Por Guardiana (Bolivia), foto de portada del resumen ejecutivo de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad de Argentina
El 57 por ciento de 95 medios de información de 14 países de América Latina y El Caribe no cuenta con un protocolo, guía o manual para tratar la violencia de género hacia periodistas dentro de dichas empresas. Por eso, desde Argentina se ha trabajado un protocolo con la idea de que quienes lo deseen puedan asumirlo en la región. Será presentado en agosto de este año.
Y el 75% de las y los integrantes de esos 95 medios de comunicación conoce al menos un caso de violencia de género hacia periodistas. Las agresiones suelen ocurrir en redacciones, estudios y oficinas. Después está el ámbito digital, a través de redes sociales, plataformas digitales, mails y aplicaciones de mensajería instantánea.
Son algunos datos que arrojó la investigación “Medios sin violencias. La urgencia de políticas de abordaje y prevención”, realizada por la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, en coordinación con la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) y el apoyo del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC) de Unesco.
La investigación
Durante cuatro meses, se realizaron 108 encuestas y entrevistas en profundidad a integrantes de 95 medios de Argentina, Perú, México, Colombia, Panamá, Brasil, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Paraguay, Chile, Bolivia, República Dominicana y Honduras. El 86.1% fueron respuestas de personas de género femenino; también respondieron varones (11.1%) y personas trans o no binarias (2.8%).
Se describieron 96 relatos de violencia. Es decir, el 75% de las personas consultadas dijo que conoce al menos una historia de violencia de género hacia periodistas. En la mayoría de las respuestas se identificaron “motivos” que desencadenaron las agresiones: la expresión de posicionamientos feministas y/o políticos partidarios, la condición de mujeres de las agredidas, y reclamos salariales. De igual modo, la apariencia tuvo un rol relevante en las descalificaciones.
Para este estudio, las investigadoras conversaron e hicieron entrevistas a periodistas de medios de América Latina y el Caribe que formaron parte de la indagación. Luego las invitaron a un diálogo virtual para exponer los avances y conocer las inquietudes de las mismas, y solicitarles que lean el protocolo y hagan sus sugerencias antes de que el mismo salga en limpio. Una de las periodistas invitadas fue la directora de Guardiana, Amparo Canedo.
El proyecto incluyó también el análisis de 27 protocolos de intervención y prevención de la violencia laboral y de género elaborados por empresas y organizaciones de medios a partir del impacto que causó en la región la irrupción del “Me Too”, del “Ni Una Menos” y del Paro Internacional de Mujeres del año 2018.
Tratamiento de las denuncias
Sólo en el 28.1% de los casos las personas afectadas denunciaron la situación de violencia. El 18.7% lo hizo en instancias internas de los medios –ante personas que ocupan jefaturas o direcciones, o ante áreas específicas– y el 9.4% en instancias judiciales externas u organismos públicos especializados. Las razones para no realizar denuncias son variadas: desde sentir que la situación quizá no es lo suficientemente grave como para que amerite denunciar, hasta tener miedo de hacerlo.
Frente a la denuncia, sin embargo, en el 54.5% de los casos los agresores no fueron sancionados. Las razones nuevamente son diversas, pero suele haber una identificación directa del agresor con quien detenta la autoridad del medio o algún tipo de protección por parte de las autoridades. Esta “protección” hacia el agresor se da incluso cuando las estructuras son horizontales.
Más preocupante todavía es que se registraron represalias sobre las personas que sí se animaron a denunciar en el 41.3% de los casos: el 17.2% fueron despedidas y el 24.1% fueron blanco de distintas medidas negativas por haber hecho pública la agresión.
En uno de cada 10 casos se combinan ambos tipos de violencias. Los agresores offline suelen ocupar cargos jerárquicos altos, mientras que la violencia online involucra especialmente a funcionarios gubernamentales y políticos.
“La existencia de protocolos de violencia de género es un paso más hacia la construcción de organizaciones de medios más democráticas. La violencia de género es un problema estructural vinculado a las relaciones de poder que requiere de un compromiso constante de todas las personas que trabajan en los medios para desarticularla", explicó Sandra Chaher, presidenta de Comunicación para la Igualdad y coordinadora de la investigación.
"Los protocolos ofrecen un mecanismo para abordar las violencias en sus diferentes etapas: desde la prevención hasta la atención de las denuncias”, agregó.
La Asociación Civil Comunicación para la Igualdad explica que es una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es la promoción de la igualdad y diversidad de género en la comunicación. Sus áreas de trabajo son la capacitación, investigación, incidencia y asesoramiento, acciones que se realizan desde el paradigma de los derechos humanos.
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