En este nuevo 2024, muchas personas tienen expectativas positivas sobre su trabajo, negocios y estudios; sin embargo, esas perspectivas deben confrontarse con una realidad adversa e incierta en el plano económico, de limitaciones para acceder a un buen empleo, a un adecuado servicio de salud o a una buena educación.
A nivel económico, a pesar de la información oficial, las y los ciudadanos perciben el incremento en el precio de los productos, la escasez de dólares americanos de frecuente uso en transacciones comerciales y en la distribución de la gasolina. “El gobierno del presidente Luis Arce había proyectado para el 2023 un crecimiento del 4,86%, que luego fue reajustado a un estimado de entre el 2,6% y el 2,7%. Sin embargo, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó el martes que al segundo trimestre el crecimiento económico fue del 2,2 %”. La posición oficial habló de estabilidad económica gracias a dos indicadores económicos: la disminución del desempleo al 3,6 % y la caída de la inflación al 1,48 % (Voz de América, 04/01/2024).
No obstante, esa información precisa ser contrastada con los datos del Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (INESAD) que afirman que un 85% de las personas con empleo (ocupados) en Bolivia forma parte del sector informal. Bolivia ha sido catalogada como uno de los países con mayor informalidad en el empleo. A nivel nacional cerca del 70 por ciento de la población ocupada se encuentra en esta situación, en el área urbana 57 por ciento son ocupados informales y en la rural más del 80 por ciento. Por otro lado, en la gestión 2022, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) informó que en Bolivia el 80 por ciento de las personas trabaja en la informalidad; de ese total, el 87 por ciento son mujeres y, de este porcentaje, 4 de cada 10 desempeñan sus actividades por cuenta propia (INESAD, 20/12/2023).
A quien le interese profundizar en esa temática podría revisar el estudio “Análisis del mercado laboral. Características de las empresas, mano de obra y habilidades en ciudades de Bolivia en 2022” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicado en diciembre de 2023. Esa investigación realizó dos encuestas en las áreas metropolitanas de Bolivia: La Paz-El Alto, Cochabamba y Santa Cruz (1.931 empresas), y otra en una muestra de ciudades intermedias y pequeñas (643 empresas). Ese trabajo da continuidad a otro publicado en 2020 en el marco de la necesidad de analizar la forma en que los mercados laborales han sufrido cambios sin precedentes debido a la automatización, la continua innovación tecnológica y la pandemia del Covid-19.
Por otro lado, los principales desafíos del área de salud se relacionan con mejorar el servicio del Sistema Único de Salud (SUS), a través de sus principales componentes: las Redes Integradas de Servicios de Salud, Recursos Humanos en Salud, Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP) y el Sistema Único de Información en Salud (SUIS). Se cuenta con políticas que aún deben institucionalizarse para mejorar la capacitación actualizada del personal en salud, la asignación adecuada de presupuestos y en especial una atención en salud de calidad para las y los pacientes. La población aún no percibe que existan mejoras sustanciales en el servicio público porque además de los equipos e infraestructura, el factor humano (médicos y enfermeras) sigue siendo cuestionado.
Al respecto, la memoria del Primer Encuentro de Defensores del Paciente publicada por la Defensoría del Pueblo (2015) evaluó los alcances de esa iniciativa creada en 2012 y que actualmente está presente en 32 hospitales a nivel nacional. A 11 años de su creación sería interesante evaluar los resultados de esa iniciativa que surgió con los siguientes objetivos: 1) informar y orientar a pacientes y familiares sobre los servicios de salud; 2) atender reclamos por maltrato por parte del personal médico, enfermeras o administrativos; 3) investigar los reclamos registrados en contra del personal médico, enfermeras, enfermeros y personal administrativo y gestionar una solución en el marco de sus competencias; y 4) emitir recomendaciones generales emergentes del análisis de los casos con el objeto de mejorar el servicio que presta el hospital y prevenir la vulneración de derechos.
Este 2024, los desafíos en el ámbito educativo también son grandes. Según el especialista Jorge Nava para garantizar el derecho a la educación de calidad para todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, “se requiere una mayor inversión en infraestructura, equipamiento, conectividad y mejorar la capacitación docente, así como una mayor coordinación entre el Estado, el sector privado, la sociedad civil y las familias (…). El sistema educativo boliviano también genera violencia psicológica hacia los estudiantes, al imponerles bajas exigencias, evaluaciones no reguladas, ni supervisadas por un tercero. No hay auditorías educativas, tanto de manera interna como externa; y sobre todo las sanciones no se ajustan a las nuevas realidades, ni a necesidades, intereses y ritmos propios que ameritan el control sobre niños, niñas y adolescentes en pleno Siglo XXI” (El Diario, 8/01/2024).
Ese balance nos muestra que tenemos muchas expectativas en esta nueva gestión. Hago votos por que autoridades, funcionarios públicos y privados trabajen conscientemente en estos tres ámbitos fundamentales para el bienestar de las y los bolivianos.
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