A propósito de los eventos sucedidos en nuestro país el pasado 26 de junio, cuando un grupo de militares, armados y en traje de campaña, irrumpieron en la Plaza Murillo de la ciudad de La Paz, en clara manifestación de insubordinación frente al poder legítimamente constituido, corresponde, en primer lugar, condenar enérgicamente estos acontecimientos y, en segundo término, analizar las consistencias y/o vulnerabilidades del Estado y sus instituciones frente a situaciones de intentos de ruptura del orden constitucional democrático.
Bordeaba las 3 de la tarde cuando los medios de comunicación tradicionales y redes sociales comenzaron a difundir, a partir de una gran cobertura mediática, los hechos que sucedían en el principal espacio de poder político del Estado Plurinacional de Bolivia. Se producía una irregular toma militar de la plaza Murillo, kilómetro cero de la ciudad sede de gobierno.
La población anoticiada de estos preocupantes hechos, y ante la aparente desprotección del Estado, se volcó a los centros de abasto, entidades bancarias y centros comerciales para tomar medidas de aprovisionamiento frente a la posibilidad de una escalada mayor de estas acciones militares.
¿Qué y cuáles fueron los factores que indujeron a este grupo militar, encabezado por un General, nada menos que Comandante del Ejército, a quebrantar el orden constitucional? Hasta hoy y pese a la avalancha de manifestaciones de diferentes personas y grupos por explicar lo sucedido, no se sabe, a ciencia cierta, cuáles las verdaderas motivaciones de los insurrectos.
Lo que sí es cierto es que existió una flagrante violación a los preceptos constitucionales, desde el momento mismo en que el líder de los militares insurrectos apareció, días antes, en un medio de comunicación, para amenazar a un expresidente constitucional, frente a la posibilidad de éste, de presentarse como candidato en las elecciones generales a desarrollarse el próximo año.
Este solo hecho contradice totalmente los preceptos que establecen nuestras normas nacionales y las normas internacionales que determinan que el poder militar “no delibera ni gobierna, bajo ninguna circunstancia” en virtud de que es una fuerza que detenta el uso de armas y cuya función no es el ejercicio político del poder, sino la defensa del orden constitucional y del gobierno legítimamente constituido, además de la defensa de la integridad territorial del Estado.
En este caso particular, se vulneró la Constitución Política del Estado, artículo 244, que establece la misión fundamental de las Fuerzas Armadas del Estado, quienes deben defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor y soberanía, asegurar el imperio de la Constitución y garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido. A su vez, la Corte Interamericana de Derechos humanos (CIDH) establece que “las fuerzas Armadas tienen como misión fundamental defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, preservando la democracia y los derechos humanos".
En segundo lugar, llama la atención que el Gobierno nacional no haya reaccionado oportuna y enérgicamente frente a la aparición pública del excomandante Zúñiga, quien, precisamente, permanecía en su cargo al momento de perpetrarse el intento golpista. Ningún Estado, por más democrático que sea, puede ser condescendiente con el quebrantamiento de las normas y menos, displicente, con las funciones de seguridad del propio Estado. Lo sucedido puso en evidencia la vulnerabilidad del Estado y de la seguridad que debe brindarse a la población; la inacción de las autoridades del Órgano Ejecutivo permitió que grupos de militares, con poder bélico, actuarán al margen de la ley.
¿Un acto consentido? Según el Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales de Manuel Osorio, el vocablo ‘acto’ es: “Manifestación de voluntad o de fuerza consentimiento”, es: ‘acción y efecto de consentir’, y la palabra ‘consentir’ según el mismo diccionario, es: “Permitir algo, condescender en que se haga”.
Debemos observar pasividad y lentitud en las acciones del Órgano Ejecutivo, ante la evidencia de un quebrantamiento indiscutible del orden normativo constitucional que obliga a las Fuerzas Armadas a la obediencia al poder civil democrático, resultado de la voluntad popular expresado en las urnas.
En tercer lugar, lo sucedido muestra claramente la supervivencia de eternos y profundos problemas de constitución, estructura, funcionamiento y pensamiento dentro de las Fuerzas Armadas de Bolivia. No se puede mantener intocables formas y maneras de ser de unas Fuerzas Armadas que mantienen, en su seno profundo, claras evidencias de visiones antidemocráticas, racistas y clasistas, que contradicen el esfuerzo por consolidar un verdadero “Estado de Derecho”.
A propósito, se debe recordar que, en el marco del proceso constituyente, que concluyó con la aprobación de una nueva Constitución Política del Estado en febrero de 2009, el tema de las Fuerzas Armadas no fue tocado ni debatido en absoluto, seguramente bajo el erróneo enfoque de que éste es un tema que no debiera “urgarse”, para no desatar, precisamente, los vientos antidemocráticos que alberga el seno de la institución armada y que, de cuando en cuando, salen a la luz pública con mayor notoriedad, como es el caso de lo sucedido en noviembre de 2019 y en los días pasados.
Es hora entonces de retomar el debate sobre la pertinencia, formas, contenidos y necesidad, o no, de contar con unas Fuerzas Armadas como las que tenemos hasta hoy. Por otro lado, e independientemente del debate sugerido, se debe asegurar el mayor respeto por los derechos humanos de toda la población, más allá de su condición política, social, económica y cultural, de manera de avanzar hacia la constitución y consolidación de un verdadero Estado de Derecho. El Estado de Derecho se constituye en una de las condiciones básicas para la convivencia pacífica y requiere de un orden político que provea seguridad a la población y, sobre todo, respeto por los derechos humanos, limitando las acciones de las personas y organizaciones que actúan fuera de la ley, a través de mecanismos establecidos en las propias normas.
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