Tuve la oportunidad de comenzar la semana asistiendo en calidad de polizón a un taller sobre drogodependencia y sistema penal, impartido internamente para el Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP). El mismo fue facilitado por la coordinadora de la plataforma de investigadores en política de drogas y derechos humanos Acción Andina Bolivia, Dra. Gloria Achá C. y el Lic. René Estensoro, psicólogo director de Resoluciones Integrales, que brindan servicios de intervención terapéutica para personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas. En el evento se abordó el complejo tema de la dependencia a sustancias, su persecución penal y los costes sociales de estos.
En el taller se tocaron aspectos jurídico-sanitarios del consumo de drogas y la respuesta del sistema penal frente a ellos. Se concluyó que una respuesta punitiva a un problema de salud pública no funciona. Así lo evidencian más de 30 años de vigencia de la Ley 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas en su “lucha contra las drogas” y el narcotráfico.
Entre los aspectos a resaltar y que llaman a la reflexión está el paradigma de la prevención integral, que debe ser resiliente y diverso. Sin embargo, esta tuición de prevención hasta ahora la tiene la Policía Boliviana a través de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), bajo la dirección del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid). Es decir, un órgano de persecución penal está a cargo de la prevención del consumo de drogas –un tema de salud pública– cuando su mandato constitucional es el de conservar el orden público y la seguridad ciudadana en la prevención del delito (Art. 251 de la Constitución Política del Estado).
Ahora bien, a principios de este año, desde el Ministerio de Gobierno se han reformado estructuras como parte del nuevo plan antidrogas. Ha desaparecido el Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid) y se ha creado la Dirección de Apoyo a la Prevención del Consumo de Drogas, Control del Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas y Coca Excedentaria (Diprevcon). Este último agente estatal asume la tarea de prevención en materia de drogodependencias. ¿Será este un paso hacia una reforma de políticas de drogas más justas, con enfoque de derechos humanos y salud pública?
El Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid) fue creado mediante Ley 1788 del 16 de septiembre de 1997. El Conaltid fue el más alto nivel ejecutivo para el cumplimiento en tareas de supervisión e implementación de la Estrategia Boliviana de Lucha contra el Narcotráfico. Y dentro de estas prerrogativas también se incluían las políticas de prevención de consumo y reducción de la demanda de drogas. A partir de esta institución era que se canalizaban recursos hacia el Ministerio de Salud para prevención.
La Dirección de Apoyo a la Prevención del Consumo de Drogas, Control del Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas y Coca Excedentaria (DIPREVCON), se crea mediante Decreto Supremo Nº 4456 de fecha 21 de enero de 2021. Y entre sus atribuciones se encuentra el evaluar periódicamente la ejecución y el cumplimiento de las estrategias, planes, programas, proyectos, acciones y todas las políticas públicas del Estado en materia de prevención integral del consumo, el tratamiento, la rehabilitación y reintegración de las personas afectadas y su entorno (Artículo 2 inciso “c”).
Según el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, esta transformación institucional responde a una necesidad de austeridad en el nivel central del Estado. Esto significa que se reducirán presupuestos para trabajar en las diferentes aristas del problema de las drogas (tráfico ilícito, consumo problemático, delincuencia organizada, etc.). Si bien esta medida plantea un ahorro anual de 12 millones de dólares, también trae una nueva oportunidad para diseñar un plan de lucha contra el narcotráfico con un enfoque de derechos humanos y salud pública, siempre y cuando la renovación se dé en el fondo y no solamente en la forma.
Actualmente estamos expectantes a la entrada en vigor del nuevo plan quinquenal de lucha contra el narcotráfico. El año pasado el gobierno de Jeanine Áñez planteó su plan de cinco años para esta problemática denominado Estrategia Nacional contra el Narcotráfico y la Economía Ilegal de las Drogas, de febrero de 2020. Pero es obvio que ese plan fue desechado y desde la línea del actual gobierno estaría en diseño una nueva estrategia.
La lucha “antidroga” del anterior gobierno traía algunos lineamientos acordes al actual paradigma de la prevención del consumo de drogas y descriminalización de los consumidores. Estos aspectos no son inventos de ese régimen, sino un esfuerzo por adecuarse a la tendencia internacional para la reforma de las políticas de drogas.
Es importante la participación estatal en el diseño, control y supervisión de la prevención de consumo de drogas, por ello debemos exigir que las políticas estén a la vanguardia y en estricta observación de los derechos humanos. Este gobierno tiene la misión de transformar esa imagen de narcoestado y poder proponer al país soluciones en materia de narcotráfico.
La prevención informal ya recae sobre nosotros, la sociedad civil. Necesitamos educarnos en drogas para poder brindar información basada en evidencia y diseñar planes de prevención desde la comunidad, la familia y la escuela, como también incidir en el diseño de políticas públicas de la mano de las entidades encargadas como la nueva DIPREVCON. La falta de acceso a información estigmatiza, atemoriza y mantiene en statu quo las desigualdades sociales.
Es saludable para las instituciones buscar periódicamente la actualización en las materias de su experticia, especialmente en un área tan delicada como es la defensa pública.
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