Un tema de análisis de hace muchos años en nuestro país es el poco apego al cumplimiento de la norma. Cada uno de nosotros, por muy buen/a ciudadano/a que se crea, en algún momento de su existencia trató de burlar, omitir o definitivamente incumplir dolosamente esas reglas de convivencia que se encuentran en un entramado complejo para supuestamente regular nuestra vida y mantener la armonía social. Bolivia se ha caracterizado por mantener ese presunto dicho utilizado durante la colonia española: “Se acata, pero no se cumple”, palabras pronunciadas por las autoridades conquistadoras que indicaban que se acataban las palabras del Rey. La ley no se cumplía y listo. Definitivamente esto sí lo aprendimos muy bien y no logramos descolonizarnos de esta forma de pensamiento.
Lo señalado nos trae por supuesto una consecuencia que es estudiada en la ciencia política, tal es el poco apego que tenemos a la “institucionalidad”. Douglas North afirmó que las instituciones son reglas formales e informales en una sociedad, ideadas por los seres humanos para facilitar la interacción y el intercambio entre ellos, ya sea a nivel político, social o económico. Las reglas formales son por ejemplo: leyes, normas, resoluciones administrativas o judiciales, protocolos, mientras que las reglas informales se refieren a la cultura, las tradiciones o las normas del trato social que también regulan fuertemente una sociedad.
En ese entendido, los diferentes segmentos sociales muchas veces confunden la institucionalidad con las estructuras públicas. La primera va más allá de las entidades u organizaciones de los diferentes niveles de gobierno (nacional, departamental, regional, municipal), es un concepto más holístico que encierra una interacción entre la sociedad, gobierno y las entidades de todo tipo, incorporando dimensiones históricas, políticas, económicas, sociales y hasta valores y principios.
Son los elementos descritos los que actúan llevando equilibrio y una acción eficiente y equitativa, con el único fin de lograr el bienestar de la sociedad y el cumplimiento de valores democráticos.
Por ello es tan importante lograr la fortaleza de la institucionalidad para procurar, en primera instancia, que todos/as los/las ciudadanos/as cumplan las disposiciones de la norma, confíen en sus instituciones y organizaciones, contribuyan a su mantenimiento, las defiendan y cuiden, participen en su funcionamiento, etc.
Desgraciadamente este ideal no aparece en nuestra historia reciente. Como ejemplo tenemos el reciente proceso de elección del titular de la Defensoría del Pueblo. A los que ostentan el poder, sea desde el oficialismo como también de la oposición político-partidaria, no les importa la institucionalidad de esta entidad de defensa de los derechos humanos de todos y todas. Para los primeros (MAS), basta que la entidad esté ahí funcionando y su máxima autoridad cumpla sus designios, para ellos es suficiente; es decir, tendrían esa confusión entre organización e institucionalidad que referimos líneas arriba. Los segundos (CC – Creemos) solo desean un titular que se adscriba a la oposición al gobierno de turno; por lo tanto, ninguno de estos actores tiene en mente la importancia de la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo como entidad constitucional encargada de la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos de cada boliviano y boliviana.
Es evidente que esto se repetirá en las designaciones de Contralor/a General del Estado y de magistrados y magistradas de los máximos tribunales de justicia ordinaria, agroambiental y constitucional, además de los consejeros de la magistratura, colocando en gran riesgo no solo la organización y estructura funcional de estas entidades, sino despreciando nuevamente su institucionalidad.
Entre nuestros políticos está muy poco arraigada la “institucionalidad democrática”, entendida como ese conjunto de reglas, principios y valores a ser utilizados en el accionar político, cuyo único fin debería ser proteger los derechos y garantías de las personas, pensando solamente en el bienestar general o mayoritario; no como se hace ahora entre oficialismo y oposición, cada uno meditando solamente en su interés, en su egoísta cálculo político, dejando muy lejana una verdadera preocupación por el ciudadano y ciudadana que necesitan esa institucionalidad defensorial.
Los pocos valores democráticos se ratifican a la hora de pensar en salidas inconstitucionales, como una supuesta designación del Órgano Ejecutivo, mediante decreto supremo, a los titulares de estas entidades fundamentales del Estado, como se hizo conocer por los pasillos de la Asamblea Legislativa Plurinacional hace semanas atrás a manera de presión contra la oposición y, por el otro lado, las propuestas de dejar nulo un proceso de designación, sin agotar un diálogo democrático necesario.
La sociedad boliviana exige diálogo, reclama acuerdos políticos bajo los preceptos señalados, dejando de lado intereses sectarios, caso contrario se está poniendo mucho en riesgo. La afectación a la institucionalidad como se ha visto trae como consecuencia el incumplimiento de la norma, la falta de confianza en las entidades del Estado, daña la buena gobernanza y, por supuesto, es un ataque directo a la democracia, a la que estamos obligados a defenderla y cuidarla.
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