Por Muriel Alarcón (Santiago de Chile)
En agosto de 2021, Mayka Martínez, activista medioambiental, recibió un audio que la estremeció. Era su vecina Patricia Bravo, presidenta de la junta de vecinos de La Farfana, un pueblito campestre en la comuna de Maipú, al norte de Santiago, la capital de Chile. Bravo lloraba, desesperada: “¿Qué vamos a hacer?”, preguntaba. “Se acabó el mundo para nosotros”. Una planta de tratamiento de aguas servidas, llamada Santa María, se instalaría junto a sus casas.
A Martínez la conmovió. “Sentí que algo debía hacerse”. Rápidamente, compartió el audio en un chat vecinal con 8.000 miembros, creado una década antes cuando los residentes de la zona, cansados de la delincuencia, decidieron unirse. El grupo se había fortalecido durante la pandemia.
Martínez recuerda que ante la desolación de Bravo, todos reaccionaron. ¿Qué temían? El impacto. “Más mal olor del que ya soportaban cada día”, dice.
La comunidad ya vivía con otra planta de tratamiento y, según Martínez, ya sufría diversos problemas derivados de su operación. La activista y otros vecinos se conformaron rápidamente bajo la organización Coordinadora Ambiental La Farfana para enfrentar la amenaza. “Fue un mes en la calle, un mes de panfletos. No hacía falta explicar nada porque aquí nadie soportaba más. Nos despertaban en la madrugada los olores, nos daban náuseas, los niños sufrían con dolores de estómago”, cuenta Martínez. Fue tanto el apoyo que la alerta consiguió entre ciudadanos que el proyecto fue rechazado por la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de la Región Metropolitana. El alcalde de la comuna, Tomás Vodanovic, se lo atribuyó a las organizaciones territoriales de La Farfana.
La lucha de Martínez, hoy una de las activistas más destacadas en esta causa, apenas comenzaba. Ahora es un movimiento masivo que ha unido a comunidades afectadas como Til Til, Lampa, Colina y Quilicura.
“Una vez al año hay una emergencia de olores”, afirma Rodrigo Vallejos, líder de la organización Resistencia Socioambiental de Quilicura. Vallejos se unió a la causa de Martínez para fortalecer la coordinación regional y fundar juntos el Cordón Socioambiental, una organización que, según Martínez, "nació pidiéndonos auxilio unos a otros" y que hoy cuenta con el respaldo de parlamentarios en el Congreso.
En Chile el mal olor ha dejado de ser sólo una molestia para convertirse en un problema grave de salud pública y calidad de vida. Este año, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que modifica la Ley 19.300 sobre Bases Generales de Medio Ambiente que define como “contaminación odorífica aquella provocada por el hombre o por la naturaleza, de manera directa o indirecta, con determinados componentes que tengan como consecuencia la producción de efectos perjudiciales, o que provoquen molestias, daño o perturbación olfativa excesiva” y busca regularizarla.
El avance legislativo, hoy en el Senado chileno, toma como caso emblemático de la regulación del olor en Chile el conflicto de 2010 en Freirina, en la Provincia de Huasco, en la Región de Atacama, donde los malos olores de la planta de cerdos de Agrosuper provocaron una crisis sanitaria. Conocido en Chile como el caso Freirina llevó a la comuna al caos después de que los olores productos de las fecas de cerdo provocaran emanaciones que causaron malestares físicos —como dolores de cabeza, malestar estomacal, problemas respiratorios—y también psicológicos en la comunidad, afectando especialmente a los niños. En 2012, residentes de Freirina salieron masivamente a las calles, exigiendo una solución a una crisis que no sólo amenazaba su salud, sino su derecho a un ambiente sin contaminación, dando lugar a un movimiento que se convirtió en símbolo de resistencia.
La diputada, dirigenta social y activista medioambiental Viviana Delgado, una de las principales impulsoras de este proyecto de ley junto al Cordón Socioambiental Norponiente, residente en Maipú, conoce el problema porque lo vive en su comuna. “En algunos sectores, en verano, hay días en que no puedes salir de tu casa”, explica. “Los malos olores te hacen sentir como un ciudadano de tercera clase”, agrega.
Delgado sabe que experiencias como la de su comuna son parte de una realidad que se repite en múltiples localidades del país. Es un problema que hoy afecta a sus vecinos de Rungue y Montenegro, localidades de la comuna de Til Til, donde sus residentes sufren a diario los fuertes olores que provienen desde, entre otros, sus planteles de rellenos sanitarios. Mientras en otras regiones, en las comunas de Chillán, Chillán Viejo y Coihueco, los habitantes han denunciado reiteradamente el mal manejo de residuos industriales líquidos por parte de planteles agroindustriales y el uso de guano como fertilizante agrícola, lo que ha contaminado el aire con olores persistentes y desagradables. En la zona del Biobío, continúa, en las comunas de Lota y Coronel se han iniciado sumarios contra tres empresas pesqueras acusadas por la comunidad de emitir olores molestos. Mientras que en la costa central, poblados como Valparaíso y San Antonio, también enfrentan serios problemas de contaminación odorífera debido a industrias sanitarias que vierten aguas mal tratadas al mar.
“Si eres una empresa, eres un vecino más y debes aprender a ser buen vecino. Eso es lo que pedimos con esta ley”, dice Delgado.
Demostrar que los malos olores existen en Chile, según el Ministerio del Medio Ambiente, hay al menos una docena de actividades que genera malos olores: la crianza de animales, la producción de alimentos y productos lácteos, la fabricación de celulosa, el procesamiento de productos del mar, curtiembres, mataderos, refinerías de petróleo, y sitios de disposición de residuos, entre otros. Estas actividades, por su volumen, métodos operativos, cercanía a zonas residenciales o duración, provocan incomodidad en las comunidades cercanas. La contaminación por olor también depende de factores como el clima y los recursos naturales de cada región.
La dirección del viento no sólo determina cómo se perciben los malos olores en las zonas habitadas, sino que también puede hacer que estos olores viajen grandes distancias, afectando a comunidades alejadas y variando en intensidad según las condiciones climáticas. Por esta razón, Vallejos dice que la normativa incluirá no sólo medidas para controlar las fuentes de emisión, sino también mecanismos que permitan a las comunidades afectadas presentar denuncias: “El olor se va transformando”, afirma.
Esta dispersión impredecible refuerza, para Delgado, la necesidad de comprender mejor los contaminantes en el aire: “¿Qué nos asegura que lo que estamos respirando no está afectando nuestra salud?”. Para responder a esta interrogante, Vallejos subraya la importancia de contar con normas de emisión y dispositivos que midan los olores, permitiendo identificar con precisión las sustancias asociadas a olores molestos según su concentración en el aire y evaluar su impacto en la salud de las personas y del medio ambiente.
Frente a este riesgo, Delgado destaca la urgencia de avanzar hacia un marco regulatorio más sólido que incluya medidas específicas, como priorizar las denuncias de comunidades en desarrollo, que, según ella, son "especialmente vulnerables a esta forma de contaminación". Además, plantea la necesidad de un reglamento que establezca parámetros de emisión para cada sector productivo, defina claramente las sustancias responsables de los malos olores, determine los métodos adecuados para medirlos, y establezca sanciones para quienes incumplan la normativa.
En la misma línea, Delgado subraya que contar con un reglamento no sólo fortalece las ordenanzas a nivel local, sino que también facilita la fiscalización. Con un reglamento en vigor, el Consejo de la Sociedad Civil (COSOC), un organismo consultivo que promueve la participación ciudadana en la formulación de políticas públicas en Chile, podría exigir a los alcaldes que emitan ordenanzas basadas en la ley. “Esto proporciona a las comunidades una herramienta para ejercer su derecho a participar y defender sus propias causas ambientales”, dice la legisladora, reconociendo que las empresas responsables de la contaminación varían entre las distintas comunas.
Mientras la ley está hoy en el Senado, Delgado trabaja junto a Vallejos, Martínez y otras autoridades y organizaciones en la “Mesa Técnica de Contaminación Odorífica”, desarrollando un protocolo de fiscalización para canalizar denuncias de forma expedita que ya tiene una primera versión, hoy en revisión. Vallejos resalta: “Ahora hay un mapa de cómo denunciar, algo que antes no existía”.
Para todos este esfuerzo permitirá demostrar que los malos olores existen y que no son sólo una cuestión de percepción. “Es un problema real que ahora se podrá medir”, dice Delgado.
Para Martínez, la legislación no puede esperar más. Patricia Bravo, presidenta del pueblito La Farfana, le mandó un nuevo audio, diciéndole que se había presentado un nuevo proyecto de planta de aguas servidas en la comuna. “Le dije tranquila”, recuerda Martínez. “Estamos mejor que tres años atrás”.
“Este artículo fue producido con el apoyo de Agencia de Noticias InnContext”
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