El sábado 20 de julio pasado, los medios de comunicación informaron sobre tres accidentes de tránsito en las carreteras de Bolivia que dejaron 24 fallecidos y 52 heridos de diversa gravedad. El primero se registró a las 4 de la mañana cuando un bus de transporte público, que se dirigía de Cochabamba a Villazón, se volcó cerca a la ciudad de Uyuni, cuyo resultado fue de dos muertos y 37 heridos. El segundo, igual en horas de la mañana, se produjo en la carretera Patacamaya – Tambo Quemado, donde al parecer el conductor de un camión invadió carril y chocó de frente con un bus que se dirigía a Chile; el saldo trágico fue de 22 muertos y 15 heridos. Finalmente, se conoció del incendio de una cisterna que transportaba diésel en la carretera de Oruro a Cochabamba, el mismo que fue controlado y por suerte el fuego se produjo en la cabina y no en el acople, lo que hubiera producido probablemente una explosión de proporciones y quién sabe cuántas víctimas mortales.
De acuerdo a los reportes de las autoridades de tránsito nacionales, en el primer semestre del año se reportaron al menos 8.000 siniestros viales en todo el país, lo que equivale a un promedio diario de 50 accidentes de tránsito. La mayoría de estos accidentes (89%) ocurrieron en el eje central del país, principalmente en las ciudades de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. A su vez, el seguro contra accidentes de tránsito desembolsó más de 6,5 millones de dólares en gastos de hospitalización para más de 10.309 víctimas.
Las cifras del mismo periodo del año pasado son parecidas, se habían compatibilizado 9.711 accidentes con un resultado de 12.175 personas afectadas en el primer semestre.
Es interesante observar los números dados por el Ministerio de Gobierno con respecto a algunos de los tipos de accidentes que se presentaron en el 2023: colisiones (4.660), choques (2.019), atropellos (1.831), caídas de vehículos (518), vuelcos (385) y embarrancamiento (145). Son datos muy alarmantes.
La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud han llamado la atención respecto a este tema, puesto que Latinoamérica muestra el segundo nivel de muertes en accidente de tráfico en el mundo. En promedio la región pasó en el periodo de 2019 a 2022 de 15,68 a 17,66 fallecidos por cada cien mil habitantes, siendo superada sólo por África. En comparación, la región de Europa y Asia Central bajó de 10,49 a 7,49 en ese lapso. En la región de las Américas murieron 144.090 personas en 2021 por esta causa, lo que corresponde al 12 por ciento del total mundial.
Según esos organismos de salud, este tema se está convirtiendo en un problema de social y de salud pública como nunca antes y quizá no se le está dando la importancia necesaria. Ricardo Pérez Núñez, responsable de seguridad vial de la Organización Panamericana de la Salud, señalaba con total claridad respecto a las causas: “Van desde infraestructura vial que no ofrece un nivel de seguridad adecuado en particular para los usuarios vulnerables, vehículos inseguros o que carecen de dispositivos de seguridad mínimos recomendables, hasta leyes y normas que no propician conductas seguras en la vía pública. La respuesta del sistema de salud en ocasiones no es adecuada y oportuna para atender las necesidades urgentes de los lesionados”.
Todas estas observaciones del experto se aplican a Bolivia de manera perfecta. Es evidente que las carreteras del país, en su mayoría, no cuentan con las medidas de seguridad adecuada; carecen de señalización horizontal y vertical, de ayudas visuales para la conducción nocturna, así como otras medidas técnicas que estén dirigidas a la seguridad. Esto es tan paradójico que muchas poblaciones a lo largo de las carreteras han optado por colocar “rompemuelles” de manera unilateral para de alguna manera bajar los riesgos.
Bolivia no cuenta con legislación con respecto a condiciones de seguridad de los vehículos como la tienen otros países, por lo cual la condición de los rodados en muchos casos es lamentable. ¿A quién no le ha tocado ir detrás de un camión o bus sin luces traseras o delanteras o subirse a un vehículo de transporte público destartalado y sin el más mínimo mantenimiento? Este es uno de los motivos por el que los contrabandistas de autos chutos traen toda la basura que ya no se utiliza en otros países. O inclusive hay autos cero kilómetros de marcas y tipos que en otras latitudes se han limitado por inseguridad.
Y una vez más debemos criticar la inservible inspección vehicular, puesto que si uno revisa los datos aportados líneas arriba, nos encontraremos con que la mayoría de estos hechos se han producido por la falta de mantenimiento interno y externo del vehículo, lo que nos llama nuevamente a pedir replantear esa medida que sólo busca llenar las arcas del tesoro policial, además de la espantosa corrupción que conlleva.
Otro elemento a tomar en cuenta es el tema de las capacidades de conducción de la ciudadanía y su educación vial. Conocemos las "facilidades" que existen para obtener todos los tipos de licencias. Quizá ya es tiempo de que el Ministerio de Gobierno se plantee requerir que la ciudadanía por lo menos tenga un curso de algunos meses de conducción, seguridad y ciudadanía vial, porque realmente es un problema del día a día lidiar con conductores y conductas agresivos, sin el mínimo de respeto por los peatones y estos, a su vez, caminan sin el cuidado necesario en la calle, con la creencia de que cumplir las reglas de tránsito es para tontos o como escuche decir a un taxista hace días para “poco machos y débiles” y a lo Evo “meterle nomás”; aunque pise o mate a alguien, que al final la normativa es muy laxa también en ese sentido, puesto que a la larga todo se reduce al pago de dinero por el daño y luego quien conducía seguirá manejando como si nada.
Además, el Estado, a través de sus entidades delegadas como el órgano Ejecutivo (Ministerio de Gobierno, Ministerio de Salud y Deportes, entre algunos) y otras como el sistema de justicia, no se está dando cuenta de que toda esta problemática también tiene que ver con los derechos humanos, ya que la seguridad se constituye en uno justamente porque el ser humano es vulnerable, siendo por ello responsabilidad indelegable de las diferentes entidades del Estado, que se relaciona con el respeto y la protección de múltiples derechos, como la vida, la libertad, la integridad, el patrimonio, entre otros. En nuestro Estado democrático de derecho, constituye un elemento indefectible, para procurar una convivencia armónica, así lo refiere el artículo 9 numeral 2 de la Constitución Política del Estado.
Por consiguiente, ya es hora de que este tema no se tome como una estadística fría, y todos los muertos y heridos en accidentes de tránsito que pudieron evitarse y prevenirse con medidas urgentes y acertadas se los asuma como seres humanos que dejaron familias en la desgracia, destruyeron sus sueños y proyecto de vida o que actualmente sufren las secuelas sin que nadie haga nada para un cambio efectivo y una seguridad ciudadana real.
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