¡Por fin! Realmente es una alegría contar con el informe final del Censo de Población y Vivienda 2024, a pesar de las dudas sobre sus resultados y sobre el posible manejo realizado para perjudicar a ciertas regiones, evitar un mejor posicionamiento político o una distribución problemática de fondos del Estado. Ya contamos con importantes cifras que permitirían a las distintas entidades gubernamentales, en sus diferentes niveles, utilizarlas para la planificación estratégica y el establecimiento de políticas públicas.
Existen datos reveladores, algunos interesantes para el análisis, otros preocupantes que deben despertar en el Estado el inicio de acciones urgentes. Veamos algunos que tienen una directa relación con los derechos humanos, su protección, promoción y ejercicio pleno.
Somos 11.365.333 estantes y habitantes de esta hermosa tierra boliviana, por debajo de las previsiones del mismo Instituto Nacional de Estadística (INE). En realidad, seguimos siendo pocos: 10,3 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que no es malo por cuestiones de capacidad de carga del nicho ecológico, pero lo preocupante es que la población se ha volcado a las áreas urbanas (69%). Es ahí donde surgen problemas de distribución de agua, vivienda, servicios como educación, salud, transporte, seguridad, en resumen un hábitat adecuado, extremo. En la mayoría de casos, las ciudades son muy limitadas o directamente inexistentes, principalmente porque no han pasado por una planificación adecuada, por lo que se observan cinturones de pobreza en todas ellas, donde muchas veces las organizaciones vecinales y comunales tienen que sustituir la falta del Estado, para brindarse estos servicios o luchar denodadamente por agua, electricidad, aceras, alcantarillado, centros de salud, educativos, etc.
Al respecto, se debe analizar el vaciamiento del área rural, donde habitan 3.518.625 bolivianos y bolivianas, quiere decir que desde el anterior censo más de un millón y medio de personas se han trasladado a las ciudades. A lo mejor deberíamos decir que han escapado de condiciones difíciles para la vida, el cambio climático con sequías, inundaciones y eventos naturales extremos que devastan los medios de subsistencia rurales.
La sobreexplotación de las tierras resultado del minifundio provocado por la reforma agraria de 1952 ha erosionado la fertilidad de los suelos, especialmente en las frágiles regiones del altiplano y los valles. Todo lo anterior sumado a la falta de oportunidades económicas, el acceso limitado a servicios básicos y la búsqueda de mejor educación y atención médica impulsan a muchos, especialmente jóvenes, a buscar un futuro en las ciudades. Los datos del INE lo muestran claramente: sólo 44,7% de las viviendas rurales tienen agua, 48% acceso a gas, 9% a alcantarillado y, por ello, el 47,8 sigue usando leña para cocinar.
Lo precitado pone en evidencia en primera instancia la mentira del llamado “proceso de cambio” masista, y el engaño a los pueblos indígenas originario campesinos que lucharon por muchas décadas justamente por ser y pertenecer a este Estado que no les daba nada o sólo les lanzaba migajas; por ello desde el 2009 con una nueva Constitución que determinaba su existencia como ciudadanos —ya no de segunda clase, sino parte del todo—, pensaban que su situación cambiaría, pero no, todo fue una burbuja de jabón que ahora explotó y desnuda su realidad de todavía exclusión, pobreza y falta de oportunidades, por ello, como afirmamos, escaparon no sólo a las áreas urbanas, sino al exterior del país, a cuidar campos de Argentina y Chile, en lugar de hacerlo en su tierra, a brindar su mano de obra, siempre responsable, resiliente y trabajadora en Brasil, Estados Unidos o Europa, como casi siempre indican sus empleadores extranjeros cuando hablan de los laburantes bolivianos, de lo que deberíamos sentirnos orgullosos, aunque tristes de que esas manos no están trabajando para forjar la grandeza del país, que no les dio casi nada, pero que aún así siguen amando y retornando cuando pueden a sentirse nuevamente en casa.
¿Será que lo precitado es la causa de que haya bajado sustancialmente la autoidentificación indígena? Aunque merecería una investigación más profunda, llama demasiado la atención que en 2001, el 62% de la población se reconocía como indígena; en 2012, la cifra bajó a 41%; la Encuesta de Hogares del INE de 2018 registró 34% y la de 2021, 26,5%. Con los datos del nuevo censo, el porcentaje se sitúa en 38,7%, pero mantiene una reducción significativa en el largo plazo.
¿Se deberá a que ser indígena ya no significa nada diferente?, ¿negándolo puedo tener oportunidades mejores?, ¿mi traslado a la ciudad me obliga a olvidar mis raíces?, ¿reconocerme indígena me volverá ciudadano de segunda categoría?, ¿niego mi origen por decepción con aquellos que me utilizaron sólo para su beneficio político? Son preguntas que hay que responder a corto plazo, porque seguro no faltará el trasnochado que diga que ya no somos un Estado plurinacional sin entender realmente este concepto.
Es preciso analizar y estudiar esta problemática. Quizá este nuevo ciclo que se abre, haga que la agenda indígena retorne con fuerza, pero propia y apartada de los apetitos de otros actores que sólo los usaron como instrumento folclórico para sus concentraciones y que hasta ahora todavía siguen en ese camino de instrumentalización, apartándolos de sus verdaderas reivindicaciones.
Por otra parte, uno de los temas más preocupantes para los derechos humanos son los datos de pobreza: tres de cada 10 compatriotas no tienen sus necesidades básicas satisfechas y 4 de cada 10 están en el umbral de pobreza. ¿Esto qué significa? Estos seres humanos no tienen condiciones de habitabilidad (agua, saneamiento), viven hacinados en una vivienda, no tienen casa propia, algunos de sus miembros no disfrutan de educación y salud, y finalmente sus ingresos no les permiten una alimentación adecuada.
Los datos oficiales sobre pobreza ya han sido observados por las organizaciones de la sociedad civil como Fundación Jubileo que señala que no son ciertos, calculando que debido a la crisis que vivimos, el porcentaje sería en realidad del 44% de pobreza moderada y 17,5% de pobreza extrema, lo que realmente es preocupante y una llamada de atención urgente para el siguiente gobierno y las medidas que deba adoptar.
Tenemos otros datos que deben ser también observados, como la baja tasa de fecundidad. En 1988 era de 4,2 hijos; en 2003, las mujeres bolivianas tenían un promedio de 3,8 hijos, mientras que en 2025 esta cifra se redujo a 2,1 hijos por mujer. Si bien quizá se pueda deducir que esto se debe a que la población femenina tiene mayor decisión sobre su cuerpo y sus decisiones, quizá habría que profundizar más para ver si esto no es, más bien, otra exigencia social, ya que las mujeres si bien han subido en su nivel de educación y, por lo tanto, pueden estar participando más en el mercado laboral, esto justamente les impide decidirse por la maternidad.
Por otro lado, existen análisis que señalan que la decisión de no tener hijos por parte de las parejas no pasa tanto por el empoderamiento femenino, sino netamente por la economía y las dificultades cada vez más perceptibles de asumir responsabilidad por hijos o hijas que reportarán un gasto excesivo que las condiciones actuales no permiten. El promedio actual para el INE todavía no es una gran preocupación por la famosa tasa de reemplazo, pero si sigue en caída como en gran parte del mundo occidental, puede ser peligroso, aun más para nosotros que somos, como se dijo anteriormente, un país con poca población.
De lo anterior surge otra preocupación: la cada vez más grande población de adultos mayores, que para los derechos humanos es uno de los grupos en situación de vulnerabilidad más sensible por su situación de abandono, fragilidad y falta de atención del Estado y la sociedad. Tenemos 1.230.493 adultos mayores que representan el 10% de la población total. Este estrato poblacional en Bolivia se encuentra en una situación muy difícil: 42% vive en soledad, sin que su familia se ocupe de su cuidado. Asimismo, hay una gran porción que asume labores de cuidado sin remuneración alguna y en condiciones precarias. Sólo el 20% tiene una renta de la seguridad social (que tampoco es una maravilla), por lo que el 80% se mantiene con los bonos del gobierno, es decir con 350 bolivianos al mes que, por supuesto, dada la crisis económica, ha perdido completamente su poder adquisitivo, condenando al grueso de nuestros mayores a pedir auxilio o vivir en la pobreza.
Como se observa, la mayoría de los datos del censo presentados hace pocos días nos pone en alerta porque es una radiografía de una parte de la realidad boliviana, triste en varios aspectos porque demuestra una vez más el espejismo que nos hicieron vivir a punta de propaganda gubernamental, mentiras, medias verdades y eslogans, y, al parecer, por todo esto no asumirán su responsabilidad, perdiéndose una de las grandes oportunidades, quizá no de cambiar de la noche a la mañana, pero de sentar las bases para días mejores.
Sin embargo, por otra parte, ahora que tenemos la radiografía, como buenos galenos sociales se presenta la oportunidad de hacer las cosas con seriedad, responsabilidad y real amor a la patria y a su gente para dar mejores días a los hijos e hijas de esta tierra bendita. Esperemos que así sea.
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