Que Bolivia está en sumida en crisis no sólo política, económica, sino social, y hasta de valores colectivos es innegable. Como nos acercamos a un periodo de campañas electorales, los potenciales “salvadores” de nuestro país están empezando a reproducirse como hongos. Lo gracioso es que la mayoría quiere lucir como Milei criollos, pero sin parecerse demasiado al Presidente vecino, para que no digan que se van a los extremos.
De ahí surgen propuestas como las presentadas por Samuel Doria Medina la anterior semana o Antonio Saravia en un artículo publicado el 14 de octubre, sin embargo, preocupan las mismas a quienes trabajamos por los derechos humanos, puesto que éstos no entran ni siquiera en su léxico y, por el contrario, parecería que, en las soluciones planteadas, lo último que están analizando es el costo social y humano que conllevarían.
Veamos, Don Samuel señaló en su presentación que "no basta con acabar con el MAS, sino terminar con este modelo que hace 20 años destruye Bolivia". Al señalar esto, salta una primera inquietud al no definir “modelo”, ¿Se referirá solamente al tema económico? o más bien, como buen conservador que es, ¿estará hablando de “acabar” con los avances del Estado Plurinacional, en lo que respecta al reconocimiento de los pueblos y naciones indígenas, a sus derechos colectivos, al respeto a la madre tierra, a los más de cien derechos reconocidos? Es muy posible que sí, al igual que Saravia seguramente piensa que vida, libertad y propiedad son los únicos que deberían estar en la Constitución, sabiendo que éstos quedaron ya superados luego de la revolución francesa y americana, que hizo un abuso de los mismos sólo para interés de los poderosos. La historia universal lo clarifica y sirve de testigo a ello.
Algo que debe quedar claro es que el MAS es el gran culpable de que el Estado Plurinacional no se haya consolidado en el país- Utilizó a los indígenas (lo sigue haciendo), desinstitucionalizó todo, fue como un rey Midas a la inversa, pero eso no es culpa de la Constitución y lo que ella significa para la historia del país. Desconocer esto es no haber leído nuestra historia a profundidad, entender la discriminación histórica y los abusos contra los pueblos indígenas. Lo abigarrado de nuestro devenir como país y sociedad nos permite analizar que la norma fundamental de 2009 era necesaria y lo sigue siendo para tratar de consolidar un Estado con una sociedad diversa y compleja en cosmovisiones como la nuestra.
A su vez Saravia, criticando a Doria Medina, refiere que su solución para introducir dólares a la economía está mal, debiendo tomarse medidas más drásticas como eliminar el subsidio a los hidrocarburos, las empresas públicas, despedir a más de 200 mil servidores y servidoras públicas, cerrar la mitad de los ministerios.
Quizá desde el ámbito económico frío y descarnado, estas medidas no suenen tan terribles, pero desde el ámbito social, pueden tener peores consecuencias.
Con datos de 2022 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, se decía que el Estado tenía un poco más de 424 mil ítems; sin embargo, los gobiernos departamentales y municipales significaban el 8.4% de ese total (35 mil aproximadamente); las universidades públicas se llevan 24 mil ítems. En el nivel central tenemos 188 mil profesores (44.4%); 65 mil en el sector salud y de seguridad social; 62 mil servidores y servidoras policiales y militares (14,7), por lo tanto, el 74,8% se concentra en estos funcionarios públicos que son necesarios e incluso podríamos pensar que son insuficientes porque debería haber más profesores/as y personal de salud, quizá excluiría a las Fuerzas Armadas, pero es discutible.
Entre los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Electoral y entidades de control y defensa como la Defensoría, Procuraduría, Contraloría y Ministerio Público se concentra únicamente el 4,8% con algo más de 20,4 mil ítems. Las empresas públicas y entidades descentralizadas tienen 26 mil funcionarios públicos, lo que representa el 6,2%, aquí va la mayor crítica.
Como se podrá apreciar, señalar alegremente que se debe despedir a más de 200 mil personas, sin analizar el funcionamiento del Estado, es un despropósito. Milei, entre el inicio de su gobierno y junio de este año, despidió a 26.600 personas, en un aparato estatal mucho más grande que el nuestro.
Que hay que reordenar, redistribuir en muchos casos los servicios personales del Estado, es obviamente necesario y principalmente lo que se debe hacer es cumplir la normativa actual e institucionalizar todo el aparato burocrático, bajo principios meritocráticos y de eficiencia, sería el camino correcto.
No hay que dejar de lado la experiencia del Decreto Supremo 21060, y sus efectos sociales, hoy tenemos varias “republiquetas”, en las cuales campean actividades ilícitas como el contrabando o el narcotráfico, que se han alimentado de la gente que no tuvo otras oportunidades al ser “relocalizada”. Es evidente que actualmente no existe los espacios privados y públicos suficientes para toda la gente que estudió en vano y se dedica a sobrevivir, mucho ojo con eso al hablar de despido y rebajas de personal.
Los actuales presidenciables plantean que debe liberarse completamente la economía, dejarse la libertad de empresa y libre contratación, Saravia lo dice así: “Si a alguna empresa le interesa explotar litio o gas bienvenida y que invierta teniendo la seguridad de que no será nacionalizada y no le cambiarán las reglas de juego”. Si bien es cierto que es importante la libertad de crear industria y comercio, la experiencia histórica mundial y fundamentalmente nacional, nos muestra que esto tampoco nos ha funcionado completamente, y siempre ha resultado en un abuso para el erario nacional. Desde Arce, Pacheco en el auge de la plata, Patiño, Hoschild y Aramayo, reyes del estaño, pasando por el proceso de privatización de Paz Zamora y la capitalización de Sánchez de Lozada, que tenían esa misma línea, se ha visto que fueron medidas fracasadas y que tampoco nos sacaron del atraso y la pobreza, llenando los bolsillos de una minoría que además determinaba los destinos del país, con base en sus intereses.
Don Samuel señala que deberían liberarse las exportaciones, medida criticada por Saravia al señalar que también las importaciones, argumentando que las “familias bolivianas podrán comprar lo que quieran, de donde quieran y sin pagar aranceles” y plantea una serie de medidas para lograr esto como “la provisión de seguridad jurídica, la aprobación de la biotecnología, la reducción significativa de impuestos, trámites y regulaciones en el mercado laboral, la libre importación de combustibles, etc. Cuando esto se garantice las empresas locales podrán competir con el producto extranjero. Y si no lo pueden hacer, pues no pasa nada, se compra el producto de afuera y nos dedicamos a algo en lo que sí tengamos ventaja comparativa”, nuevamente, las afirmaciones parecería que no son bien meditas desde otros ámbitos, por ejemplo al señalar que se apruebe biotecnología, ¡cuidado con los transgénicos y los organismos genéticamente modificados!, que tantos problemas viene trayendo a la salud y al medio ambiente, muchos soyeros, cañeros y otros se relamen con esto y seguir quemando y destruyendo, muchos/as están a la esperan por minutos se pueda traer maíz transgénico y destruir nuestro maíz criollo, medidas resistida por los pueblos indígenas. La otra pregunta es ¿en que tenemos ventaja competitiva que alcance para todos y todas?
Otro tema que hace ruido de las propuestas es la liberalización de la regulación laboral, imagínense ahora que hay tanta regulación para proteger el empleo y otros derechos laborales no se cumple por la empresa privada y menos pública ¿Se imagina qué pasaría si hubiera menos regulación? Creo que muchos lectores podrían atestiguar este punto de mejor manera.
En conclusión, hay que tener mucho cuidado con los nuevos pajpakus, con esas personas que esgrimiendo su buen carisma (obviamente no Doria Medina), van ofreciendo gato por liebre a sus incautos clientes. Creo fehacientemente que ni la extremista izquierda ni la derecha solucionaron nunca nada sin un costo social muy alto, y no se puede pensar en medidas sin meditar sobre el efecto en el ser humano, que al final es el fin y razón del Estado, no puede haber sacrificables jamás.
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