Las recientes declaraciones del presidente Luis Arce Catacora, al admitir que “todos lo sabíamos” con respecto a las denuncias de supuesto estupro que involucran a Evo Morales durante sus mandatos, han sacudido los cimientos del oficialismo boliviano. Lejos de ser una simple anécdota, sus palabras destapan una red de complicidad, silencios calculados y disputas internas que colocan a Arce en una posición delicada, tanto ante la opinión pública como dentro del Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP). Esta admisión, lejos de disipar dudas, revela tensiones latentes y profundiza la fractura en el seno del partido.
La confesión de Arce no sólo implica inacción ante delitos graves, sino que lo convierte en una pieza clave de un entramado de encubrimiento. Durante años, mientras ejercía como Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Arce tuvo conocimiento de los abusos y delitos que ahora expone públicamente. La pregunta inevitable es: ¿Por qué decidió hablar ahora? La respuesta parece radicar en la necesidad de proyectar una imagen de integridad y distanciarse de Morales para consolidar su liderazgo rumbo a las elecciones generales de 2025.
Este giro discursivo ocurre en un contexto donde la aprobación de Arce se desploma. El informe Latinobarómetro 2024 sitúa la aprobación de su gobierno en un alarmante 9%, una caída estrepitosa desde el 46% en 2023. Este declive refleja una crisis de confianza en las instituciones y un descontento generalizado con su gestión. La caída libre de su popularidad, sumada a la percepción de corrupción y falta de liderazgo, obliga a Arce a maniobrar políticamente para asegurar su supervivencia.
El MAS-IPSP, antaño una estructura sólida bajo el liderazgo de Morales, está fragmentado. Arce ha intentado consolidar su control sobre el partido recurriendo a maniobras legales con el respaldo de magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para apropiarse de la sigla y desplazar a Morales. Sin embargo, lejos de fortalecer su posición, esta jugada ha profundizado las divisiones internas. Los sectores radicales y los movimientos sociales afines a Morales ven en Arce a un dirigente carente de liderazgo, incapaz de cohesionar a las bases.
El control del MAS no es sólo simbólico; es la llave que abre la maquinaria electoral y la red territorial indispensable para la reelección. Al desplazar a Morales, Arce ha desencadenado una disputa interna que amenaza con fracturar al partido desde sus raíces. La posibilidad de encarcelar a Morales no es sólo una cuestión de justicia, sino una jugada estratégica para neutralizar al mayor obstáculo de cara a las elecciones de 2025. La suspensión de las primarias partidarias, impulsada por Arce, es reflejo de esta táctica: en una contienda interna, sabía que “el k’ara” difícilmente se impondría ante “el indio”.
Más allá de las pugnas internas, el deterioro institucional y la percepción de corrupción son determinantes en el desprestigio del gobierno de Arce. En Bolivia, los secretos a voces son parte del paisaje político, pero es crucial distinguir entre rumores infundados y aquellos que, por su insistencia, revelan dinámicas más profundas. La administración de Arce no ha estado exenta de estos señalamientos. Se rumorea que uno de sus hijos tiene influencia sobre negocios relacionados con el litio y el gas desde el piso 15 de YPFB, mientras que otro estaría vinculado a contratos con Emapa. Además, su esposa es señalada como una figura clave en la gestión de la Aduana Nacional. Estas versiones, aunque no siempre confirmadas, refuerzan la percepción de nepotismo y tráfico de influencias, desgastando aún más la imagen del Presidente.
El caso que ahora salpica a la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, y al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo del Carpio, ha profundizado aún más la crisis de la ya debilitada institucionalidad boliviana. Lo que comenzó como una denuncia por estupro contra Morales, terminó transformándose en un proceso por trata y tráfico de personas, dirigido irónicamente por Gutiérrez. Sin embargo, las recientes declaraciones de la presunta víctima revelaron un giro alarmante: los mismos que encabezan la investigación son ahora señalados como partícipes directos del delito ocurrido en 2019.
A diferencia de la postura que públicamente exigen a Morales presentarse ante la justicia para aclarar los cargos en su contra, los ahora implicados optan por el silencio, esquivan cuestionamientos y se atrincheran en sus cargos. Esta contradicción no sólo desnuda un doble estándar en la aplicación de la justicia, sino que profundiza la percepción de impunidad y manipulación política en los más altos niveles del gobierno.
Este secreto a voces refleja cómo el aparato judicial se ha transformado en un instrumento de conveniencia política. El silencio de Arce no sólo evidencia indiferencia, sino que también delata una estrategia calculada para preservar alianzas internas, aun a costa de revictimizar a quienes claman justicia. Las recientes declaraciones de la presunta víctima no han provocado una respuesta institucional acorde a la gravedad del caso. En lugar de trazar una línea clara de justicia, el Presidente mantiene en su gabinete al ministro Eduardo del Castillo, sindicado de haber participado directamente en el delito de trata y tráfico de personas.
Lejos de marcar distancia, Arce protege a uno de los principales acusados, enviando un mensaje de impunidad y complicidad que erosiona aún más la credibilidad de su gobierno. Las acusaciones contra Morales parecen responder menos a un afán de justicia que a una maniobra desesperada por desviar la atención de las grietas internas de su administración y revitalizar su desgastada imagen ante la opinión pública.
A pesar de los esfuerzos de Arce, Morales sigue siendo una figura dominante en la política boliviana. Su arraigo en sectores rurales y sindicales, junto a su capacidad para movilizar a las bases, lo convierten en el principal adversario interno. La posibilidad de su encarcelamiento no sólo apunta a erosionar su influencia, sino que responde a una lógica electoral en la que Arce busca eliminar cualquier amenaza a su reelección. En este escenario, queda claro que el siguiente objetivo en la lista de Arce es Andrónico Rodríguez.
Arce, en su intento por consolidar el poder, ha acelerado la descomposición del MAS-IPSP y ha expuesto las debilidades estructurales de su gobierno. El silencio prolongado ante los supuestos delitos de Morales, transformado ahora en discurso público, no lo absuelve, sino que lo presenta como parte activa de una red de impunidad que ha marcado la política boliviana durante décadas.
_____________________
La opinión de cada columnista de Guardiana no representa la línea editorial del medio de información. Es de exclusiva responsabilidad de quien firma la columna de opinión.
____________________
TE INVITAMOS A SUSCRIBIRTE DE FORMA GRATUITA AL BOLETÍN DE GUARDIANA
Recibirás cada 15 días el boletín DESCOMPLÍCATE. Incluye INFORMACIÓN ÚTIL que te ayudará a disminuir el tiempo que empleas para resolver trámites y/o problemas. Lo único que tienes que hacer para recibirlo es suscribirte en el siguiente enlace: https://descomplicate.substack.com/subscribe.
Comentarios