Cada uno de los funcionarios públicos tiene el deber de cumplir con el trabajo por el que recibe un salario y la responsabilidad de hacerlo de forma honesta, eficaz y oportuna sin privilegios e igualdad de condiciones ante la Constitución Política del Estado (CPE) y en particular la Ley 2027 Estatuto del funcionario público y la Ley 004 de lucha contra la corrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.
El Estatuto del funcionario público de Bolivia es la Ley 2027 (promulgada el 27 de octubre de 1999) que regula la relación entre el Estado y sus servidores públicos. Establece los derechos y deberes de los funcionarios (incluidos dignatarios, ministros, empleados u otras personas), los principios que rigen la función pública (como la honestidad, eficiencia y servicio a la colectividad), y regula la carrera administrativa para garantizar la transparencia y eficacia en el ejercicio de la función pública.
La citada norma, en su artículo 1 (principios) plantea diez aspectos, entre los que quiero destacar cinco: “servicio exclusivo a los intereses de la colectividad y no de parcialidad o partido político alguno”; “el reconocimiento al mérito, capacidad e idoneidad funcionaria”; “el reconocimiento de la eficacia, competencia y eficiencia en el desempeño de las funciones públicas para la obtención de resultados en la gestión”, “honestidad y ética en el desempeño del servicio público” y “responsabilidad por la función pública”.
Estos cinco principios están muy ligados a esa responsabilidad social y de servicio que deberían tener todos y todas las personas que trabajan en la administración pública. Con frecuencia se conocen los beneficios y privilegios que llegado el momento se tiene por cumplir con su labor; pero se habla poco de la alta responsabilidad de representar al resto de los bolivianos.
Por otro lado, la Ley 004, conocida como Ley de lucha contra la corrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz, es la legislación boliviana que busca prevenir, investigar, sancionar y erradicar la corrupción, el enriquecimiento ilícito y la investigación de fortunas. Promulgada el 31 de marzo de 2010, establece mecanismos para recuperar el patrimonio estatal y sancionar a los servidores públicos que se beneficien ilícitamente. Sus principios se basan en la ética, la transparencia, la participación social y la eliminación de la impunidad.
En la coyuntura actual con un nuevo gobierno luego de 20 años, es importante recordar que no se tiene “carta blanca” para obrar a espaldas de la población ni para olvidar cumplir con los compromisos asumidos durante las campañas políticas. Hablo en plural porque, aunque el Partido Demócrata Cristiano (PDC) prestó su sigla a Rodrigo Paz, era evidente que no existía una estructura de partido robusta que permitiera asumir el reto de gobernar sin las alianzas políticas que terminó concretando con Alianza Unidad y Alianza Libre. Precisamente por ello, el gobierno actual tiene en sus diferentes espacios a militantes de las fuerzas políticas mencionadas a quienes también es necesario recordar la responsabilidad con el cumplimiento del compromiso asumido con el país.
Si bien frenar los principales problemas económicos es fundamental para garantizar adecuadas condiciones de vida de las y los bolivianos, se deben tomar acciones de prevención en relación a la desacreditada “cultura institucional” en el ámbito público en las que el “padrinazgo”, “compadrerío” y los “clanes familiares” forman parte del prebendalismo que condiciona la selección de personal idóneo y con frecuencia no adecuado en función de la afiliación política del candidato.
Desafortunadamente, el prebendalismo es esa práctica política donde los funcionarios públicos favorecen a sus partidarios y allegados, otorgándoles empleos lucrativos y poco trabajosos o beneficios personales. Se basa en la apropiación de recursos del Estado para beneficio propio o de un grupo de poder a cambio de apoyo político. Este sistema puede frustrar el desarrollo de un Estado democrático y capaz, ya que los recursos se desvían de las necesidades públicas para recompensar la lealtad política.
Esa antigua “tradición” social se ha convertido en “regla que todos conocen y nadie cuestiona”. Bajo esa perspectiva, esperemos que los responsables de la gestión política tengan la visión y firmeza a suficiente para no dejarse tentar por quienes elogian a quienes detentan el poder, se sirven de él y cambian de partido sin ningún escrúpulo (la hoz por la cruz y viceversa) con mucha agilidad para proteger sus intereses.
Antes del 2005, la población boliviana cuestionó las prácticas de la “vieja casta política” y esa coyuntura favoreció a que emergiera el partido que difundió un discurso de “igualdad y reivindicación indígena”. No obstante, a pesar de realizar algunos cambios no menores incluida la Asamblea Constituyente para reformar la CPE, la cultura institucional del gobierno derivó en abusos, falta de transparencia, excesiva corrupción e incluso prácticas de perversión que incluían niñas y adolescentes. Todos esos hechos no deberían quedar en la impunidad y si “todos somos iguales ante la ley” todos los funcionarios públicos deberían rendir cuentas del poder que se les prestó y de la falta de responsabilidad por su trabajo en la función pública.
Por otro lado, es vital que todas las nuevas autoridades asuman que deben tener la responsabilidad de gobernar el país no puede pensarse en la misma lógica del “yo” individualmente sino ese “yo representante” que debe buscar soluciones en nombre de otros, para eso se les otorga poder. De modo que las actitudes individuales deben sopesar que ya no se trata de un individuo, su familia y grupo de amigos sino de un mandato serio que exige responsabilidad.
Será importante dejar de lado el ego, la reacción sin pensar o el ímpetu de querer hacer las cosas sin planificar, todo ello habla de la falta de madurez y experiencia de cualquier persona que cuando es autoridad debe cuidar al máximo. La sociedad boliviana debería, hoy más que nunca, exigir transparencia y control social para fiscalizar la gestión pública.
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