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Las relaciones entre la democracia y el desarrollo económico constituyen un escenario político de múltiples convergencias y divorcios. En el siglo XXI, los datos históricos en América Latina y Europa del Este no permiten emitir un juicio definitivo sobre las ventajas que la democracia brinda al desarrollo económico y viceversa. Una de las preguntas centrales plantea: ¿Cuáles son las consecuencias políticas del bienestar material moderno?

Asimismo, debemos seguir investigando de qué manera las libertades civiles –aquellas necesarias para que la gente elija libremente a sus gobernantes– afectan el bienestar colectivo en otros terrenos; es decir, más allá de la esfera política, dando lugar a una reflexión sobre las consecuencias materiales de los regímenes políticos.

En los debates sobre democracia y desarrollo económico saltan a la vista dos posiciones. Primero, aquellas donde se juzga a la democracia como un lujo que puede ser ofrecido solamente después de haber alcanzado un “alto nivel de desarrollo”. Algunos investigadores (Seymour Martin Lipset) pensaban que cuanta más democracia existía, había mayores probabilidades para desviar recursos hacia el consumo antes que hacia la inversión, razón por la cual, si los países subdesarrollados o pobres buscaban un verdadero despegue económico en términos de crecimiento, debían “limitar la participación democrática” en los asuntos políticos.

La segunda perspectiva mostraba que el advenimiento de la democracia era una etapa “inexorable” como consecuencia del desarrollo (David Apter). Muchas veces se afirmó que la incidencia de la democracia estaba indudablemente relacionada con el nivel de desarrollo económico (medido como ingreso per cápita).

Por lo tanto, no es lo mismo utilizar el concepto de democracia para estudiar sus influencias en el desarrollo económico, y ofrecer una perspectiva más operativa para los fines de medición sobre la consolidación democrática, según el escenario histórico de diferentes países.

De manera directa y sencilla, la democracia es aquel régimen donde aquellos que gobiernan son elegidos a través de un proceso de elecciones competitivas. Esta definición tiene dos componentes: gobierno y competición en los procesos eleccionarios que, básicamente, deben corresponder a la elección del jefe ejecutivo del gobierno y de una asamblea legislativa. La competencia implica tres características: primero, incertidumbre ante de las elecciones (no sabemos quién ganará); segundo, irreversibilidad expost (una vez conocidos los resultados); y tercero, que las elecciones puedan repetirse en un periodo largo de tiempo.

Por el contrario, el concepto de dictadura significa que aquellos que detentan el poder en un determinado momento se resisten a ceder el gobierno como resultado de elecciones libres. La dictadura nunca tiene la voluntad de entregar el poder a nuevos titulares después de las elecciones. Al mismo tiempo, aparecen cuatro características dictatoriales: 1) otros partidos políticos de oposición no son permitidos, 2) hay solamente un partido dominante, 3) el periodo de gobierno de la dictadura puede terminar en un sistema de partido único, o donde los demás opositores están proscritos, y 4) se clausura inconstitucionalmente el poder legislativo, tratándose de reescribir las reglas del juego (puede ser una nueva constitución), favorables solamente a los titulares del poder que se rehúsan a dejar el gobierno.

De alguna manera, la democracia es un fenómeno exógeno (no siempre endógeno generado por el crecimiento económico per se), es decir, un Deus exmachina, tendiendo a sobrevivir si el país es moderno (en términos capitalistas occidentales); pero la democracia “no es exclusivamente un producto directo de la modernización”.

El poder causal del desarrollo económico para derrumbar las dictaduras y hacer florecer la democracia es muy pequeño. El nivel de desarrollo, medido en términos de ingreso per cápita, arroja pocas luces sobre las oportunidades de transición hacia la democracia; sin embargo, el ingreso per cápita tiene un fuerte impacto en la supervivencia del régimen democrático. Ahora bien, el ingreso per cápita tampoco se convierte en una evidencia suficiente en torno a la consolidación de la democracia, entendida como un régimen deseable con la capacidad de tener “durabilidad en el tiempo”.

No existe una relación lineal entre el desarrollo económico que termina con las dictaduras y da paso – infaliblemente – a la emergencia de una democracia. Una vez que ésta se establece, tiene mayores probabilidades de perdurar en los países altamente desarrollados con buenos ingresos, altos niveles de empleo y gozando de la satisfacción material que los ciudadanos ansían en el capitalismo occidental, pero no es la situación por excelencia, pues en otros países de ingresos medios, pobres y de raíz cultural totalmente diferente a la racionalidad occidental, la democracia hace los esfuerzos para convertirse en un régimen de gobierno pacífico y útil en la determinación de una nueva lógica equilibrada en el establecimiento de la titularidad del poder.

Las crisis económicas en los países pobres de América Latina y África representan una de las amenazas más comunes para la estabilidad democrática; aunque no existe una evidencia fuerte sobre si las presiones por una distribución igualitaria se convierten en factores que definitivamente menoscaban la democracia; empero, está por demás claro que la concentración abusiva de la riqueza en las sociedades pobres, erosiona la estabilidad de un régimen democrático.

Extraer conclusiones determinantes, en torno a un modelo único de democracia universal que conviva con el desarrollo económico, es sumamente difícil.

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