Siempre se afirma que bolivianos y bolivianas vivimos en un país sin los niveles de violencia que vemos en otros cercanos como Brasil, Colombia o algo más lejanos como El Salvador o México, donde hay miles de muertes violentas al año por diferentes razones, generalmente relacionadas al narcotráfico, al tráfico de armas, la trata de personas y, por supuesto, la situación económica que acompaña a los fenómenos delictivos desde siempre.
Muchas veces se maneja la hipótesis de que aún no tenemos esos problemas tan graves (aunque ya comenzamos a ver ajusticiamientos en plena vía pública en algunas poblaciones, generalmente donde el narcotráfico campea, por parte de sicarios o gente relacionada), debido a que las personas que han cometido un delito o varios las tenemos “guardadas” en las cárceles del país.
De acuerdo a investigaciones realizadas por diversas entidades de la sociedad civil, hasta marzo del año en curso estaban recluidas 20.864 personas, repartidas entre los 46 recintos carcelarios del país, que tienen en su conjunto una capacidad instalada de 7.549 plazas; un dato realmente terrible y que puede alegrar a muchas personas, que dirán que los “malos” están donde deben estar, otras dirán que “se lo merecen, que sufran” y, finalmente, para la mayoría de la población resultará un dato irrelevante, en tanto alguna amistad o familiar no se encuentre en algún problema y tenga que sufrir un encarcelamiento.
Estos datos alarman cuando revisamos el mismo informe y observamos que de ese total de personas habitando en este momento en una cárcel, el 65,76%; es decir, aproximadamente 14 mil internos/as, no tienen una sentencia ejecutoriada. Seguramente muchas de estas personas se quedarán durante mucho tiempo “archivadas” como se dice en el foro, hasta que puedan solucionar sus problemas, alimentar la corrupción del sistema para salir, llegar a acuerdos con las víctimas para un desistimiento, autoinculparse acogiéndose al procedimiento abreviado o simplemente esperar a que el plazo de detención preventiva finalice para solicitar u obtener su libertad.
Esto último realmente acontece con bastante frecuencia, alimentando los niveles de impunidad que observamos cada día y que afectan en demasía a las víctimas, principalmente de poblaciones vulnerables como mujeres, niños, niñas y adolescentes que han sufrido violencia. Sin embargo, el Estado, en lugar de otorgar a las instancias de persecución penal las herramientas necesarias, el personal suficiente y los medios para evitar esta retardación, soluciona el problema con una medida de “populismo penal”, estableciendo una norma que señala simplemente que aquellos posibles autores de violación o feminicidios, entre otros delitos, no tienen derecho a salir de la cárcel cuando están con detención preventiva, afectando así un principio básico de derechos humanos como es la presunción de inocencia y el debido proceso; realmente una vergüenza, puesto que en tanto esa persona no tenga una sentencia no puede dársele una pena anticipada y un sufrimiento innecesario.
Estas medidas podrían explicar el hacinamiento que se vive hoy en las cárceles del país, donde en el espacio que debería ocupar una persona tienen que ingresar tres, sin los requerimientos mínimos necesarios, sin atención de salud adecuada, una alimentación que debe cubrirse por un prediario de ocho bolivianos para las tres comidas básicas, obviamente para quienes no pueden pagarse su comida y estadía, porque es evidente que hay muchos/as internos de los penales que viven con comodidad, porque se dice mucho que "para conocer una sociedad, solamente debes ver cómo son sus cárceles" y esto se convierte en una verdad en los centros de reclusión bolivianos, donde son patentes las diferencias sociales y económicas.
Sé que a estas alturas de la lectura de esta columna, muchos y muchas estarán diciendo o pensando nuevamente que estas y estos ciudadanos hicieron algo malo, y se merecen esa situación de sufrimiento, tratos crueles, inhumanos y degradantes, pero justamente si nos consideramos parte de un Estado Constitucional de Derecho y defensor de los Derechos Humanos, no debemos olvidar nunca que quienes por desgracias de la vida cayeron o los empujaron a un proceso penal y por consecuencia a una cárcel son “seres humanos” como usted, como yo, con una vida, una historia (muchas veces de terror), familia, anhelos, deseos, quizá traumas, problemas psicológicos, etc., que les llevaron a cometer un hecho delictivo, o simplemente como en muchos casos solamente tomaron malas decisiones, se equivocaron, cometieron un error involuntario que ahora están pagando.
Pero parece que a nadie le importa, las autoridades siguen parchando una llanta que ya debe ser cambiada, preocupándose de temas intrascendentes, sin la voluntad política necesaria de cambio real y efectivo para adoptar una política pública seria de transformación de la justicia y el sistema penitenciario, ¿hasta cuándo?
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