Estamos a días de la realización de un nuevo censo, muy esperado y desgraciadamente altamente politizado, como casi todo en Bolivia. Ya nada se salva de la manipulación y el discurso politiqueros.
El censo, sin embargo, es una operación técnico-estadística que se realiza de manera integral y tiene usos vitales para cualquier país, porque permite la planificación estratégica de cara a desarrollar políticas públicas o en su caso “políticas de Estado”, que deberían durar en el tiempo sin importar qué gobierno o facción política gobierne. Esto es realmente importante porque los datos obtenidos deberían servir en diferentes áreas como educación, salud, saneamiento básico, empleo, desarrollo urbano y rural, entre otras.
De la misma manera, el ejercicio censal tiene relevancia en temas de investigación, pues los cientificistas sociales y políticos aprovecharán los datos para el análisis y evaluación técnico-científica, como los cambios en la distribución urbano-rural; el crecimiento de zonas urbanizadas; la distribución geográfica de la población, la condición de las áreas rurales, la migración forzada, la distribución y redistribución de los excedentes, etc. Mientras que los segundos deberán analizar temas vinculados a las circunscripciones electorales; número de curules que ganan o pierden los departamentos y otros elementos que hacen a la vida cívico-política del país y que quizá sean motivo de futuros conflictos, como ya se adelantó el año 2023, principalmente en lo referente al famoso pacto fiscal.
Ese no es un punto menor, ya en 1998 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), lo definía como “…el acuerdo sociopolítico básico que legitima el papel del Estado y el ámbito y el alcance de las responsabilidades gubernamentales en la esfera económica y social". Agregaba esa entidad que “El Pacto Fiscal, en particular, puede interpretarse como un acuerdo sobre el monto, origen y destino de los recursos que requiere el Estado, acompañado de transparencia y de rendición de cuentas para contribuir a que esté sujeto a seguimiento y cumplimiento”.
A su vez, la Ley No 031, conocida como Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, en su disposición transitoria decimoséptima indica: “El Servicio Estatal de Autonomías (SEA), en coordinación con el Ministerio de Autonomías y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, elaborará una propuesta técnica de diálogo para un Pacto Fiscal analizando las fuentes de recursos públicos en relación con la asignación y el ejercicio efectivo de competencias de las entidades territoriales autónomas y el nivel central del Estado. La propuesta deberá apegarse a los principios, garantías, derechos y obligaciones establecidos en la Constitución Política del Estado, considerando también las necesidades económicas y sociales diferenciadas entre departamentos".
Por lo tanto, sin los datos censales, difícilmente se podrá avanzar en lograr consensos entre la población y sus gobernantes para el uso adecuado de los ingresos del Estado y su certera distribución territorial y poblacional, lo que será motivo de grandes problemas en nuestro país, donde las rentas petroleras han mermado peligrosamente; la economía se siente inestable; los productos básicos se han incrementado para todos y todas (extrañamente menos para el Gobierno que hace magia con los números); los impuestos ya no alcanzan, siguen existiendo sectores que no tributan y tienen pingües ingresos como el cooperativismo aurífero, los contrabandistas y otros que aprovechan los subsidios y otras ventajas.
Esperemos que nuestros gobernantes tengan la madurez y visión suficientes para romper con el centralismo, y comiencen de manera objetiva, estratégica y planificada a otorgar los fondos necesarios a las entidades territoriales autónomas que garanticen el desarrollo de sus poblaciones, además de colocar el cascabel al gato, a pesar del costo político que podría resultar, pero para el bien del colectivo, respecto a ampliar el universo tributario, modificar toda la normativa vigente sobre la materia, reduciendo impuestos y haciéndolos más efectivos, entre algunas medidas.
Además de las utilidades ya vistas, los datos censales tendrán uso en el comercio, la industria y el trabajo, que los empresarios y las instituciones comerciales, industriales y laborales aprovecharán para realizar estimaciones reales acerca de la demanda de una gama amplia de bienes y servicios por parte de los consumidores. Es indispensable, por ejemplo, contar con información acerca del volumen y distribución de la población por sexo y edad, según división político-administrativa debido a que estas características influyen sobre la demanda de viviendas, muebles, alimentos, vestuario, servicios de salud, de recreación, etc.
La plurinacionalidad es un tema muy relevante que estuvo presente en una discusión previa al censo. No debemos olvidar que en el censo de 2001, por primera vez se insertó en la boleta una pregunta de autoidentificación indígena que dio como resultado un 66,2% de población que se consideraba parte de alguna nación o pueblo indígena. Extrañamente en el censo de 2012, la figura cambió, y solamente el 41% de la población respondió afirmativamente, aspecto que fue aprovechado por muchos politiqueros, principalmente conservadores, para desconocer al Estado Plurinacional y también por los gobernantes de entonces para dar un golpe de timón a lo avanzado en la Constitución de 2009 y comenzar a usar sólo el argumento de lo indígena en sus discursos, tal como lo sigue haciendo, por ejemplo, David Choquehuanca.
Esos antecedentes hacen temer que hay una alta probabilidad de que los datos censales de 2024 lancen como resultado que la población indígena es una minoría en el país y, por lo tanto, muchos contrarios al Estado Plurinacional se relamerán para destruir lo avanzado hasta hoy, que es poco –cierto– pero es algo con lo que muchos sectores de esta población vulnerable han podido defender su existencia, su cosmovisión y forma de vida.
Como se puede apreciar, la importancia del censo 2024 para los derechos humanos es vital. Permitirá hacer una radiografía y mostrar –esperemos– con transparencia y objetividad cómo está la población realmente de Bolivia, fuera del discurso gubernamental. Por eso esperemos con alegría y con un ánimo de sinceridad a los operadores censistas y contribuyamos a aportar al país.
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