Por Rafael Sagárnaga L. //
¿Cuánto tiempo pasará entre el inicio del gobierno de Rodrigo Paz Pereira y el lanzamiento de procesos judiciales contra exautoridades del Estado? Al parecer se viene la reedición de un viejo debate de la historia boliviana. Por un lado, están quienes prefieren que “primero se atienda lo urgente”, es decir, frenar la catástrofe económica a la que se condujo a Bolivia. Son los postores del olvido o de una prudente dilación del tema como forma de asegurar la convivencia pacífica.
Por otra parte, están quienes consideran también urgente el hacer justicia frente a un acumulado de delitos de todo calibre, inexplicablemente encubiertos. La historia, propia y ajena, nos brinda diversas respuestas. Por ejemplo, el 10 de diciembre de 1983, en Argentina, el general Reynaldo Bignone entregaba el mando a Raúl Alfonsín, primer presidente de la era democrática. El poder de aquellos militares resultaba aún intimidante y Argentina se hallaba al borde de un colapso económico. Pero en menos de cuatro días después, Bignone fue imputado por delitos de lesa humanidad.
Los procesos abiertos contra aquel militar y varias otras decenas llegaron a sentencia y cárcel. Al pensar en Argentina, no sobra considerar que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple hoy una sentencia de seis años de prisión domiciliaria. Es más, enfrenta otros procesos que podrían agravar su condición. Sobre su correligionario y sucesor en el cargo, Alberto Fernández, caen, a su vez, acusaciones que abarcan desde corrupción hasta violencia de género.
En Bolivia, uno de los momentos más conmovedores del tiempo en que el país empezaba desplazar a las dictaduras se vivió en 1979. El 9 de agosto, transcurría apenas un día del inicio del primer gobierno civil en 11 años. La bancada de cinco diputados del Partido Socialista-1, liderada por Marcelo Quiroga Santa Cruz, solicitó presentar el pliego acusatorio contra la dictadura de Hugo Banzer. Tres semanas más tarde, el juicio empezó. Munido de pruebas de diversa índole, Quiroga reveló incontables delitos cometidos por las exautoridades.
Se conocieron a detalle asesinatos y masacres, narcotráfico vinculado a la Presidencia y los escándalos del derroche de la bonanza económica que, tal como demostró Quiroga, había sido generada por las altas cotizaciones del estaño y el petróleo. Cosas de la vida, las acusaciones incluían, en la parte final, la invención de una curiosa empresa que comercializaba dolosamente combustibles entre Paraguay y Bolivia. Era un Botrading banzerista.
Aquel proceso conmocionó al país y catapultó la imagen de Marcelo como la de un líder excepcional; aunque al mismo tiempo lo condenó a muerte. Once meses después, el grupo de seguridad de la familia Banzer, durante el golpe de Estado encabezado por Luis García Meza, asesinó a Quiroga Santa Cruz. Sin embargo, no está demás recordar que el caudillo socialista había asumido públicamente aquel riesgo. Su fundamentación, asumida consciencialmente, bien puede zanjar el debate sobre la pertinencia de impulsar un urgente proceso judicial.
“No es el odio, lo hemos dicho desde el primer día, que guía nuestros pasos, es una pasión por la justicia —decía Quiroga al concluir la presentación del pliego acusatorio—. Sabemos, por el contrario, que todo está en contra nuestra. No controlamos los medios de comunicación; no disponemos de protección alguna; sabemos que estamos hiriendo, y profundamente, a ese sector de la clase intermediaria, a esa oligarquía que tuvo en Banzer a su administrador, que tuvo en el expresidente Banzer al administrador de sus intereses, y sabemos ¡que más pronto que tarde se cobrarán esto que estamos haciendo! ¡Estamos dispuestos a pagar ese precio! ¡Siempre estuvimos dispuestos! ¡Jamás vamos a rehuir el peligro, porque mucho más temible que ese enemigo que está buscando anularnos, aun físicamente, es una consciencia culpable! ¡Y no podríamos soportarnos a nosotros mismos si no cumpliéramos nuestro deber!”.
Es el llamado de la integridad frente al del “pragmatismo” o la “real politic”, como suelen decir algunos “operadores políticos”. En palabras menos eufemísticas, dignidad versus cobardía, hipocresía y hasta variados niveles de psicopatía. ¿Qué significa si no la frialdad e indiferencia ante el dolor ajeno que tanto primó en décadas recientes?
Son incontables los casos por delitos graves y gravísimos relacionados al poder político que esperan justicia en Bolivia. Casos que merecen esclarecerse en todos sus detalles. La lista, de tan larga, hasta bien puede hacerle jugadas a la memoria colectiva. El proceso, de tan históricamente necesario, que marque un antes y un después, merecería un gran acuerdo nacional contra la impunidad. Resulta claro que los afectados detentan un significativo poder y no solamente a nivel político. ¿Se animará Bolivia a avanzar en ese sentido?
¿O acaso no nos condolemos de tanta víctima individual y las terribles consecuencias para la sociedad en su conjunto? He ahí la gélida indiferencia… que mata.
¿Cuántos asesinatos políticos y masacres no están pendientes de esclarecimiento entre el saliente Gobierno de Arce Catacora y los anteriores? ¿O simplemente quedarán en medio de una vergonzosa neblina, por ejemplo, las muertes del caso Banco Fassil más sus oscuras razones? ¿Y las masacres de Sacaba y Senkata pasarán a la historia bajo las versiones de los tendenciosos procesos que manipularon aquellos hechos?
¿El sicariato judicial gozará de olvido y perdón? Cómo no recordar que se cebó, por ejemplo, con crueldad extrema, en casos como el de Marco Aramayo, principal denunciante del multimillonario desfalco del Fondioc. O cuando un poderoso fiscal, luego devenido en viceministro, forzó el encarcelamiento del médico Jhiery Fernández, sólo para salvar la reputación de su amante. ¡Lo acusaron falsa e insidiosamente de haber violado a un bebé y lo encarcelaron por cinco años! O el caso Bakovic. Y hay varios otros más.
¿Ese brazo criminal de los poderosos ya desplazados permanecerá impune por simple conveniencia general y “pragmatismo” político? Y ya que en lo mencionado se cruzan los escándalos económicos habrá que abrir hilo: ¿Cuándo se hará justicia frente al asalto que se ha producido a los ahorros para la jubilación de los trabajadores bolivianos administrados por la Gestora? Políticos, banqueros, agroempresarios y mineras metieron la mano en plata ajena sin que, al parecer, importen los afectados y directos propietarios.
¿Se hará una detallada investigación sobre el manejo de las Reservas Internacionales que descendieron de más de 15 mil millones de dólares a menos de dos mil millones? ¿Quiénes serán procesados por los elefantes blancos o los proyectos quebrados que hoy es posible ubicar en prácticamente cada región del país? ¿O simplemente pasará a la factura que deben pagar los arruinados de siempre con pobreza, desigualdad y abandono?
A propósito del abandono. ¿Habrá justicia y protección para aquellos que hoy son envenenados con mercurio por los socios del gobierno saliente? ¿Qué autoridades serán procesadas por semejante atentado criminal? ¿Quedarán sólo entre las “marcas mundiales bolivianas” la deforestación y los sucesivos ecocidios en tierras bajas mientras sus consecuencias empiezan a sentirse día a día?
Y el narcotráfico, y las denuncias de pedofilia o irresponsabilidad paterna… Y los favores sexuales que, al parecer, transitan desde la AJAM, en estos tiempos, hasta la CAMCE, hace algunos años…
Es que no sólo la economía boliviana está destruida, sino mucho más. Ante ello no bastará un paquete de medidas paliativas. De ahí que una señal de dignidad y voluntad de recuperar esperanzas y horizontes resulte una decidida acción de justicia. ¡Urgente!
Porque la historia también enseña sobre impunidad. La muerte de Marcelo Quiroga Santa Cruz fue olvidada y, peor aún, se les dio credenciales democráticas a Hugo Banzer Suárez y su entorno. Entonces el exdictador volvió sólo para agudizar las crónicas condiciones de injusticia, desigualdad y desgobierno que afectan a este pueblo. En las décadas recientes la impostura se vistió con banderas socialistas, pero conductas, políticas y vicios resultaron demasiado similares a los del pasado. Y eso ha quedado demasiado claro.
Una charla de evaluación masista que, según cuentan casi acabó a golpes, parece resumir mucho.
—“Compañero, si estábamos dispuestos hasta a matar, hasta a hacer una guerrilla para hacer la revolución— explicaba 'el ideólogo'—. ¿Por qué entonces tener ahora escrúpulos para robar, extorsionar y otras artes contra la reacción si el objetivo es avanzar en el proceso revolucionario?”.
“—¡Cuál revolución, ¡carajo!— respondió 'el indignado'. Este país sigue en la miseria y los únicos que se han hecho ricos son vos, tus empresarios y tu rosca familiar!”.
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