Los medios de información escritos y televisivos visibilizaron la semana pasada imágenes del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en las cuales se evidencia claramente un deterioro en su semblante, que según su abogado defensor se debe a una pérdida de casi 20 kilos de peso corporal.
Es de dominio público que el Gobernador cruceño padece del Síndrome de Churg-Strauss o granulomatosis eosinofílica con poliangitis, una condición que produce inflamación de vasos sanguíneos, generando daños en el organismo que pueden llevar a la muerte de la persona que lo padece; requiriéndose un tratamiento constante y control médico permanente.
De acuerdo a Juan Carlos Limpias, director de Régimen Penitenciario, la autoridad departamental tiene un control médico diario por parte de personal de salud de esa entidad y además goza de muchas ventajas y privilegios dentro del penal de máxima seguridad de Chonchocoro, como la visita de sus médicos especialistas y la convivencia por turnos de sus familiares; aspectos que son negados por su defensa, la misma que señala que no se permite la visita de sus médicos, abogados y familiares.
Pero esta coyuntura si bien es grave, nos obliga a mirar más allá del Gobernador que es casi seguro que sí goza de privilegios que los demás privados de libertad ni siquiera sueñan.
Es terrible observar que según datos de la Dirección General de Régimen Penitenciario, a diciembre de 2022 existían en el país 24.824 personas privadas de libertad, de las cuales 16.430 (66,19%) se encontraban en situación de detención preventiva y 8.394 (33.1%) tenían sentencia, para una capacidad instalada de 7.549 plazas.
Imagínese estimada o estimado lector tener que compartir su cama con cuatro personas desconocidas, incluso con seis en algunos penales como San Pedro de La Paz. Lo más grave es que no hay visos de solución para esta problemática. Los fiscales y jueces siguen utilizando la prisión preventiva como pena anticipada para casos que no lo ameritan.
De acuerdo al Informe sobre el Estado de la Justicia 2022, de la sociedad civil, entre los años 2012 y 2022 la población carcelaria se incrementó en un 73.93%, lo que significa 10.409 personas y este hecho coloca a Bolivia en el segundo lugar en hacinamiento carcelario en la región, solamente detrás de Haití.
Este aspecto es aún más grave en los casos de mujeres privadas de libertad porque el porcentaje de detención preventiva ronda el 66.6%, lo que es realmente espantoso si analizamos los estándares internacionales sobre mujeres privadas de libertad, donde se recomienda de manera reiterativa que la detención preventiva de mujeres debe ser realmente excepcional en casos de las que tienen familia o son principales proveedoras del hogar, que son la mayoría en las cárceles femeninas del país.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su último Informe “Mujeres Privadas de Libertad en las Américas”, señala que éstas “históricamente se han enfrentado a discriminación y exclusión, lo cual resulta en que puedan ser víctimas de impactos diferenciados o perjudiciales de normas o prácticas -incluida la privación de su libertad- que, aunque tengan apariencia neutral y no tengan una intención discriminatoria, sí lo son por sus efectos. Esto las coloca en una situación de mayor susceptibilidad a ser objeto de una discriminación indirecta, derivado de que el trato que reciben en detención es generalmente el mismo que el dado al resto de la población carcelaria, sin consideración de su género y sus necesidades especiales. (…) la Comisión observa que el hecho de que las mujeres encarceladas representen una proporción pequeña del total de personas privadas de libertad, resultaría en que las políticas penitenciarias carezcan de una perspectiva de género. Así, la existencia de necesidades especiales derivadas de su género sumada a la falta de protección diferenciada, provoca que los efectos de la detención impacten en sus vidas de forma desproporcionada y, en consecuencia, se enfrenten a condiciones de detención que no responden a sus necesidades, y a un mayor riesgo de ser víctimas de actos de violencia".
Es evidente que los argumentos del sistema interamericano de protección de derechos humanos son claros y ciertos; sin embargo, nuestras autoridades no observan estos estándares que obligan a un tratamiento diferenciado y que responda a las necesidades especiales que tiene la población femenina y que comienza por la ausencia de perspectiva de género en la recopilación de penitenciarios; inadecuada infraestructura penitenciaria; sometimiento a actos de violencia; y, falta de atención a la salud con enfoque de género.
La situación es compleja, puesto que los niveles de hacinamiento tanto de mujeres como de hombres en las penitenciarías tienen otras connotaciones de salud, educación, rehabilitación y saneamiento, entre otras. Como ejemplo podemos ver que para los 46 recintos penitenciarios del país, solamente hay 20 médicos/as, 11 odontólogos/as, 15 trabajadoras/es sociales y 21 psicólogos/as, es decir, 1.241 privados de libertad están a cargo de un médico. Realmente habrá que pedir a la providencia que no haya tanta gente enferma; aunque según los datos existen: 106 personas con discapacidad, 441 con enfermedades crónicas, 153 con VIH, 302 con tuberculosis, 11 con enfermedades terminales y, aunque no se crea, 154 internos/as con problemas psiquiátricos que de acuerdo a estándares internacionales de derechos humanos no deberían haber pisado un centro penitenciario, pero están ahí poniéndose en riesgo a ellos mismos y a la población.
Todos estos problemas pueden con total seguridad llevarnos a afirmar que en las cárceles de Bolivia, bajo estándares del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, las y los privados de libertad sufren torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, sin que nadie haga algo para revertir la situación.
Es necesario que el Estado boliviano apure una reforma de la justicia y, en tanto, pueda emitir un decreto de indulto que descongestione los centros de detención, para amainar la situación lamentable en que viven las personas privadas de libertad en general, no sólo una persona con connotación política.
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