Avasallamientos, ¿dónde quedaron los derechos de la madre tierra?

La Voz de la Naturaleza para Guardiana (Bolivia)

Jueves 15 de julio de 2021.- El tráfico de tierras en pequeña y gran escala, la omisión de fiscalización del uso del recurso, la contradicción del nivel central en sus propias normas, el pasar por alto la situación e intereses de las comunidades indígenas locales fueron algunos de los rasgos del problema agrario destacados por Alcides Vadillo y Eder Santibañez en el programa La Voz de la Naturaleza, conducido por Antonio Cajías y Paola Cortés Martínez.

La emisión del 10 de julio de La Voz de la Naturaleza contó con la participación de Alcides Vadillo Pinto, abogado especialista en Derecho Agrario, y Eder Santibañez, activista ambiental y coordinador del Movimiento en Defensa del Valle de Tucabaca, para conversar sobre el tema Avasallamientos, ¿dónde quedaron los derechos de la Madre Tierra? Aquí presentamos un resumen de los aspectos más destacados de ambas intervenciones. 

Alcides Vadillo identificó tres momentos cruciales de la problemática agraria y el modelo de desarrollo impulsado en el país en este campo: El año 2006 con el inicio de la “revolución agraria” y un enfoque de distribución de tierras que no pasó de una “retórica discursiva”; en 2011 con la revolución productiva hubo un viraje de una política conservacionista hacia una política extractivista; y en el 2013, con la Agenda Patriótica Bolivia 2020-2025, el país debería pasar de tres millones a trece millones de hectáreas en producción y ser exportador de granos y alimentos.

A partir del tercer momento se flexibilizan todas las medidas en temas ambientales, se cambian los planes de uso de suelo, como el del Beni, y se dictan normas de carácter ambiental, entre ellas la aprobación de los desmontes de veinte hectáreas sin respaldo de un plan de ordenamiento predial y con el simple llenado de un formulario de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT). “Esto cuando es una familia no se siente, pero cuando son miles de familias ya hay un problema”.

Asimismo, Vadillo recordó que en 2013, luego ampliada a 2014, aparece la ley de perdonazos a los desmontes ilegales. Las medidas no se detienen porque, en el año 2020, el gobierno de transición de Jeanine Añez promulga la autorización para regular cinco cultivos transgénicos.

La distribución o acceso a la tierra tiene su propio recorrido. Entre 2011 y 2013 se empiezan a distribuir tierras fiscales. En el año 2001 se tenían 41 millones de hectáreas de Tierras de Producción Forestal Permanente (TPFP), lo que en el departamento de Santa Cruz significaba 16 millones de TPFP, muchas de ellas fueron concesiones que se revertían a medida que iban cumpliendo su tiempo. El año 1997, había 25 millones de hectáreas bajo sistema de corte forestal que, con la Ley Forestal, pasaron a concesiones de derecho forestal obligadas a pagar 1 dólar por hectárea. En ese momento, la superficie se redujo de 25 millones a cerca de 5 millones de hectáreas: 20 millones quedaron libres y el INRA las convirtió a tierras fiscales a ser distribuidas.

Aquí algunos rasgos del problema de la tierra en el departamento de Santa Cruz señalados por Vadillo:

• Actualmente existen 1.400 comunidades nuevas. Las resoluciones conocidas del INRA son para 950 asentadas en dos millones de hectáreas en la Chiquitanía, es decir unos 30 mil beneficiarios. Si se considera a cuatro miembros por familia, se estaría trasladando a 120 mil personas, frente a la población originaria de 65.000 habitantes. “A esto se le llama colonización y no solo es un atentando contra el medio ambiente sino también para la cultura de la zona”.
• No existe transparencia en el proceso de dotación de tierras desde el INRA y los beneficiarios son militantes del partido de gobierno que están transformando tierras de uso forestal a tierras de uso agrícola de manera arbitraria e ilegal. Antes de cada dotación, la ABT debería certificar la vocación agrícola del suelo, la Comisión Agraria Departamental (CAD) debería haber determinado que esas tierras irán a la distribución y debería respetarse el Plan de Uso de Suelos (PLUS) del departamento de Santa Cruz. Las acciones del INRA son, por tanto, contrarias a las disposiciones legales, entre ellas la Ley Forestal y el Plan de Uso de Suelos.  
• Fundación Tierra ha verificado que existen comunidades que sí trabajan la tierra, hay otras con dos o tres dueños a nombre de la comunidad. También existen otras comunidades fantasma que sacan madera ilegal con los planes de desmonte que parecen seguir la consigna de que “quien no ocupa una tierra no va a tener título”. Preocupa la actitud pasiva del Estado que está dejando que sectores de la sociedad civil resuelvan los problemas en función de fuerzas y de capacidad de movilización, unos para tomar tierras y otros para impedirlo.
• En los incendios de 2019, la población en la zona comenzó a relacionar esos eventos con los desmontes.
• La Comisión Agraria tiene un espíritu de diálogo, concertación y control social hacia el INRA, define políticas y propuestas para el nivel central. Si el INRA considera que esta instancia está politizada debería convocar a una Comisión Agraria Nacional con el Ministro de Desarrollo Rural y Tierras a la cabeza. Por ahora lo que se tiene es una movilización de sectores sociales en función de intereses ligados a la tierra y dejando que estos sectores resuelvan sus diferencias “a palos”.
• Existe un tráfico de tierras en pequeña escala porque se dota de 50 hectáreas a cada familia, con 20 a 30 familias por comunidad. En el lapso de veinte años permanecen entre el 10% y 15% de esos beneficiarios, el resto ha vendido su derecho de posesión o ha sido sustituido por no cumplir con cuotas a los dirigentes o a los funcionarios del INRA. También hay tráfico de tierras a gran escala, como la legalización de grandes propiedades ligadas a exministros y a grandes empresarios.
• El manejo de la información es otro obstáculo para seguir el tema, el INRA ha dotado cerca de cuatro millones de hectáreas, sin embargo los datos de la Fundación Tierra reflejan la dotación de dos millones de hectáreas.
• Se necesita un sistema de justicia independiente, pero todo el sistema judicial está cuestionado y/o politizado, incluido el Tribunal Agroambiental. Un paso para superar estos escollos es institucionalizar la justicia y el propio INRA; hasta ahora solo hubo un director salido de una terna con la aprobación de 2/3 del congreso, en 10 años (2011-2021) el INRA tuvo diez directores.
• Los tres niveles de gobierno con capacidad legislativa y mismo nivel de jerarquía –municipal, departamental o nacional– no se respetan. En 2012, el gobierno decretó que la región de Yembiguasu debe ser estudiada con fines de conservación ya que existe un grupo indígena ayoreo en aislamiento voluntario. El 2017 se convierte en área protegida y aun así el INRA hace dotaciones dentro de esta área, lo mismo ocurre en el área protegida del Bajo Paraguá o de Caopaibo. Por otra parte, se traslada personas sin el conocimiento de los gobiernos municipales sin poner presupuesto para atender las necesidades básicas. En el norte de La Paz, en el territorio de los chimanes, el INRA ha declarado ese territorio indígena como tierra fiscal y está procediendo al desalojo de esas comunidades.

ASEDIO AL VALLE DE TUCABACA

Eder Santibañez, coordinador del Movimiento en Defensa del Valle de Tucabaca, que abarca a la mayor parte del municipio de Roboré, explica que esa zona está asediada hace más de una década por la deforestación, los incendios, la minería y los avasallamientos. Actualmente existen actividades extractivas de agroindustria en las nacientes del río de Tucabaca y al norte del Valle. El valor ambiental de la zona es clave porque todas las corrientes de agua bajan hacia Roboré y van a los bañados del Pantanal.

La lucha por la defensa del Valle de Tucabaca comenzó en el año 2018, en la reserva El Paquío Forestal, cuando al lugar ingresó la comunidad Tupac Amaru por impulso del Movimiento Al Socialismo (MAS), y desmontó cerca de 2.000 hectáreas.  

Si bien en la defensa de El Paquío hubo una fuerte repercusión en rechazo del avasallamiento, respecto del predio privado colindante (no señala el nombre) que también ocupó el territorio no hubo cobertura informativa ni apoyo, exceptuando a algunos medios de comunicación. En ese sentido existe un distinto tratamiento, en criterio de Santibañez, de los predios avasallados por comunarios del partido de gobierno y de la deforestación por parte de privados.

Santibañez enumera una serie de rasgos del problema de la tierra que dan un perfil al municipio de Roboré:

• Muchas de las comunidades que están asentadas tienen como objetivo deforestar el bosque para posteriormente habilitar la tierra para cultivos como la soya, es decir que son utilizadas por la agroindustria. Sus miembros no tienen vocación de agricultores, sino que se orientan a vender las tierras, pero inclusive si tuvieran la intención de cultivar no tendrían condiciones ni apoyo del Estado.
• Existen comunidades originarias, como Quituquiña y otras que han crecido en población, que demandan tierras fiscales y se caracterizan por realizar agricultura de subsistencia. La totalidad del municipio de Roboré es de uso forestal y de ganadería reglamentada, según el PLUS, pero en un caso, del predio La Esperanza, se puede ver una resolución de la ABT que cambia esa vocación con el argumento de que, según micro caracterización del suelo, no tendría potencial forestal.
• Hay diferencias en la titulación de las comunidades originarias de la zona frente a comunidades migrantes del interior. Esto se observa también en la CAD que no considera a los representantes de las comunidades originarias como caciques y otros, y que podría tomar decisiones en desmedro de las comunidades chiquitanas.
• El 99% de los incendios son originados por la agroindustria y las propiedades ganaderas.
• La ABT, en una reunión hace dos meses, informó de 350 ha de deforestación, pero las imágenes satelitales muestran 650 ha y la institución se justifica en que carece de personal para hacer la fiscalización; “es ahí donde se genera la expansión de la frontera agrícola”.
• Esta semana se realizarán las solicitudes para revertir la Resolución de la ABT 13/2021 que amplía los permisos de desmonte hasta el 31 de julio.

Para ver el video del conversatorio: AQUÍ