La soberanía es definida como el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente, sin interferencias externas. ¿Podemos hablar de soberanía cuando se depreda nuestro medioambiente para obtener ganancias que a corto plazo deteriorarán nuestras condiciones de vida? ¿Se ha naturalizado la compra ilegal de tierras sin control de las autoridades que tienen la obligación de cumplir un rol de supervisión y control a nivel nacional, departamental y municipal?
Estas consultas surgen a raíz del reportaje de la revista Nómadas, publicado el 26 de enero de 2022, por Roberto Navia con el título “El puente ´clandestino´ de los menonitas lleva la deforestación a los Bañados de Isoso y amenaza al Kaa Iya[1]”. El trabajo de investigación periodística plantea que más de 200 familias de menonitas compraron 14.400 hectáreas de bosque en los Bañados de Isoso que colindan con el área protegida nacional Kaa Iya para construir un puente de 150 metros de largo sobre el río Parapetí y deforestar 3.000 hectáreas de bosque seco chaqueño (Navia, 26/01/2022).
Esta obra se inició en octubre de 2020 sin autorización del gobierno ni estudios sobre el impacto ambiental, solo pidieron la venia de los comunarios de Cuarirenda (una de las 24 capitanías que conforman la Capitanía de Alto y Bajo Isoso), para abrir 15 kilómetros de camino para poder llegar hasta el Parapetí (El Deber, 08/02/2022). El puente fue concluido a mediados de 2021 y está ubicado en el sur del departamento de Santa Cruz, en la provincia Cordillera, dentro del municipio de Charagua, a 15 kilómetros de la comunidad guaraní Cuarirenda.
La edificación fue construida por los menonitas, quienes llegaron a Bolivia en 1954 procedentes de México, Canadá, Bélize, Estados Unidos y Paraguay (Correo del Sur, 03/07/2016), para asentarse en Santa Cruz, región boliviana donde predomina el modelo agroindustrial a gran escala. Los menonitas en Bolivia son migrantes de religión protestante, se dedican principalmente a actividades agrícolas o pecuarias y tradicionalmente se cierran a dejarse influenciar por la tecnología e interactuar con el mundo exterior. “Cerca de 57 mil menonitas organizados en 52 colonias interactúan en un mismo territorio con el capitalismo agrario boliviano”, menciona Adalberto Kopp en su publicación “Las colonias menonitas en Bolivia” (Fundación Tierra, 2015).
Kopp acota que los llamados “privilegios” religiosos que reconoce y ratifica de forma periódica el Estado boliviano no capturan del todo las recientes transformaciones agrarias ni reflejan la realidad social y económica de los menonitas de hoy. Ante los escasos estudios que existen sobre este tipo de colonias, cabe asumir que se acogieron a algún acuerdo internacional firmado por nuestro país para recibir migraciones de extranjeros; pero ¿esos acuerdos afirmarían que no iban a respetar las leyes bolivianas, que se beneficiarían del tráfico ilegal de tierras comunitarias o que iban a explotar irracionalmente nuestra biodiversidad y las áreas protegidas? ¿Qué labor cumple el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap)? y ¿cuánto ha hecho para frenar este inminente desastre ambiental?
El pasado 10 de febrero, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, luego de realizar una inspección en la zona a raíz de la denuncia periodística dijo que el puente no tiene una licencia ambiental e indicó que para legalizar la obra, la “Gobernación de Santa Cruz debería realizar un manifiesto ambiental”, hasta ahí era lo correcto; sin embargo, también recomendó a los comunarios que “hagan lo que sea necesario para que sea legal” (El Deber, 11/02/2022). ¿A qué se habrá referido el ministro con “hacer lo que sea necesario”? Quiero pensar que fue una desatinada afirmación que no pretendía recomendar que se incumpla la Ley 1333 de Medio Ambiente, la Ley 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien o la misma Constitución Política del Estado (CPE).
A pesar de la demanda penal a los responsables de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) de Cuarirenda interpuesta por Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz (El Deber, 11/02/2022), el ministro Montaño recomendó enjuiciar al Gobernador por incumplimiento de funciones (Página Siete, 11/02/2022). Hay un desacuerdo político que poco contribuye a solucionar este grave problema.
Dirigentes de la comunidad exigieron al Ministro de Obras Públicas, durante su visita, legalizar y ver la forma de mejorar la obra, alegando que traerá progreso a todo el Isoso, pese a la evidente deforestación y al daño ambiental que están causando esas obras (El Deber, 11/02/2022). La prioridad de los comunarios que autorizaron la construcción del puente y de una carretera de 15 kilómetros es la necesidad de caminos de acceso, trabajo, transporte de sus productos para ser comercializados, traslado de enfermos y mejores condiciones de vida para sus familias. Todas ellas necesidades poco atendidas por varios gobiernos municipales, departamentales y nacionales desde hace décadas.
Por ahora, además de la tensión política que se ha generado entre el gobierno central y las autoridades departamentales de Santa Cruz, resulta al menos cuestionable la tuición y competencias del Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino Charagua Iyambae en torno a la construcción del puente menonita al haber incumplido con la normativa legal boliviana en relación a la explotación de tierras y la necesidad de proteger las reservas naturales del país. ¿A título de autodeterminación como autonomía indígena pueden ellos dejar de cumplir las leyes bolivianas y nuestra carta magna?
Estos hechos revelan no sólo el avasallamiento de tierras, la deforestación descontrolada y el daño ambiental para nuestro país, sino también la reproducción de la lógica colonizadora en la que los comunarios indígenas se convierten en “cómplices” en nombre del progreso para ceder tierras en favor del desarrollo y progreso de la región sin tomar en cuenta el daño ambiental que a corto plazo les traerá la escasez de agua, la falta de alimento o recursos hídricos, el daño a la biodiversidad o la producción masiva con el uso transgénicos.
Ante una frágil aplicación de normas legales, se prioriza la tensión política que busca responsables antes que priorizar el dar soluciones consensuadas y efectivas de parte de las autoridades de distintos frentes políticos. La soberanía que se enarbola desde el púlpito político suena falsa, pues existen muchas empresas chinas, brasileras y un largo etcétera que se encuentran explotando los recursos naturales bolivianos de forma ilegal o con permisos “legales” gracias a redes de corrupción de funcionarios públicos que favorecen esos intereses económicos.
En definitiva, es urgente una evaluación técnica especializada, apropiada, conjunta entre los actores involucrados y la aplicación de políticas públicas medioambientales desde los tres niveles del Estado.
Por tanto, ¿tendrá Bolivia soberanía si se permite la explotación irracional de sus minas en el occidente y de sus bosques en el oriente? Es un tema complejo y sensible que requiere conciencia ciudadana, adecuada gestión pública y amplia discusión.
[1] El Kaa-Iya, con sus 3.441.115 hectáreas (superior al tamaño de Bélgica), constituye el área protegida de mayor superficie de Bolivia y —junto a Los Bañados de Isoso—, son un patrimonio natural incalculable para la salud ambiental de América y del planeta (Navia, 26/01/2022).
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