Texto de Luisa Fernanda Gómez y Desiré Santander con reportería de Brenda Villalba, Ariadna García y Chiara Finocchiaro
Jueves 22 de febrero de 2024.- En julio de 2023, Nadia Inés Díaz cumplió su sueño de conseguir un apartamento propio en Bogotá, Colombia. Lo consiguió gracias a Mi Ahorro, Mi Hogar, un programa que la Secretaría Distrital del Hábitat de esa ciudad creó en 2021 para ayudar a mujeres en situación de vulnerabilidad a financiar una vivienda propia.
Nadia cumplía con los requisitos. Como desplazada del conflicto interno y trabajadora doméstica de 55 años con discapacidad visual, le hubiera resultado imposible reunir por sí sola el dinero necesario para comprarse una casa. De hecho, durante mucho tiempo tuvo que vivir donde encontrara refugio, a veces cambiando de techo cada una o dos semanas.
Hoy su suerte es otra. Gracias a Mi Ahorro, Mi Hogar, Nadia ya no tiene que preocuparse por no tener un espacio propio. Sin embargo, miles de mujeres siguen enfrentando múltiples obstáculos para acceder a una vivienda y lograr así una mayor seguridad. Y no sólo en Bogotá, donde dos de cada tres mujeres jefas de hogar no cuentan con la garantía de una casa propia. También en el resto de América Latina, una región donde las mujeres enfrentan un panorama económico y habitacional mucho más adverso que el de los hombres.
Según la CEPAL, en esta región una de cada dos mujeres no tiene empleo y una de cada cuatro no tiene ingresos propios. Las que sí tienen empleo ganan en promedio un 17% menos que los hombres. Como resultado, menos del 40% de las mujeres centroamericanas tienen una cuenta bancaria, y solamente el 6% ha tenido una hipoteca, según la Corporación Financiera Internacional.
Aun así, como jefas de hogares muchas de ellas tienen la responsabilidad de asegurar los pagos de renta, servicios, comida, cuidado y otros gastos de sus familias, lo cual limita aún más su crecimiento económico. ¿Cómo no lo van a tener más difícil que los hombres para financiar un hogar propio si, además de tener altos índices de desempleo y ganar menos que ellos, también cargan con la responsabilidad de gran parte de los hogares?
«La posibilidad real de que una mujer, sobre todo cabeza de familia, pueda acceder a un crédito de vivienda es limitada», sostiene Mónica Colin, decana de la Facultad de Humanidad y Ciencias Sociales de la Universidad EAN, en Colombia.
Esta es una realidad sobre la que varios países de América Latina han empezado a trabajar. Esta investigación encontró que 12 de ellos han aprobado al menos 14 instrumentos que promueven el derecho de las mujeres a una vivienda propia y ponen de manifiesto la importancia de introducir políticas públicas con perspectiva de género para equilibrar la situación económica de aquellas mujeres en situación de vulnerabilidad.
Estas legislaciones suponen un punto de partida importante para lograr un cambio estructural en materia habitacional. Pero no son suficientes, sobre todo por tres razones fundamentales. Primero, porque no establecen mecanismos ni alianzas concretas para lograr que más mujeres (sobre todo en condiciones vulnerables) puedan acceder a un hogar propio. Segundo, porque no suelen tomar en consideración el criterio de ellas a la hora de establecer sus directrices. Y tercero, porque no garantizan que las viviendas tengan cerca centros educativos, de salud y cuidados, así como mercados y oferta laboral, es decir, un ecosistema de servicios que asegure que la mujer no pierda derechos ni facilidades por acceder a una vivienda propia, sino todo lo contrario: que mejore su nivel de vida.
«La ciudad está organizada para sostener y facilitar los roles de género tradicionales de los hombres, tomando las experiencias masculinas como “la norma” y mostrando poca consideración por la manera en que la ciudad puede obstruir los caminos de las mujeres e ignorar su experiencia cotidiana de la vida urbana», dice Leslie Kern, geógrafa y especialista en temas de género en su libro Ciudad feminista.
Lamentablemente, el contexto latinoamericano está muy lejos todavía de atender estos problemas de manera integral. Sin embargo, en algunos países empezamos a ver intentos de soluciones. Para este reportaje, indagamos sobre tres proyectos en Colombia, Bolivia y Argentina que han ayudado a más de 4.800 mujeres y mujeres trans a acceder a una vivienda propia.
Con sus aciertos y desaciertos, estos proyectos presentan estrategias que bien podrían ser replicadas, adaptadas o perfeccionadas por Estados, actores privados y de la sociedad civil de otras latitudes, ya que evidencian un impacto positivo no solo en la vida de las beneficiadas, sino también en los territorios donde viven.
Mi Ahorro, Mi Hogar: un subsidio de vivienda para mujeres colombianas
Una de estas políticas es justamente Mi Ahorro, Mi Hogar, creado para impulsar que más mujeres en condiciones vulnerables adquieran una casa propia en Bogotá. Normalmente, esta es una meta difícil para las mujeres de esta ciudad. Para que tengamos una idea: aquí, el 50% de las mujeres jefas de hogar vive junto a su familia en un departamento alquilado. La razón: muchas de ellas no tienen los ingresos suficientes para acceder a un crédito hipotecario.
Esta situación está relacionada con la desigualdad de género que enfrentan las mujeres bogotanas. Por ejemplo: ellas encuentran menos empleos formales que los hombres, por lo que muchas dependen de trabajos informales mal pagados e inestables. A esto debemos sumar que ellas invierten más tiempo que los hombres en labores de cuidado no remuneradas, y que quienes son jefas de hogar suelen cargar con el peso económico de sus familias.
Por tales razones, muchas mujeres bogotanas consideran que el salario que reciben no les alcanza para cubrir los gastos mínimos, mucho menos para ahorrar y acceder a créditos hipotecarios. «La única manera de romper brechas tan grandes de manera rápida es a través de políticas afirmativas», dice Colin, de la Universidad EAN.
Esto fue precisamente lo que motivó que la Secretaría Distrital de Hábitat de Bogotá creara en septiembre de 2021 el programa Mi Ahorro, Mi Hogar. Su objetivo: hacer accesibles créditos hipotecarios para mujeres en situaciones vulnerables, entiendo por tal víctimas de violencia de género o del conflicto armado interno, así como cuidadoras o aquellas que están reintegrándose a la sociedad.
Es el caso de Nadia, desplazada por el conflicto armado interno y quien trabaja en Bogotá como empleada doméstica, principalmente. Bajo esas condiciones, sería poco probable que Nadia pudiera reunir lo necesario para acceder por sí sola a un crédito hipotecario.
¿Qué hace Mi Ahorro, Mi Hogar para revertir esto? Durante doce meses, les da a sus beneficiarias el dinero suficiente para que cubran el pago de sus arriendos, a cambio de que depositen al menos el 30% en una cuenta de ahorro para un crédito hipotecario. Una vez cumplidos los 12 meses, este ahorro les permite tener una mejor línea crediticia y acceder a otros subsidios de vivienda.
Esto fue lo que sucedió con Nadia. Mensualmente, recibió 766.064 pesos colombianos, de los cuales debía ahorrar unos 255 mil (aproximadamente 63 dólares). Cumplido el año, había ahorrado lo suficiente para pedir un crédito de 22 millones de pesos (5.500 dólares, aprox.) y aplicar a dos subsidios: Oferta Preferente, de la propia Secretaría de Hábitat; y Mi Casa Ya, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia, los cuales la cubrieron con otros 48 millones de pesos.
Así, con un auxilio de alrededor de nueve millones de pesos colombianos, Nadia pudo comprar una casa de 70 millones (17 mil dólares, aproximadamente) financiando sólo 22 millones.
Hasta agosto de 2023, Mi Ahorro, Mi Hogar había empezado a beneficiar a 4.536 mujeres bogotanas, el 58% de ellas provenientes de distritos pobres como Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy y Usme. Completar todas esas ayudas requiere una inversión aproximada de 41 millones de dólares. Sin embargo, la Secretaría lo asume como una inversión social a largo plazo que se traduce en una mayor cantidad de hogares, con todo lo que ello implica en términos de seguridad personal y crecimiento económico para las beneficiarias y el resto de la sociedad.
Para marzo de 2023, apenas un año y medio después de iniciado el programa, 168 mujeres ya habían comenzado los trámites para comprar su vivienda, entre ellas Nadia, quien estrenó la suya en julio de 2023. «El solo hecho de decir 'yo tengo donde llegar esta noche, tengo mi espacio, mi cama', es una bendición», dice, conmovida. «Es un programa muy bueno para las personas que realmente lo necesitamos».
No obstante, María Mercedes Maldonado, ex secretaria de Hábitat de Bogotá, señala que Mi Ahorro, Mi Hogar es un programa con un alcance reducido en cuanto a recursos y subsidios. Por eso, propone verlo como «un primer paso para diseñar un programa de vivienda en alquiler, que reconozca que hay hogares que no tienen condiciones para acceder a una vivienda en propiedad, en especial por el monto que es preciso ahorrar para la cuota inicial o los costos de los créditos». De esta manera, dice, podría tener impactos sociales positivos y duraderos.
Además, Maldonado y Colin coinciden en que una solución integral del problema de la vivienda no depende únicamente de la entrega de inmuebles a mujeres. «Antes de entregar la vivienda hay que asegurar que haya cerca colegios, centros de salud, un sistema de cuidados, para que cuenten con todo el ecosistema de servicios. No es ver esto como un único problema a solucionar. De lo contrario, habrá muchas mujeres cuya situación no cambiará», dice Colin.
Aun así, el activista colombiano en temas de vivienda Carlos Benavides cree que Mi Ahorro, Mi Hogar va en la dirección correcta. «Hacia allá es hacia donde tenemos que orientar las políticas públicas, porque no es fácil para una mujer acceder a su propia vivienda», dice. «¿Qué tendría que hacer la nueva administración, incluso el gobierno nacional? Pues priorizar un programa como este, ampliarlo, profundizarlo. Esto generaría equidad social».
Pro Mujer: un crédito para mujeres bolivianas sin acceso a recursos financieros
Otro proyecto interesante encaminado a ayudar a las mujeres de menos recursos a financiar una casa propia es el de Pro Mujer, en Bolivia.
Al igual que en el resto de América Latina, en este país andino las mujeres enfrentan una notable desigualdad económica. Por ejemplo: en 2022, ocho de cada diez bolivianas económicamente activas no tenía acceso a servicios financieros, según un informe de ONU Mujeres. Esto se debe, en parte, a que la informalidad laboral alcanza al 85% de las mujeres y a que, para 2019, siete de cada diez tenían ingresos menores al promedio nacional. Un tercio de estas últimas, de hecho, no tenía ingresos.
La arquitecta Jancarla Loayza Medina señala que la desventaja en niveles de instrucción, acceso a fuentes laborales y brecha salarial dificulta que las mujeres puedan adquirir una vivienda propia. «Miles de mujeres no son sujetos de crédito al no desarrollar actividades productivas asalariadas, esto debido a los roles de género establecidos en el hogar y las responsabilidades propias del trabajo reproductivo», explica en un informe de la Fundación Pro Hábitat, donde trabaja como consultora.
En efecto: esta asimetría en el acceso crediticio se ve reflejada en la tenencia de vivienda. Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística, solo el 58,3% de los bolivianos posee inmuebles, y de estos, solo el 27,32% pertenecen a una mujer.
En 2020, el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo de Bolivia empezó a buscar una manera de darle vuelta a esta situación. Para ello, se alió con la Fundación Pro Mujer, una empresa social e institución financiera enfocada en atender a las mujeres que no son sujetas de crédito en la banca tradicional y que requieren ayuda para iniciar o fortalecer sus emprendimientos.
Desde su fundación en 1990, esta organización ayuda a mujeres a acceder a créditos, servicios de salud y oportunidades de formación. Desde abril de 2022, como parte de un acuerdo con el Viceministerio, también otorga créditos de vivienda de interés social, en este caso enfocados en microempresarias que tienen un negocio informal y son clase media baja.
Estos créditos, a los que estas emprendedoras pueden aplicar ya sea que vivan solas o en pareja, cubren hasta el 80% de la compra, construcción o remodelación de una casa (o un terreno). Para ello, Pro Mujer dispone de líneas de crédito de hasta 135 mil dólares, aunque hasta diciembre de 2023 los créditos entregados promediaron entre 35 mil y 40 mil dólares.
De acuerdo con funcionarias de Pro Mujer, las cuotas de pago fluctúan entre los 250 y 300 dólares mensuales. Las tasas de interés, por su parte, oscilan entre el 5,5% al 6,5% anual, con un plazo de devolución de hasta 10 años o más para mujeres asalariadas e independientes.
Para acceder a estos beneficios, es necesario ser mayor de edad, contar con empleo y tener un buen historial crediticio, sin deudas atrasadas. A aquellas mujeres que no están previamente bancarizadas, la entidad les da la posibilidad de abrir su primera cuenta de banco e iniciar su historial crediticio.
De hecho, Pro Mujer tiene un foco particular en mujeres bolivianas que no son sujetas de crédito para entidades bancarias tradicionales, pero que necesitan salir de la pobreza. Un ejemplo de ello es Bárbara Antelo, escritora y trabajadora independiente que durante algún tiempo buscó créditos hipotecarios en bancos privados, infructuosamente. «Yo produzco y vendo mis propios libros, pero muchos bancos no entienden este negocio. Creen que no es rentable, sino inestable en el tiempo», explica.
A finales de 2022, a sus 33 años, Antelo obtuvo un crédito de Pro Mujer para la construcción de una vivienda con fines sociales. Menos de un año después, en 2023, ya había tomado posesión, junto a su esposo e hijo, de su hogar. Para ello, explica, solicitó un crédito de 70 mil dólares, que pagará durante 20 años. «Ya llevamos cumplido el primer año de pago, lo que estoy pagando de crédito por mi propia casa es lo que pagaría por un alquiler y tengo la comodidad de tener mi negocio».
Para ella, Pro Mujer es un banco que se preocupa por la mujer empresaria. «Hay muchas mujeres que necesitan su casa, mejorar su negocio; que necesitan esa ayuda que en otros lados te la pueden negar. Es realmente un empuje para el desarrollo del país».
Pues bien: hasta julio de 2023, Pro Mujer había otorgado créditos de vivienda a 545 personas, 287 de ellas mujeres ―la institución explica que la entrega de créditos a hombres responde a normativas nacionales de paridad. De acuerdo con Susan Cava, Subgerente Nacional de Crédito Individual de la entidad, hablamos de pequeñas y pequeños empresarios cuyas ganancias anuales rondan entre los 5 mil y los 10 mil dólares anuales, alrededor del 10% del ingreso anual de sus negocios antes de contar gastos.
Por supuesto, estas cifras hacen que el impacto de Pro Mujer sea todavía muy limitado. Incluso sus requisitos están fuera del alcance de un gran número de mujeres en condiciones de desempleo e informalidad. Pero no perdamos de vista que, pese a ello, créditos como este tienen un impacto positivo, pues ayudan a mujeres microemprendedoras a alcanzar su potencial y empoderarse como agentes activas de la economía. Algo que incluye la posibilidad de adquirir una casa propia.
«Para la emprendedora que está en la etapa final de su camino de desarrollo, la vivienda es como la cúspide de ese progreso paulatino», explica Libertad Martínez, Líder de Comunicación de Pro Mujer Bolivia.
No obstante, Gualberto Rodríguez, técnico de la Red Nacional de Asentamientos Humanos (Renaseh), recuerda que «en Bolivia mucha gente no tiene una vivienda adecuada». Por eso insiste en que sigue siendo necesario pensar un programa nacional de vivienda, de mayor alcance, que dé respuestas a las necesidades de la población sin perder el enfoque de género y que apueste por viviendas seguras, asequibles, bien ubicadas, con conectividad, derecho del propietario y adecuación cultural.
Habitar en Igualdad: vivienda equitativa para mujeres y personas LGBTI+ argentinas
Una última experiencia, aunque menos exitosa, es la de Habitar en Igualdad, una iniciativa argentina que impulsa políticas públicas habitacionales y de desarrollo urbano con perspectiva de género.
Las raíces de Habitar en Igualdad empezaron a crecer en 2009, cuando la Fundación Vamos a Andar comenzó a empoderar a mujeres y personas LGBTI+ de la provincia de La Rioja que luchaban por una vivienda propia. La Fundación las ayudó a crecer profesionalmente e, incluso, a conseguir un terreno amplio con servicios básicos como agua, gas y electricidad.
Más tarde, en 2021, los entonces ministerios de Desarrollo Territorial y Hábitat y Mujer, Género y Diversidad incluyeron esta iniciativa dentro del Programa Casa Propia, con el que buscaban asegurar viviendas a través de un cupo preferencial para madres solteras (20%), mujeres en situación de violencia de género(3%), personas LGBTI+ (3%), jóvenes entre 18 y 35 años (10%), personas con discapacidad (3%), padecimientos mentales (5%) o adultas mayores (5%). Es decir, que las personas en mayor riesgo de vulnerabilidad en Argentina puedan acceder a una vivienda propia de manera equitativa.
Con Habitar en Igualdad, Casa Propia prioriza la entrega de ayudas habitacionales a mujeres y personas LGBTI+ víctimas de violencia de género. El énfasis en estos grupos se debe, primero, a que están muy presentes en los barrios de más escasos recursos (el 54,4% de los hogares argentinos encabezados por mujeres y personas travestis-trans registran ingresos por debajo del monto mínimo necesario para asegurar la canasta básica). Y segundo, a que en Argentina ocurre un feminicidio o trans-feminicidio cada 28 horas, generalmente a manos de la pareja de la víctima y en el ámbito doméstico.
Hasta el momento, Habitar en Igualdad ha logrado iniciar la construcción de 25 viviendas en el barrio Arturo Illia, en la provincia de La Rioja. Hablamos de apartamentos tradicionales, con dos dormitorios, termotanque con pantalla solar bimodal, cocina y living comedor, así como un espacio común en el que la Fundación Vamos a Andar continuará su labor social.
Para ello, Casa Propia destinó 122 millones de pesos argentinos (alrededor de 135 mil dólares), aunque no hay información pública relativa al crédito hipotecario ni datos sobre las cuotas y tasas de intereses.
Hilda Aguirre, presidenta de la Fundación y una de las principales impulsoras de Habitar en Igualdad, explica que este primer proyecto dará vivienda a mujeres trans víctimas de violencia de género. La razón: estas personas enfrentan numerosos obstáculos para acceder a la educación, la salud y el mercado laboral formal. Esto obliga a muchas a prostituirse y las hace susceptibles de sufrir distintas formas de violencia, criminalización y enfermedades de transmisión sexual. No en vano ONU Sida reconoce que su esperanza de vida es solo de 35 años.
«No vemos la hora en que esas viviendas se puedan entregar y que todas las provincias puedan tener este programa», dice Solange Luna, integrante por más de 12 años de la fundación Vamos a Andar y activista por los derechos de las mujeres trans.
Estas 25 viviendas deben quedar listas en 2024, si bien no está claro cómo se asignarán los títulos. Sin embargo, ese no es el único problema de este programa, que al parecer ha contado con muy poca atención por parte de los recién desaparecidos ministerios de Desarrollo Territorial y Hábitat (ahora fusionado en la cartera de Infraestructura) y Mujer, Género y Diversidad (ahora bajo el ministerio de Capital Humano). En comunicación con nuestro equipo, sus responsables de prensa aseguraron no tener información sobre el proyecto, del que incluso llegaron a decir, erróneamente, que "no se encuentra activo".
Este desconocimiento es un reflejo del exceso de burocracia y la falta de atención ministerial que suelen rodear a este tipo de proyectos, y una de las principales causas de que no sean todo lo exitosos, estables y replicables que podrían ser. Esto es fácil de corroborar si tenemos en cuenta que este pequeño proyecto de 25 viviendas para mujeres trans es el único que el programa Habitar en Igualdad ha logrado desarrollar en dos años y medio. Algo que se dificultará todavía más ahora que el gobierno de Javier Milei anunció el cese de nuevas obras públicas debido a su programa de ajuste fiscal.
Aún así, estos 25 apartamentos son una pequeña victoria para ese grupo de mujeres trans que durante 15 años no dejaron de organizarse para lograr su objetivo: una vivienda digna y segura. «Fue una lucha ardua, de muchos años», recuerda Solange. «El impacto que van a tener estas viviendas es algo histórico en la provincia y en el país, me atrevo a decir, porque son viviendas tradicionales que le cambiarán la vida a las compañeras. Es algo muy gratificante».
Esta investigación fue realizada por la 7ma Generación de la Red LATAM de Jóvenes Periodistas de Distintas Latitudes y está disponible en la web https://viviendalatam.distintaslatitudes.net/
Comentarios