Guardiana (Bolivia)
Miércoles 28 de abril de 2021.- Las madres de María Lisbeth Carvajal Quispe y María del Carmen Carvallo Reyes, víctimas de feminicidio, conocen de cerca el miedo que se siente al saber que los asesinos de sus hijas, condenados a 30 años de prisión, consigan su libertad porque durante años la retardación de justicia impide que las sentencias condenatorias sean ejecutoriadas para ponerle punto final a los procesos judiciales.
María Lizbeth murió el 21 de agosto de 2015 con 25 puñaladas en su cuerpo. Ella tenía 24 años y atendía un café internet en la zona de Pacata Alta. Johnny Vargas Andrade, entonces de 28, era su concubino y fue declarado culpable el 3 de febrero de 2017. La sentencia no está ejecutoriada.
María del Carmen Carvallo Reyes era una colegiala de 16 años. Fue violada y asfixiada el 13 de marzo de 2016, en una comunidad del municipio de Cliza.
Su enamorado, Omar Alejandro Ordóñez, le había convencido de que dejara la venta de frutas en el mercado de Toco y le acompañara a compartir bebidas alcohólicas con una veintena de sus compañeros de la pandilla Wander Rap.
La condena fue emitida el 31 de agosto de 2017. Ordóñez fue sancionado con 30 años de prisión sin derecho a indulto, pero no se resignó a quedarse en prisión. Otros cuatro recibieron sentencias por los delitos de asesinato y violación agravada. Y otros cinco quedaron absueltos.
EXPEDIENTE ELECTRÓNICO
Este lunes 26 de abril, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Olvis Egüez Oliva, presentó en Sucre la primera fase de Expediente Judicial Electrónico, que es parte del Proyecto Justicia Digital con Transparencia.
A su juicio, la transformación tecnológica en el Órgano Judicial permitirá no solo reducir el uso de papel, sino también optimizar el tiempo y permitir la consulta de expedientes en todo momento y desde cualquier lugar con el uso de algún dispositivo móvil o computador conectados a internet.
EJEMPLOS DEL EXTERIOR
Egüez puso como ejemplo los avances en los países líderes en tecnología, como Estados Unidos, Gran Bretaña, y otros europeos y Singapur que han mejorado la atención en sus oficinas gubernamentales con las herramientas digitales.
El órgano judicial español consigue ahorrar 1,2 millones de horas al año en favor de la ciudadanía y la administración pública. Comentó que Chile, Brasil, Argentina Colombia y Costa Rica han logrado eliminar la burocracia judicial.
Afirmó que el uso de la tecnología le permitió al Poder Judicial de Costa Rica obtener, por segundo año consecutivo, el primer lugar en los índices de transparencia institucional con el 98,95 por ciento de evaluación por encima de 253 entidades públicas.
MORA PROCESAL
“Es vital –dice el Presidente del TSJ– incorporar de manera progresiva métodos y modos de comunicación procesal para mejorar el acceso a la justicia y la garantía de los derechos fundamentales de manera ágil y oportuna”.
Explica que eso permitirá alivianar las más de 320 mil causas judiciales en situación de mora registrados hasta noviembre de 2020. De igual manera dará respiro a los jueces que resuelven 530 causas al año.
Egüez asegura que el Expediente Judicial Electrónico transparentará, agilizará y economizará la administración de justicia en materia ordinaria y agroambiental, colocándola al servicio de la población.
Anota que cualquier ciudadano que sea parte de un proceso judicial podrá hacer un seguimiento en línea que le permita conocer el desarrollo y contenido de un caso.
MADRES TEMEROSAS
La presentación y puesta en marcha del expediente electrónico y sus aparentes bondades para agilizar la administración de justicia llegan con retraso para las familias de María Lisbeth y de María del Carmen, que esperan durante años que las sentencias condenatorias de los feminicidas sean ejecutoriadas.
En enero de este 2021, Emiliana Quispe, madre de María Lisbeth, volvió a denunciar la retardación de justicia. En esa ocasión hizo saber que le preocupa que el feminicida salga en libertad y que intente hacerle daño porque el hombre tendría rasgos psicópatas, según estudios que le realizaron en el Instituto de Investigaciones Forenses.
La señora Emiliana recuerda que su familia sufrió otra pérdida en 2017, cuando una de sus sobrinas fue asesinada, pero el feminicida ya fue sentenciado y la apelación quedó resuelta.
La madre de María del Carmen había denunciado que los padres de los acusados amenazaron con matar a su otra hija y rogó a los jueces que no dejaran en libertad a los responsables del crimen.
La segunda quincena de marzo se informó que la familia del feminicida había pagado 100 mil bolivianos de fianza para así obtener el mandamiento de cesación a la detención preventiva de Omar Ordóñez porque la sentencia no fue ejecutoriada.
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