Por Thomas Graham de The Guardian, fotos de Marcelo Pérez del Carpio
Jueves 11 de abril de 2024.- En el extremo sureste de Bolivia, al bosque nuboso de la reserva de Tariquía sólo se puede acceder por unos pocos caminos de tierra que rápidamente se vuelven intransitables con las fuertes lluvias. Los lugareños dicen que, no hace mucho, podría ser un paseo a caballo de dos días sólo para comunicarse con el mundo exterior.
Esa lejanía ayudó a preservar Tariquía. Pero esta área protegida es ahora la primera línea de las actividades extractivas de Bolivia, mientras el gobierno izquierdista de Luis Arce recorre el país en busca de reservas de gas que puedan mantener en funcionamiento su modelo de desarrollo basado en combustibles fósiles, independientemente de si las comunidades agradecen o no la perforación.
“[La explotación de] Tariquía era inevitable con la continuación de ese modelo [extractivista]”, dice la Dra. Penélope Anthias, geógrafa de la Universidad de Durham que ha trabajado en la reserva. "Las áreas protegidas son la nueva frontera extractiva".
La extracción de gas es una política estratégica clave para el Movimiento al Socialismo (MAS), el principal partido político de Bolivia, ahora dirigido por Arce. Poco después de llegar al poder en 2006, el entonces presidente Evo Morales nacionalizó la industria del petróleo y el gas , obligando a las empresas a renegociar sus contratos con el Estado.
El dinero generado por la nacionalización financió programas sociales y acumuló reservas de divisas. Mientras tanto, los líderes de izquierda ganaron elección tras elección, prometiendo transformar el estado con la clase trabajadora rural e indígena al frente y al centro.
Las exportaciones de gas de Bolivia alcanzaron su punto máximo en 2013 con 6.000 millones de dólares (4.740 millones de libras esterlinas), y los impuestos proporcionaron la mitad de los ingresos del estado . Cuando terminó el auge de las materias primas, se desplomaron a un tercio de esa cifra.
Desde entonces, el gobierno ha tenido un déficit anual, mientras que sus reservas –la mayoría de las cuales son en oro– se redujeron a más de la mitad el año pasado, y las divisas cayeron a sólo 166 millones de dólares (132 millones de libras esterlinas), ya que gastó mucho para proteger el nivel artificialmente alto de la moneda. tipo de cambio con el dólar. Si Bolivia se ve obligada a abandonar su “vinculación con el dólar”, el valor del boliviano podría desplomarse , poniendo en riesgo la estabilidad económica de Bolivia, el gobierno de Arce y el proyecto político del MAS.
Se trataba de una crisis anunciada: la producción de gas de Bolivia procedente de campos envejecidos había estado cayendo durante años, en un contexto de fluctuación de los precios mundiales de las materias primas .
Sin embargo, en lugar de intentar cambiar su modelo económico, el gobierno respondió optando por buscar nuevas reservas de combustibles fósiles, abriendo áreas protegidas para la exploración de petróleo y gas.
Bolivia tiene 22 áreas protegidas nacionales que cubren el 16% de su territorio. Muchas tienen concesiones de petróleo y gas, pero éstas estuvieron en gran medida congeladas hasta 2015, cuando un decreto gubernamental dio luz verde a la extracción, siempre y cuando las empresas mitigaran cualquier daño ambiental y contribuyeran con el 1% de su inversión al desarrollo económico local.
Al mismo tiempo, se actualizaron los planes de gestión de la mayoría de las áreas protegidas, con una tendencia a cambiar las leyes de zonificación para permitir proyectos extractivos. En la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, el área donde están estrictamente prohibidas las actividades extractivas fue remodelada para que los posibles pozos de gas quedaran fuera de ella.
Poco después, la empresa estatal de gas YPFB firmó contratos con empresas privadas para explorar dos partes de la reserva: el cantón Tariquía y Chiquiacá.
Como en todas las áreas protegidas de Bolivia, en Tariquía existen comunidades campesinas e indígenas. Muchos han estado allí durante generaciones, antes de la creación de la reserva en 1989. Generalmente subsisten de la agricultura, la ganadería y la apicultura.
A pesar del entorno pintoresco, la vida en Tariquía puede ser un desafío. Entonces, cuando aparecieron las compañías de gas, la población local no descartó la posibilidad de perforar de plano, sino que envió una delegación a visitar las comunidades vecinas en Chaco, la región con los yacimientos de gas más importantes de Bolivia.
“Queríamos ver qué había hecho por ellos la extracción de gas”, dice Francisco Romero, líder comunitario en el cantón Tariquía. "Y los lugareños nos dijeron que el proyecto era falso y que las promesas no se cumplieron tan pronto como dieron el permiso".
Dicen que nuestras vidas mejorarían. Somos gente rural… Queremos que nuestras vidas sean mejores
wilma galeán
Así comenzó uno de los casos más emblemáticos de resistencia de Bolivia a las industrias energética y minera.
Lo que impulsó su oposición a los planes fue el sentimiento dentro de las comunidades de que no se había respetado su derecho constitucional a la consulta previa . No fueron consultados antes del decreto que permitió la perforación en áreas protegidas o el remapeo del plan de manejo de Tariquía; Los activistas locales criticaron a las empresas por iniciar la exploración mientras continuaban las consultas.
Según Nelly Coca, dirigente de Chiquiacá, los funcionarios no consultaron a todos, brindaron escasa información y pidieron documentos de identidad y firmas a cambio de comida y bebida. Luego utilizaron las firmas como prueba de su consentimiento. “Fue un engaño”, dice Coca.
La oposición comenzó en 2017 en el cantón Tariquía, cuando las comunidades marcharon hacia Tarija, la capital regional, en protesta. En 2019, se había extendido a Chiquiacá, donde se montó un bloqueo de cinco meses para detener las perforaciones.
Cuando la noticia de las protestas llegó a los medios regionales y nacionales, probablemente era la primera vez que muchos bolivianos habían oído hablar de Tariquía. La publicidad funcionó: las empresas extranjeras se retiraron, poco dispuestas a afrontar las crecientes críticas. La presión disminuyó.
Pero el respiro duró poco. El gobierno ahora ha encontrado otra manera de ingresar a la reserva a través de otras comunidades que acogen con agrado la extracción de gas, persuadidas por promesas de mejores condiciones de vida.
En esta ocasión, YPFB evitó los cantones Tariquía y Chiquiacá, acercándose en cambio a comunidades del sur de la reserva, donde hay menos personas, ninguna de las cuales había estado involucrada en protestas anteriores. La empresa firmó un acuerdo con la organización campesina, la autoridad local en esa parte de la reserva.
El acuerdo compromete al Estado y sus empresas a priorizar la contratación y compra de servicios de las comunidades, construir una refinería de caña de azúcar, invertir en proyectos de riego y turismo y otorgar becas.
“Dijeron que nuestras vidas mejorarían”, dice Wilma Galeán, quien firmó el acuerdo en nombre de la comunidad de San Antonio. “Somos gente rural con grandes necesidades. Queremos que nuestras vidas sean mejores”.
De hecho, el acuerdo convirtió a las comunidades locales en guardianes de las compañías de gas. Ahora los controles de carreteras restringen el movimiento de las personas que se oponen a los proyectos y cualquiera que plantee dudas queda aislado.
San Antonio es una de esas comunidades, según Galeán. Ella dice que, cuando – en nombre de su comunidad – solicitó a la compañía energética un informe sobre el impacto ambiental del desarrollo y si habría compensación por los daños, la organización campesina la destituyó de su rol de liderazgo.
“Como mujer campesina nacida aquí, fue el peor momento de mi vida cuando tantas otras autoridades me rechazaron”, dice Galeán.
Este fue uno de los últimos rincones olvidados de Bolivia. Entonces el gobierno empezó a construir caminos, alianzas, simpatías.
jorge campanini
Otra comunidad, Urukurena, hizo una demanda similar y desde entonces se le revocó el estatus legal de su organización. Maximiliano Queso, un líder comunitario, afirma que se trata de una represalia.
“El conflicto empezó cuando comencé a exigir nuestros derechos como indígenas guaraníes”, dice Queso. “Exigimos un informe sobre el impacto ambiental y se negaron a darnos esta información”.
A pesar de los desacuerdos, Queso dice que él y Urukurena todavía dan la bienvenida a las compañías de gas. Enumeró una lista de cosas que esperan recibir a cambio: una carretera, una clínica de salud, una escuela y agua potable.
“Me llaman oposición”, dice Queso. “Pero no estoy en contra de la empresa. Nunca lo fui."
En cualquier caso, la resistencia gradual que ha surgido en el sur de la reserva probablemente sea demasiado pequeña y haya llegado demasiado tarde para cambiar el curso de los acontecimientos. “La empresa es el Estado, y una vez que han entrado nadie los puede parar”, afirma Galeán. “Deberíamos haber reaccionado antes, es cierto. Pero queríamos mejorar nuestras vidas”.
Según Jorge Campanini, investigador de CEDIB, una organización boliviana ambiental y de derechos con sede en Cochabamba, la situación en Tariquía ilustra cómo se impulsan los proyectos extractivos en Bolivia.
La consulta inicial tiende a centrarse en los líderes locales que apoyan al gobierno; donde hay resistencia, las organizaciones locales se dividen. Mientras tanto, quienes respaldan el proyecto reciben apoyo estatal.
“Este fue uno de los últimos rincones olvidados de Bolivia”, dice Campanini. “Entonces el gobierno empezó a construir caminos, alianzas y simpatías”.
Para académicos como Anthias, Tariquía también revela la contradicción central del modelo de Bolivia bajo los gobiernos del MAS de Morales y Arce: la nacionalización de los combustibles fósiles estaba destinada a impulsar una agenda revolucionaria, pero la dependencia de su extracción en última instancia limitó el radicalismo de lo que era posible.
Según ella, el imperativo de extraer recursos naturales para reducir la pobreza ha prevalecido sobre la autonomía o los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
“El MAS prometió refundar el Estado, pero las dinámicas del extractivismo se han reproducido”, afirma Anthias. "En cierto modo, ahora es aún más difícil para la gente resistirse a la extracción porque les dicen que están obstaculizando el desarrollo, no sólo el desarrollo económico, sino el desarrollo social".
“Creo que hay muchos aspectos en los que el gobierno del MAS no ha sido tan radical como algunos esperaban”, añade Anthias. "Pero tenemos que reconocer que es difícil alejarse de esta forma de desarrollo en países como los de América Latina".
Es discutible si el gas de Tariquía podrá extraerse a tiempo para ayudar a evitar una crisis económica. Los habitantes locales que se oponen a la extracción de gas se han alegrado en las últimas semanas por el rumor de fallo de uno de los pozos exploratorios por los que apostaba la compañía estatal de gas. Romero cree que el gobierno podría darse cuenta de que el gas de Tariquía no será su salvación.
“Esperamos que no encuentren nada y con eso se vayan”, dice Romero. "Esa es la esperanza que tenemos".
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