La ciencia política refiere la necesidad del crecimiento de la confianza institucional, el cual se constituye en un factor clave de toda sociedad democrática y requisito de una buena gobernanza, que vaya dirigida al desarrollo y la calidad de vida de las y los ciudadanos. Fukuyama señalaba que los altos niveles de confianza facilitan la provisión de bienes públicos, promueven la constitución de actores sociales y sociedad saludables, lo que contribuye al desarrollo económico/social de un país y al bienestar subjetivo de sus habitantes.
Es decir, ganar confianza en el gobierno y sus representantes es un requisito indispensable para gobernar democráticamente y llevar una gestión en paz y armonía. Lo contrario es algo que desde hace mucho tiempo en la región y principalmente en Bolivia viene aconteciendo: ya no creemos en casi nada de lo que nos dicen nuestros gobernantes y las instituciones del Estado.
Esa desconfianza generalizada puede ser mal direccionada para buscar soluciones rápidas y muchas veces violentas, y de esas en nuestro país tenemos amargas experiencias que han lastimado la democracia; aunque varias de éstas las hemos socapado con el discurso de reivindicaciones sociales, movilizaciones, revoluciones, etc. que han sido hábilmente aprovechadas por algunos actores políticos, que en algunas oportunidades pudieron hacerlo pensando en un verdadero cambio, pero en la mayoría de los casos lo hicieron sólo meditando en asumir el poder por el poder solamente.
En 2019, luego de las elecciones generales, el evismo, que ya durante muchos años había destruido la poca institucionalidad que se había construido en el país, utilizó al órgano electoral para perpetuarse en el poder, bajo su concepción faraónica–mesiánica, por lo tanto, ahora ya es imposible creer y confiar en todo el sistema electoral y sus actores. Vamos a dudar y dudar de sus acciones y medidas, su resistencia a revisar el padrón electoral, pues dicen que sería muy caro; su negativa a modificar la normativa para que existan datos inmediatos de la votación, sin justificación. La actuación de sus vocales ante los medios y la sociedad siempre te deja un gran signo de interrogación.
De la misma manera el sistema de justicia, en el que nadie confía de manera sistemática desde los albores de la república, ahora se ha convertido de paso en el mejor instrumento del poder como nuevo “control político” a la manera del antiguo movimientismo, de paso es el nuevo legislador –tanto negativo como positivo– que se mueve bajo la batuta del poder.
Desde el 2011 en que se realizaron las primeras elecciones judiciales, hemos contado con magistrados y magistradas que en más de una oportunidad emitieron decisiones mágicas, poco sesudas y regresivas para los derechos humanos, el estado de derecho y la democracia. Numerarlas y describirlas sería ocioso y son por demás conocidas por todos y todas, con sólo dos es suficiente: “Derecho humano a la reelección” y “auto prórroga”, suficientes para despanzarse de risa o llorar durante horas nuestras desgracias jurídicas.
La semana pasada, el Instituto Nacional de Estadística (INE), bajo tuición del Órgano Ejecutivo, emitió resultados parciales del Censo de Población y Vivienda de marzo de 2024. Como ya no creemos en nada (porque a casi todas sus acciones el gobierno las opaca, distorsiona y juega a ser más inteligente que la población), los resultados han sido criticados y puestos en duda por casi todas las autoridades municipales, departamentales, expertos y expertas en la temática. Muchos se preguntan si hay una cantidad de nacidos reportados por el mismo INE durante estos 12 años, que supera la cifra de crecimiento del censo, ¿qué ha pasado?, ¿dónde se han ido?, ¿murieron durante la pandemia miles de bolivianos y bolivianas?, ¿se fueron a Argentina, España o Estados Unidos? ¿O sólo se han estido?, como se dice en la jerga popular.
Lo grave de lo anterior no sólo son los datos en si, sino que va a traer una serie de conflictos regionales muy graves porque un censo debe ser neutro y técnico, es la única radiografía de la situación social de un país que te permite construir políticas públicas, distribuir los ingresos, ver la pobreza y riqueza, analizar cómo tu población se está desarrollando y moviendo; pero una vez más el gobierno ha magullado nuestra confianza y aunque estos datos fueran ciertos (cosa que no podremos verificar), ya el vaso está roto.
Desde hace años, el evismo antes y el arcismo ahora nos han hecho vivir en una burbuja engañosa, que hoy estamos pagando, con la falta de divisas, hidrocarburos, fuentes de trabajo, y también nos han estafado, porque habían dicho que desde el 2009 con una nueva Constitución Política del Estado, construiríamos un estado igualitario, plural, democrático, autonómico, comunitario, protector de la madre tierra, con seguridad y justicia para todos y todas, dejando atrás el pasado colonial, y a pesar de que muchos y muchas creyeron, lucharon y se adscribieron militantemente, seguro hoy se sienten traicionados. Y no creo que haya alguien que se anime a refutar que no lo hemos logrado y poco hemos avanzado, porque al parecer sólo fue un discurso.
El problema que ahora surge es que ya es tanta la desconfianza en el gobierno y sus entidades que en el rio revuelto seguro habrá pescadores que quieran aprovecharse de esto, por ello ya están surgiendo muchas voces de acortamiento de mandato, movilizaciones sociales, retoma del poder, amenazas de paros y huelgas, cada uno obviamente sazonado por sus intereses personales, sectoriales y políticos. No sorprendería que el evismo, transe paz por candidatura, las regiones afectadas por el censo, paz por beneficios mas allá de lo posible.
La verdad esperemos que esto no pase y la democracia no sea afectada una vez más, pero también es importante que los gobernantes se den cuenta en la necesidad de la transparencia y acceso a la información, de un discurso sincero tanto político como económico, que las maniobras políticas tienen sus límites y así, quizá algo de confianza pueden ganar y por lo menos puedan terminar su mandato y la pita no se rompa antes.
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