Por Carolina de Asis
Viernes 3 de febrero de 2023.- El gobierno brasileño anunció la creación del Observatorio Nacional de Violencia contra Periodistas, una demanda de las organizaciones de defensa de la libertad de prensa y de los periodistas en el país. El anuncio lo hizo el ministro de Justicia, Flavio Dino, el 17 de enero, un día después de reunirse en Brasilia con los representantes, que compartieron con el ministro una serie de propuestas para contener la violencia contra los profesionales de la prensa.
El secretario nacional de Justicia, Augusto de Arruda Botelho, es la autoridad responsable del Observatorio. Según explicó a LatAm Journalism Review (LJR), la creación del organismo surgió por la importancia del tema y la escalada de violencia que vienen sufriendo los periodistas en los últimos años.
“Desde 2019 hasta ahora las cifras han ido aumentando de manera bastante significativa. Principalmente por la forma en que el gobierno anterior, específicamente el presidente [Jair] Bolsonaro, trató a la prensa. Lo hizo de una manera extremadamente violenta e irrespetuosa, especialmente hacia las mujeres periodistas. Obviamente, esto influyó en sus partidarios para que actuaran de la misma manera”.
Augusto de Arruda Botelho
Según él, el Observatorio no sólo hará un “monitoreo pasivo” de la violencia contra periodistas, sino que dará seguimiento a los casos y buscará que sean investigados y que los agresores rindan cuentas.
Representantes de Fenaj, Abraji y el Sindicato de Periodistas Profesionales del Distrito Federal (SJPDF) con el Ministro de Justicia, Flávio Dino, el 16 de enero de 2023. (Foto: Tom Costa / MJSP)
“El Departamento Nacional de Justicia tiene en su competencia la interlocución del gobierno con todos los actores del Poder Judicial. Por lo tanto, el Observatorio no sólo hará un seguimiento de los casos, sino que también planteará exigencias a las autoridades. Para que esto tenga una buena dinámica, se están enviando invitaciones esta semana y la próxima a entidades que tienen que ver con periodistas: medios de comunicación, asociaciones, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de este tema. También, a representantes del Poder Judicial: Policía Federal, Consejo Nacional del Ministerio Público, Fiscalía Federal, Consejo Nacional de Justicia. Todos serán llamados a nombrar representantes para este Observatorio”, dijo el secretario.
Botelho dijo que pretende celebrar “una primera gran reunión” con estos representantes a principios de febrero, para que “podamos conjuntamente diseñar el formato del Observatorio”.
Según él, el organismo seguirá no sólo los casos de violencia física, sino también los ataques en línea, y propondrá medidas para prevenir la violencia contra periodistas. “No tiene sentido ser sólo reactivos. Seremos proactivos presentando propuestas de mejora, obviamente después de que este grupo se haya formado y lo haya debatido”, dijo Botelho.
Apertura al diálogo
La disposición del nuevo gobierno, liderado desde el 1 de enero por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, al diálogo y a la defensa de los periodistas contrasta con la actitud del gobierno anterior, llevado por Jair Bolsonaro, uno de los principales instigadores de la violencia contra los periodistas en el país.
Según registros de organizaciones de defensa de la libertad de prensa y de los periodistas, Bolsonaro, sus aliados políticos y simpatizantes han sido los principales agentes de violencia contra los profesionales de la prensa en los últimos años en Brasil. En 2022, la violencia alcanzó niveles récord, según la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji, por su acrónimo en portugués). Se intensificó en el periodo postelectoral, en medio de los disturbios promovidos por los partidarios de Bolsonaro tras su derrota en las urnas. Sólo entre el 30 de octubre de 2022 y el 1 de enero de 2023, hubo al menos 70 casos de ataques a periodistas, según el monitoreo realizado por Abraji, en asociación con la Federación Nacional de Periodistas (Fenaj, por su acrónimo en portugués).
Este escenario culminó el 8 de enero, cuando miles de bolsonaristas invadieron y vandalizaron las instalaciones del Congreso Nacional, la Presidencia de la República y el Tribunal Federal Supremo, en Brasilia. Al menos 40 periodistas fueron agredidos entre el 8 y el 11 de enero, según Abraji.
El 9 de enero, representantes de Abraji, Fenaj, el Sindicato de Periodistas Profesionales del Distrito Federal (SJPDF) y Reporteros sin Fronteras (RSF) se reunieron con el ministro de la Secretaría de Comunicación Social (Secom) de la Presidencia, Paulo Pimenta, y con el secretario de Políticas Digitales de la Secom, João Brant. En la reunión se trataron los ataques del 8 de enero y se mostró la voluntad del gobierno federal de actuar para mitigar la violencia contra los periodistas en el país, según informaron Abraji y Fenaj.
El 16 de enero, representantes de Abraji, Fenaj y SJPDF se reunieron con el ministro de Justicia, Flávio Dino, y presentaron una serie de demandas para frenar la violencia contra los profesionales de la prensa, entre ellas la creación de un Observatorio.
Según Samira de Castro, presidenta de Fenaj, la creación de este órgano por parte del gobierno federal había sido una demanda de la organización desde 2013, cuando tuvieron lugar las protestas populares que se conocieron como las ‘Jornadas de Junio’ y “[los trabajadores de prensa] en su conjunto comenzaron a ser atacados de forma masiva en Brasil”, dijo Castro a LJR.
“Nunca habíamos encontrado eco en los poderes públicos para que esta propuesta se llevara a la práctica. Desgraciadamente, fue necesario llegar a este momento de extrema violencia para que esto ocurriera”, afirmó.
Castro señaló que la reunión con Dino no fue convocada por las organizaciones, sino por el Ministerio de Justicia, lo que “demuestra que salimos de un periodo de cuatro años en el que no hubo diálogo entre las organizaciones que representan a los periodistas y el poder ejecutivo central. [Pasamos] de un gobierno que criminalizaba y desprestigiaba la actividad periodística, (...) a un buen momento, en el que hay un diálogo muy rápido [con el actual gobierno]”.
Castro recordó que varias organizaciones de defensa de la libertad de prensa y de los periodistas hacen su propio seguimiento de la violencia contra estos profesionales, entre ellos están Fenaj, Abraji y RSF, por ejemplo.
“De hecho, necesitamos que los poderes públicos asuman como política pública el seguimiento de esta violencia y garanticen la responsabilidad de sus autores. Pasamos de un ámbito individual de cada organización a un paraguas nacional que tiene una estructura de apoyo y funcionamiento a través del Ministerio de Justicia”, afirmó.
Katia Brembatti, presidenta de Abraji, también habló con LJR sobre la diferencia entre la relación de la administración anterior y la actual con los periodistas y su enfoque de la violencia contra los profesionales.
“Veníamos de un escenario donde no había diálogo, no había conversación, y más allá de eso: había un incentivo, un estímulo a la agresión de todo tipo [contra los periodistas], ya sea en Twitter o físicamente”, dijo sobre el gobierno de Bolsonaro.
Según Brembatti, “esta relación amistosa que se está dando en estos primeros días de gobierno [entre las organizaciones de defensa de los periodistas y el gobierno federal] no era así en los anteriores gobiernos del PT [Partido de los Trabajadores de Brasil]”, de Lula (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016).
“Obviamente, no tuvimos hostilidad como la que vimos durante el gobierno de Bolsonaro, pero tampoco esta cercanía. Creemos que el estado de las cosas, el nivel al que ha llegado [la violencia], llevó a esta apertura. Nosotros [los periodistas] estamos muy expuestos, incluso diría debilitados. La opinión que tengo es que en otros países la libertad de prensa es defendida no sólo por los periodistas, sino por la sociedad, en mayor o menor medida. En Brasil tenemos la sensación de que luchamos solos, de que somos sólo nosotros los que decimos ‘mira, nos están atacando’”, declaró.
La actual postura del gobierno brasileño de repudiar la violencia contra los periodistas, así como su disposición a tratar el tema codo con codo con las organizaciones que trabajan en este asunto “es muy importante, porque considerar los crímenes contra periodistas como un delito común no es posible, sobre todo en el momento actual”, afirmó.
“No se puede decir que todo lo que le ocurre a un periodista es un delito común, porque no lo es. Es un crimen dirigido contra un colectivo, contra la prensa. (...) Que el gobierno entienda que hay un problema grave, un asunto dirigido, y que es necesario tomar algunas medidas, para nosotros ya es un paso adelante, si tenemos en cuenta el pasado reciente”, dijo Brembatti.
Imagen de banner: Periodistas durante una rueda de prensa en el Ministerio de Justicia de Brasil. (Foto: Tom Costa / MJSP)
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