Cristian León* //
Bolivia entra en una nueva gestión gubernamental con una oportunidad nítida para cerrar sus brechas digitales.
La gestión saliente dejó avances en infraestructura de conectividad —expansión de cobertura móvil por encima del 82% del territorio nacional y despliegue de fibra óptica hacia los 338 municipios—, pero que no se tradujo en acceso efectivo en los hogares ni en transformación del Estado. El Censo de 2024 mostró que la brecha urbano-rural es persistente, y que aún 47% de los hogares rurales no tienen ni conectividad fija ni móvil.
En gobierno digital, Agetic no logró aprobar leyes necesarias como la de protección de datos personales y publicó, a pocos meses de concluir su mandato, una agenda digital bastante escueta y postergada como para cumplir la tarea. Sus dos únicos aciertos fueron los de restablecer la plataforma gob.bo de trámites del Estado, proyecto que venía desde 2018, y aprobar en enero de este año un nuevo Plan de software libre para el Estado. Tampoco logró dar fuerza a uno de los proyectos estrella, ciudadanía digital, y quedó a medias en la implementación de interoperabilidad de datos, mecanismos con potencialidad de resolver el problema de las “fotocopias de internet”.
El resultado es un país con infraestructura primaria, pero sin condiciones habilitantes (normas, instituciones, estándares, talento) para convertir lo que existe hoy en día en valor público y productividad. Los diagnósticos regionales —como el ILIA y el Global Index of Responsible AI— sitúan a Bolivia rezagada en gobernanza, capacidades y preparación para una economía impulsada por datos e Inteligencia Artificial.
Tomando en cuenta ese contexto, ¿qué desafíos tiene el gobierno de Paz en materia de digitalización?
El reto prioritario es pasar de cobertura a conexión. Para ello, el Ejecutivo necesita replantear proyectos como el PRONTIS y permitir que operadores y gobiernos municipales puedan invertir en acceso a internet de última milla. A su vez, pensar en tarifas diferenciadas, o incluso subvencionadas, para el sector educativo.
Reestructurar el sistema educativo plurinacional para incluir tres tipos de habilidades básicas para el aprovechamiento y uso seguro de tecnologías digitales, transversales como integridad informativa, ciudadanía digital y prevención de violencias digitales, y STEM. Se debe trabajar tanto a nivel de los estudiantes, pero también con educadores, quienes han sido un sector muy descuidado en el cierre de brechas digitales.
Normativa básica para el impulso y uso seguro de tecnologías emergentes. Bolivia requiere urgentemente una ley de protección de datos, una estrategia nacional de ciberseguridad, plantear las bases legales para fintecs, un marco de política pública para la lucha contra violencias digitales y actualizar su ley de telecomunicaciones.
Modernizar el Estado a través de una perspectiva de Infraestructura Pública Digital e IA responsable. La visión de gobierno electrónico ha quedado desactualizada. La nueva gestión requiere impulsar un gobierno digital de tipo plataforma que facilite la adopción de identidad y autenticación digital, interoperabilidad de datos, pasarelas de pago, infraestructura de procesamiento y gobernanza de datos, todo bajo medidas de salvaguarda, seguridad y derechos humanos.
Transparencia y datos abiertos. Una de las mayores deudas de los anteriores gobiernos es gestionar el acceso a información actualizada y verificada, con la promoción de iniciativas de transparencia, rendición de cuentas y participación (gobierno abierto).
Diplomacia digital y presencia en foros de gobernanza de internet. Bolivia casi no participa en foros donde se define la gobernanza digital regional y global. Esa ausencia cuesta oportunidades (financiamiento, cooperación, estándares). Por ello se requiere, tener una presencia sostenida de especialistas en foros de eLAC, CITEL, IGF, ITU, Unesco. A su vez, tener estrategias específicas de acceso a financiamientos para la digitalización
Gobernanza digital. A pesar de que Bolivia tiene una normativa que promueve la participación multisectorial y ha creado espacios para que sociedad civil, empresas y academia apoyen al Gobierno en su transformación digital, el anterior gobierno prácticamente los ha paralizado. La nueva gestión puede fortalecerse al generar canales abiertos de trabajo con estos sectores.
El Gobierno de Paz tiene una gran ventana de oportunidad. Hay infraestructura para dar el salto, lo que falta es justamente lo que la anterior gestión no logró: crear la política pública. Bolivia puede cerrar brechas, modernizar su Estado y recuperar voz en la conversación global si ordena sus prioridades: educación, última milla, inclusión, datos seguros, DPI y diplomacia digital.
Desde la Fundación InternetBolivia.org reafirmamos nuestro compromiso de colaborar técnicamente —con evidencia, propuestas y articulación— para que la agenda digital boliviana se convierta en una política de Estado: abierta, basada en derechos y orientada a resultados. Es momento de pasar del discurso a los entregables: conexiones que funcionan, trámites que se resuelven, datos protegidos y una ciudadanía con derechos garantizados y habilidades para aprovechar las oportunidades de la era de las IA.
* Cristian León es Director Ejecutivo de la Fundación InternetBolivia.org
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