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Por Lu An Mendez* //

En Bolivia, las mujeres han conquistado espacios en la vida política gracias a su persistencia y lucha colectiva. Sin embargo, su permanencia en estos espacios sigue siendo amenazada por una violencia estructural que no cede: el acoso y la violencia política, que hoy se expresan y amplifican mediante las tecnologías digitales.

Pese a contar con normativas que garantizan la participación política de las mujeres, persiste una brecha alarmante entre el derecho formal y la experiencia cotidiana. Muchas enfrentan hostigamiento, discriminación y ataques sistemáticos que buscan silenciarlas y excluirlas del debate público. Entre 2018 y 2023, la Defensoría del Pueblo registró más de 600 casos de acoso y violencia política, que incluyeron presiones para renuncias forzadas, campañas de difamación y discursos de odio. Estos ataques no son neutros: tienen un claro sesgo de género. Se desacreditan trayectorias políticas con burlas a la inteligencia, desinformación de género, contenido sexual manipulado y comentarios racistas, todo con el fin de socavar la legitimidad de las mujeres, especialmente cuando son jóvenes, indígenas o disidentes.

En este contexto, el proyecto MonitorA, impulsado por InternetLab y desarrollado en Bolivia por Fundación InternetBolivia.org y el Centro S.O.S. Digital, se convierte en una herramienta clave. Su objetivo es visibilizar cómo se manifiesta la violencia política en entornos digitales, comprender sus dinámicas y proponer estrategias para su prevención, atención y reparación.

El monitoreo se basa en la recolección y análisis de datos provenientes de plataformas como YouTube, TikTok y Facebook, a partir de un léxico de términos potencialmente ofensivos. Este léxico fue construido mediante la identificación de palabras comúnmente utilizadas para agredir a mujeres en política, complementado con bibliografía académica especializada. Actualmente, contiene 102 términos agrupados en categorías como misoginia, discriminación, ideología, descalificación personal, discursos de agresión y acoso sexual.

Un análisis preliminar revela que los ataques más frecuentes hacia las candidatas se relacionan, en primer lugar, con su ideología política; en segundo lugar, con ataques personales; y en tercer lugar, con expresiones de racismo y discriminación. Además, el 62,4% de los comentarios ofensivos analizados están dirigidos específicamente a mujeres.

Para este estudio, se analizaron aproximadamente 17.000 comentarios extraídos de canales de YouTube que generan contenido relacionado con las elecciones nacionales. Aunque los hallazgos son aún preliminares, evidencian un contexto electoral altamente polarizado, en el que el acoso y la violencia política no sólo se intensifican a través del uso de tecnologías, sino que también se normalizan.

Si bien los resultados completos se publicarán en abril de 2026, durante el proceso electoral se difundirán informes parciales con el objetivo de incidir en el reconocimiento institucional de esta forma de violencia como una manifestación estructural de la desigualdad de género. Esta investigación busca contribuir a una comprensión crítica de la violencia política de género en entornos digitales, particularmente en el contexto boliviano. Para ello, se plantean preguntas fundamentales como:

¿Cómo diferenciar la violencia política digital de género de las expresiones de opinión, incluso cuando estas puedan ser ofensivas?

Es urgente que el Estado asuma su responsabilidad en la protección de los derechos políticos de las mujeres, y que las plataformas digitales implementen políticas de moderación efectivas que identifiquen y enfrenten los discursos de odio y las campañas de desinformación sin poner en riesgo la libertad de expresión. No todo comentario ofensivo constituye violencia política, pero la violencia política —aunque ocurra detrás de una pantalla— tiene efectos reales y profundos sobre la democracia.

*Directora del área de violencias digitales y coord. SOS Digital de la Fundación InternetBolivia.org

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