En el contexto de incesantes conflictos de sectores sociales y políticos que apuestan por la inestabilidad, la violencia y la intolerancia para defender sus intereses a costa la paz y tranquilidad, integridad, derecho a la movilidad, educación y el trabajo, es altamente cuestionable que nuestras autoridades sigan sin intervenir para poner algo de orden en medio del caos generado el último mes en un populoso barrio paceño.
Habitar una ciudad significa ocupar un territorio, reproducir tradiciones y costumbres, estudiar, trabajar, descansar o simplemente caminar. Estos son ideales humanos globales.
La comunicación es un derecho humano fundamental que permite lograr el diálogo entre iguales, pero diferentes; contribuye a empoderar a la ciudadaníaen el marco de los principios básicos de los derechos humanos y de las sociedades democráticas.
En consecuencia, ¿cuánto se está cumpliendo en la práctica el deber de nuestras autoridades y cuál la corresponsabilidad de otros sectores de la sociedad civil para velar por la calidad de vida de los bolivianos?
Existe tiempo para resolver muchos temas pendientes, pero priorizar la calidad de vida al parecer no es urgente, al parecer la burocracia y las egoístas pugnas políticas absorben muchos de los ideales de cualquier propuesta política nacional o local.
En ese escenario de intereses mezquinos exacerbados y autoridades indolentes, me permito recomendar rencauzar el diálogo como premisa para proteger el bienestar de la mayoría. Construir ciudadanía precisa pensarse desde la comunicación entre todos los miembros de la sociedad: niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores; pero también de todos los seres vivos que lo habitan (animales y plantas), somos parte de una simbiosis y el equilibrio ecológico depende del accionar de todos quienes habitamos este planeta.
La comunicación en lo cotidiano, es el lugar de toda interacción y base de la conformación de todo tejido social, a través del ejercicio pleno de la democracia participativa.
En el ámbito simbólico, la comunicación permite generar un debate socio-político-cultural, económico y tecnológico donde los sujetos organizan sus vínculos en función de objetivos y propósitos en sus vidas cotidianas; por tanto,la comunicación es parte constitutiva y constituyente de las prácticas de los actores sociales.
En ese sentido, nuestra ciudad no solo es un lugar de concentración de la población, sino un sistema global de intercambio de información, donde la participación es el espacio y tiempo en los que fluyen procesos de producción, intercambio y negociación de sentidos en la vida social.
En la ciudad confluye la mayor densidad de medios de comunicación (telefonía, radio, televisión, correos, cine, teatro, escuelas); abarca la mayor concentración de lugares de socialización (espacios públicos, cívicos, plazas, barrios); posee el mayor cúmulo de información concentrada (bibliotecas, archivos, museos, edificios), tiene la mayor cantidad de manifestaciones simbólicas (iglesias, monumentos) y contiene los medios de transporte más diversos (puentes, vías, vehículos) (Carrión, 1999, p. 67).
Por tanto, la comunicación es un elemento fundamental del crecimiento económico y del mejoramiento de la calidad de vida de la población, y será en el futuro un factor determinante en las relaciones inter e intraurbanas.
Los derechos políticos como la libertad de asociación y participación en la sociedad civil y política se conectan con las dimensiones comunicativas porque el ejercicio público de este es un “ejercicio comunicativo” al mismo tiempo, donde la gente se hace visible en la esfera pública compartiendo significados, discursos, narrativas y puntos de vista, desarrollando así diferentes sentidos de los simbólico, político y comunicativo con sus comunidades (Tamayo, 2011).
Ante la debilitada credibilidad de los actores políticos, la Iglesia y la oficina del Defensor del Pueblo, no podemos seguir esperando a nuestras autoridades, es tiempo de repensar en el grado de participación de los ciudadanos, el nivel de participación y nuestra capacidad de tolerar los atropellos contra nuestras familias. Es tiempo de hablar, poner límites y buscar soluciones sostenibles, esta ciudad es de todos quienes la habitan. Basta de violencia por “las rabietas y caprichos de unos y otros”, ojalá el buen juicio arribe a quienes toman decisiones a nivel municipal, de las gobernaciones, del gobierno, de las juntas vecinales, padres y madres de familia, hombres y mujeres de nuestra ciudad. Nuestro derecho a ejercer ciudadanía no depende de un certificado de nacimiento sino de su ejercicio pleno.
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