Por Guardiana (Bolivia)
Miércoles 13 de noviembre de 2024.- De manera sorpresiva, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) resolvió este miércoles acatar la determinación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y realizar las elecciones judiciales de manera parcial, a pesar de que sólo 48 horas antes un acuerdo multipartidario le había ofrecido su apoyo pleno para que los comicios se desarrollen en todo el país el próximo 15 de diciembre.
Con esta decisión, se da marcha atrás en lo acordado y se ratifica que quedan suspendidos los comicios para elegir a los magistrados del TCP en los departamentos de Beni, Pando, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija; y también la elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en los departamentos de Beni y Pando.
En la tarde de este miércoles, el TSE difundió un pronunciamiento en el que hace conocer su decisión con el argumento de que, pese a los compromisos políticos asumidos el lunes, no se habían garantizado las condiciones necesarias para llevar adelante el proceso electoral de manera integral.
El documento indica que desde la Asamblea Legislativa no se emitió de manera inmediata un pronunciamiento que rechace la sentencia constitucional 0770/2024 aprobada por “magistrados cuestionados”( los autoprorrogados Gonzalo Hurtado e Yván Espada) ni se aprobó una ley que proteja a las autoridades electorales de ser procesadas penalmente por sus acciones.
Precisamente ayer el Senado aprobó este miércoles el proyecto de ley Excepcional y Transitoria para Garantizar las Elecciones Judiciales 2024 en sus dos estaciones (en grande y detalle). El documento fue remitido a la Cámara de Diputados para su revisión con fines constitucionales.
Sin mencionar nombre alguno, el pronunciamiento del TSE también hace referencia a la solicitud del abogado Hugo Vargas Palenque, postulante inhabilitado al Tribunal Supremo de Justicia, quien pidió al TCP que haga cumplir la sentencia que frenó los comicios judiciales; además pidió que no se realicen los desembolsos económicos para la continuidad del proceso.
Según medios informativos, el expostulante también habría solicitado que se multe a los vocales electorales con 15.000 bolivianos diarios por continuar con las elecciones judiciales de forma integral.
Además, según el tribunal electoral, algunos representantes del Órgano Ejecutivo emitieron declaraciones en sentido de que se debía acatar la sentencia del TCP, lo que genera incertidumbre.
Precisamente horas antes, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, había advertido que los miembros del TSE se arriesgaban a ser procesados penalmente si no acataban la sentencia constitucional 0770/2024.
APOYO DEL PASADO LUNES
El pasado lunes 11 de este mes, representantes de los órganos Electoral, Legislativo y Ejecutivo, además de partidos políticos, firmaron una declaración mediante la cual expresan su decisión de seguir adelante con las Elecciones Judiciales de forma íntegra para el 15 de diciembre, rechazando así la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que intentaba paralizar en parte el proceso.
La reunión se dio a convocatoria del Tribunal Supremo Electoral (TSE), después de que la Sala Cuarta del TCP emitió la sentencia 770/2024, mediante la cual se intenta paralizar las elecciones de magistrados del Tribunal Constitucional en cinco departamentos y del Tribunal Supremo de Justicia en dos departamentos.
La mayoría de los asistentes, incluyendo el vicepresidente David Choquehuanca, expresaron su apoyo al Órgano Electoral para llevar adelante las Elecciones Judiciales de la forma prevista. No obstante, en la reunión el representante del Gobierno, el ministro César Siles, se expresó a favor de cumplir toda sentencia constitucional.
También asistieron los presidentes de las cámaras legislativas y representantes de partidos como Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana, Jhonny Fernández de UCS y Zvonko Matkovic de Creemos, entre otros.
Entre los que apoyan la realización de los comicios, argumentaron que el TCP pone en riesgo a la democracia y futuros procesos electorales al intentar que los jueces tengan la potestad de paralizar elecciones.
Además, reivindicaron el principio de preclusión, por el cual no se pueden retrotraer etapas consumadas de un proceso electoral.
El Órgano Electoral había pedido la aprobación de una ley corta para blindar las elecciones judiciales, sin embargo, esa posibilidad se descartó al considerar la situación actual del Legislativo, donde hay divisiones en las bancadas y cuya última sesión terminó en un escándalo.
Si bien el representante del MAS, Gerardo García, se retiró de la reunión, expresó el apoyo de su partido a la realización de las Elecciones Judiciales de manera íntegra, como planteó el TSE.
El pacto
El punto 1 de la declaración señala: “se reafirma la realización de las elecciones judiciales el 15 de diciembre de 2024, con la finalidad de renovar a todas las autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional en el marco constitucional y legal vigente en el país, por lo que cual se rechaza la sentencia constitucional 770/2024, toda vez que incurre en una flagrante violación del principio de preclusión que es un principio fundamental sobre el cual se asienta el sistema electoral boliviano
En el segundo punto se establece que “el vicepresidente del Estado Plurinacional, el representante del Órgano Ejecutivo, el presidente de la Cámara de Senadores, el presidente de la Cámara de Diputados y los representantes de las organizaciones políticas expresan el respaldo pleno al Tribunal Supremo Electoral en todas las acciones que se ejecuten para garantizar las elecciones judiciales de forma integra a realizarse el 15 de diciembre”.
Para “blindar” las elecciones judiciales, si bien se descartó la ley corta, el acuerdo ratifica la plena vigencia de la ley 1549, mediante la cual se convocó a estos comicios. Además se pidió a la Asamblea que emita un pronunciamiento inmediato para rechazar la sentencia 770/2024.
En el punto quinto, se establece que “el Órgano Ejecutivo debe garantizar los recursos económicos necesarios ya presupuestados para la ejecución de las elecciones judiciales, así como la posesión de las autoridades electas en el citado proceso”.
Por último, se planteó la necesidad de considerar el ingreso de los vocales electorales a la ley de juicio de responsabilidades. Esto había sido un pedido del TSE, para que sus autoridades no estén sujetas a la presión de procesos judiciales ordinarios.
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