA emitió ese lunes una declaración de siete puntos para expresar su posición frente a los hechos descritos:

"Teniendo en cuenta la situación en Bolivia y la evolución reciente del proceso electoral en aquel país, los gobiernos de Brasil, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela declaran:

  1. Apoyar el trabajo profesional y técnico realizado por el equipo de la MOE-OEA y al equipo de la OEA que continúa trabajando para fortalecer el proceso electoral en Bolivia.
  2. Señalar que la MOE estableció que toda elección debe regirse por los principios de certeza, legalidad, transparencia, equidad, independencia e imparcialidad. En ese sentido, la MOE afirmó, en su informe preliminar del 23 de octubre de 2019, que pudo constatar que varios de estos principios han sido vulnerados por distintas causas a lo largo del proceso electoral boliviano.
  3. Apoyar la realización de un análisis de integridad electoral por parte de la OEA en Bolivia, según lo establecido en el Acuerdo de Integridad Electoral, suscrito entre el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, y asumiendo de buena fe las obligaciones contenidas en el mismo;
  4. Instar a todas las partes de la contienda electoral y a todos los actores sociales a que asuman el resultado del análisis de integridad electoral con carácter vinculante e implementen sus conclusiones, según los plazos establecidos por la Constitución y las Leyes del Estado Plurinacional de Bolivia;
  5. Urgir al Gobierno boliviano, a los partidos políticos, a las autoridades electorales y a todos los actores sociales a que colaboren plenamente con la OEA y a que garanticen la seguridad, transparencia y credibilidad del proceso;
  6. Apoyar, los mecanismos para la preservación y la defensa de la democracia representativa en Bolivia, en cumplimiento de la Carta Democrática Interamericana.
  7. Hacer un llamado al Gobierno de Bolivia y todos los participantes en la contienda electoral para que respeten y honren la voluntad democrática del pueblo boliviano y al cese de la violencia".

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