Por Guardiana (Bolivia), foto de Fundación Tierra
Miércoles 1 de octubre de 2025.- Indígenas, comunidades campesinas y naciones originarias se declararon en pie de lucha y advirtieron a los candidatos presidenciales Rodrigo Paz Pereira y Jorge Tuto Quiroga, y a las futuras autoridades, que no aceptarán retrocesos ni promesas vacías que puedan atropellar sus derechos y conquistas incorporados en la Constitución Política del Estado.
Esas organizaciones redactaron y presentaron el manifiesto por la tierra, territorio y medio ambiente “Compromiso de todos en defensa de la vida”, en el que están aglutinadas más de 30 demandas analizadas en un foro que se realizó los últimos días en la ciudad de Santa Cruz.
Grupos temáticos
El manifiesto, dirigido a quienes participarán en la segunda vuelta electoral del 19 de octubre, agrupa las demandas en dos grupos temáticos: Tierra-territorio y Medioambiente.
En el primer grupo temático, las organizaciones rechazan las intenciones de los candidatos de convertir al territorio en sujeto de campaña, “pretendiendo individualizarlo para convertirlo en mercancía de venta.
Exigen el cumplimiento de sus derechos conquistados y denuncian la presencia de actividades extractivas en sus territorios y la inacción del Estado y sus instituciones “que desconocen derechos territoriales y otros derechos vinculantes que protegen a los pueblos indígenas, comunidades y naciones originarias…”, como la libre determinación y el derecho a la consulta.
Además, demandan la titulación colectiva de los territorios indígenas que están en proceso y pendientes, en función de la demanda histórica y los estudios de necesidades espaciales que determinaron una cantidad de tierra para la pervivencia de los pueblos indígenas y que aún están en deuda.
También exigen el inicio de una auditoría al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y a la Autoridad de Fiscalización de Bosques y Tierras (ABT), ante las irregularidades en el proceso de distribución de tierras fiscales desde el año 2014.
Otra de las denuncias apunta al avasallamiento de tierras por parte de actores económicos “atraídos por la avaricia e intereses personales” y exigen a los próximos gobernantes aplicar la ley y las normas que otorgan seguridad jurídica a los territorios colectivos.
Demandas medioambientales
Con relación a la problemática del medioambiente, las y los participantes en el foro exigen la consolidación de las autonomías indígenas como instrumento de protección ambiental.
“Demandamos —menciona el manifiesto— superar el extractivismo destructor de la vida y de la naturaleza para transitar hacia un modelo económico diversificado y sostenible que fortalezca la agricultura familiar campesina indígena como base de la soberanía alimentaria, la bioeconomía o economías de bosque, turismo sostenible, manejo de frutos amazónicos…”.
Otra de las exigencias es la prohibición de las semillas transgénicas o tecnologías de organismos genéticamente modificados que pongan en riesgo la soberanía y seguridad alimentaria, y rechazan la promoción de transgénicos, agrotóxicos y monocultivos promovidos por el agronegocio.
Agua, minería, bonos de carbono
El foro también se pronunció para exigir el uso prioritario del agua para la vida y garantizar el acceso al agua en calidad y cantidad suficientes. Proponen una nueva ley de aguas con enfoque de derechos, territorialidad indígena y gestión comunitaria.
Demandan la protección de las zonas de recarga hídrica, curuchis, ríos, lagunas, bofedales, bosques generadores de agua y sitios RAMSAR, “rechazando proyectos de infraestructura y/o actividades extractivas que los afecte”.
También se manifestaron en contra de la minería en territorios indígenas, comunidades campesinas, áreas protegidas, ecosistemas sensibles y otros por los impactos ambientales, sociales, culturales y económicos que generan. Exigen una ley minera concordante con la Constitución Política del Estado.
Rechazan el uso y comercialización de mercurio, así como la explotación de minerales críticos y tierras raras por los impactos ambientales, sociales y culturales que producen en los territorios y en los cuerpos de quienes están expuestos.
Otro rechazo apunta a los bonos de carbono porque fomentan la mercantilización de la naturaleza y atentan contra la soberanía territorial y los derechos de los pueblos. Demandan una discusión participativa y transparente que garantice el ejercicio de los derechos y un manejo autónomo de los beneficios de esas iniciativas.
Incendios y residuos
Pueblos y comunidades exigen la anulación del llamado paquete de normas incendiarias y el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Agroambiental en materia de medio ambiente, así como la promulgación del Código de Procedimiento Agroambiental trabajado con las organizaciones indígenas, sociedad civil y sectores sociales, sin desconocer a la justicia indígena.
También se demanda el cumplimiento de la ley en la gestión de residuos desde y con las comunidades rurales y las ciudades. También se reclama por el cumplimiento del Acuerdo de Escazú y el bloque de constitucionalidad en materia ambiental.
“Nuestra voz no será silenciada: defendemos el presente y el futuro de nuestra casa común y de la vida en el país”. Con esas palabras finaliza el manifiesto.
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