La violencia doméstica, cultural, institucional y de pareja en Bolivia muestra que las mujeres ya no pueden confiar, ni sentirse seguras, prácticamente en ningún hogar. Un espacio que, por definición, es uno de los núcleos para satisfacer las expectativas de logro y la reproducción de una convivencia éticamente aceptable como la familia, se ha convertido en el escenario de feminicidios, discriminación y exclusión que echa por la borda años de esfuerzos sobre la equidad de género.
Es el colmo que todo el tiempo se incrementen los casos de violencia contra el actor social femenino, lo cual nos obliga a reflexionar sistemáticamente sobre cómo las mujeres continúan siendo sometidas a diferentes vejaciones y asesinatos. Inclusive, en la mayor parte de los casos, las víctimas denuncian a los agresores ante las instancias judiciales, hacen conocer el riesgo que corren en la familia, el trabajo o en las relaciones de pareja, pero no logran ningún tipo de ayuda de manera “oportuna”.
Por esto mismo, es totalmente contraproducente e irracional revisar y modificar la Ley 348 contra la violencia hacia las mujeres. Si bien existen denuncias falsas o que aprovechan el rigor de la ley para vengar sentimientos de odio hacia algunas parejas masculinas y sus familias, esto no quiere decir que la Ley 348 deba ser flexibilizada o estancada en la total ineficiencia. La ley tiene que seguir como está, pero con un mayor trabajo de las fiscalías y los juzgados para investigar adecuadamente los casos y establecer verdad y justicia.
Cientos de víctimas que sobrevivieron a varias agresiones terribles tienen una protección endeble después de los actos violentos. En materia de políticas y legislación comparadas sobre la erradicación de la violencia en Argentina, Paraguay, Uruguay, Perú, Chile y Brasil, Bolivia destaca como un país que tiene políticas de equidad de género y esfuerzos para limitar la violencia contra las mujeres los últimos 30 años. Sin embargo, actualmente los feminicidios de cada día dan la impresión de no tener casi nada consolidado.
Es fundamental poseer un abordaje estructural de la violencia contra las mujeres, asumiendo que los factores causales de la misma se concentran en ámbitos primigenios: las familias y el trabajo, donde el estrés económico por la falta de fuentes de ingreso y los obstáculos laborales que rechazan la equidad a favor de las mujeres, se combinan con patrones de conducta y visiones ideológicas de la masculinidad que subordinan constantemente y, en muchos casos, injustamente obstaculizan los resultados positivos de las políticas de género para que las mujeres puedan tener una vida sin violencia.
De inmediato debemos responder a cuestionamientos como ¿qué papel juegan las instituciones como la familia, economía, educación y la política para generar las condiciones que promueven una “crisis de la identidad masculina”, la cual se convierte en un reproductor de la violencia en contra de las mujeres en el periodo 2000-2024? ¿Por qué se incrementaron los casos de feminicidio y cómo la violencia estructural e interpersonal se combinan para estimular algunos factores que muestran una especie de fracaso estrepitoso de las políticas de género en Bolivia?
Bolivia es uno de los países de América Latina que implementó varias políticas sociales importantes como la exigencia de tener un 50% de mujeres para las elecciones, tanto presidenciales como para las gobernaciones y las elecciones municipales. Asimismo, la aprobación de la Ley de Identidad Género en el año 2016 otorga mayores posibilidades sobre el ejercicio democrático de los derechos ciudadanos para las mujeres y los grupos vulnerables de LGBT. Aun así, la violencia contra las mujeres y por razones de género se ha incrementado, lo cual exige una necesaria “reorientación” de las identidades colectivas sobre la masculinidad y la feminidad.
El debate es crucial porque existe una contradicción entre la evolución de los sistemas democráticos, con su correspondiente aumento en las libertades políticas y el ejercicio de todo tipo de derechos, frente a la perdurabilidad del patriarcalismo que menosprecia a las mujeres, fomentando el recrudecimiento de la violencia. Lo que se sabe con claridad es que la independencia económica de las mujeres, junto con el aumento de sus posibilidades de educación, hace que la esfera doméstica deje de ser el escenario por antonomasia para el desarrollo de las mujeres. Cuando las mujeres ejercen su plena libertad para estudiar, trabajar, decidir no tener hijos y disponer absolutamente de su cuerpo, la violencia masculina trata de vengarse y se incrementa. Por lo tanto, a mayor libertad de las mujeres, se tiene una más profunda y mayor crisis de las identidades masculinas que hay que aplacar.
Lo que se necesita comprender mejor es cómo la cultura doméstica de las familias, escuelas y universidades todavía transmite estereotipos conservadores para convertir a las mujeres en sujetos que están a merced de la dominación masculina y bajo la doble moral de las instituciones estatales, donde tiende a normalizarse la violencia doméstica, el acoso laboral, los feminicidios y la retardación de justicia. Los feminicidios, por lo general, quedan atrapados en las fiscalías e investigaciones policiales, donde varios prejuicios en contra del feminismo revictimizan constantemente a las mujeres. En consecuencia, no es viable ni lógico revisar o detener la aplicación eficaz de la Ley 348.
Por lo tanto, es imprescindible demandar en todo ámbito institucional del país la obligatoriedad de evaluar la implementación de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, 348, en el periodo 2013-2024, tanto desde el enfoque de las políticas de equidad de género, como desde el análisis de las principales acciones judiciales, policiales y defensoriales para reducir los casos de violencia en las nueve capitales de Bolivia.
Asimismo, es vital identificar los factores de “violencia estructural” más relevantes contra las mujeres, los cuales evitan una protección eficaz y distorsionan los mecanismos de prevención, de manera que se pueda plantear un modelo sistémico de erradicación de la violencia, sobre la base de políticas educativas, con la finalidad de reorientar algunas características de las identidades colectivas que construyen la masculinidad y feminidad. Es el colmo que hasta ahora se haya avanzado solamente con la crónica roja y las denuncias de papel en la prensa sensacionalista. Esto es lo menos que se requiere.
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