Por Guardiana (Bolivia), foto captura de Fundación Apolo
Martes 22 de abril de 2025.- La justicia argentina reabrió el caso contra el expresidente boliviano Evo Morales Ayma por corrupción de menores, informó ayer la Fundación Apolo de Argentina, que se describe a sí misma como una organización dedicada a la lucha contra la corrupción.
El anuncio lo dio a conocer la propia organización a través de sus redes sociales, en las que colocó una imagen del exmandatario en blanco y negro y un texto que dice: "Logramos el desarchivo de la causa contra Evo Morales por corrupción de menores y logramos ser querellantes”. "Ahora podemos impulsar la causa y exigir verdad y justicia", afirmó la fundación y concluyó: "La impunidad no es una opción".
La investigación en Argentina inició con una denuncia planteada por Fundación Apolo. El 1 de noviembre de 2024, medios de información argentinos como Clarín daban a conocer la noticia de una denuncia penal “por presunta comisión de delitos vinculados a trata de personas con fines de explotación sexual y abuso de menores durante su asilo en el país durante el último gobierno K (de Alberto Fernández)”.
Esa versión daba cuenta de que diversos testimonios y fuentes indicaban que “Morales convivió en Argentina, durante su estadía entre 2019 y 2020, ‘con menores de edad que habrían sido trasladadas desde Bolivia, en condiciones presuntamente vulnerables, para realizar labores domésticas y personales".
Uno de esos testimonios era de la exdirigenta intercultural boliviana, cercana al expresidente, Angélica Ponce, quien habría denunciado que en sus visitas a Morales en Argentina, ella había observado “a menores cumpliendo roles que describió como ‘serviles’ en la residencia del expresidente pagada por el gobierno argentino”.
“Ponce también afirmó que Morales recibía ‘niñas como obsequios’ de quienes deseaban obtener favores gubernamentales, agregando que este tipo de hechos era ampliamente conocido en los círculos cercanos al expresidente”, decía la versión de Clarín.
La presentación judicial de 2024, respaldada por testimonios y publicaciones periodísticas que citan esos casos, se basa en los artículos 145 bis, 145 ter, 119 y 120 del Código Penal Argentino.
Por sorteo, la causa recayó en la jueza federal María Servini y fue registrada bajo el N° CFP 4621/2024. Pero el caso fue cerrado por la presunta falta de pruebas.
Fundación Apolo apeló y consiguió que el caso sea reabierto y la denuncia llegó a manos de la Sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal.
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