Por Guardiana (Bolivia), foto principal de PBFCC
Jueves 14 de noviembre de 2024.- Con una abrumadora mayoría que supera el 90 por ciento, las 32.375 personas que participaron en la Consulta Popular Nacional por la Vida se pronunciaron a favor de anular normas incendiarias, garantizar la pausa ambiental hasta la recuperación y restauración de tierras incendiadas, promover alternativas sostenibles e incrementar el presupuesto público hasta el 10 por ciento para el sector del medioambiente y agua.
Este proceso de consulta se realizó del 7 al 16 de octubre de este 2024 y se llevó cabo de manera virtual y por votación en ánforas y en asambleas. Esa iniciativa fue promovida por más de un centenar de instituciones entre ellas la Red Unitas, Fundación Solón, Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático, CIPCA, Lidema, fundaciones, universidades públicas y otras.
A la presentación de los resultados de la consulta de cinco preguntas, las entidades organizadores adjuntaron un manifiesto que respalda la posición asumida por las personas consultadas.
Abrogación del paquete incendiario
PREGUNTA 1: ¿Está de acuerdo en que la Asamblea Legislativa y el Gobierno Nacional abroguen de manera inmediata todas las leyes y decretos del paquete incendiario?
El 94,1% de las personas consultadas respondió que sí está de acuerdo con esa demanda.
El manifiesto señala que se convoca a una movilización nacional para garantizar que en la legislación 2024/2025 se abroguen dichas normas. “Decidimos realizar un seguimiento para la aprobación de los proyectos de ley para la prevención de incendios y la deforestación. Exigimos que en dichos proyectos de ley se incorporen las propuestas de las organizaciones indígenas y sociales para evitar que el ecocidio y etnocidio se repita el año”.
Reversión a dominio del pueblo
PREGUNTA 2: ¿Está de acuerdo en que la superficie quemada de manera ilegal en una propiedad mediana o empresarial sea revertida a dominio y propiedad del pueblo boliviano por incumplimiento de la función económica y social, y sea declarada como tierra fiscal no disponible hasta su total recuperación y restauración?
A esta pregunta, el 85,4 por ciento dio su respuesta positiva.
Con relación a este punto, el manifiesto indica: “Demandamos que hasta el primer semestre de 2025 la ABT y el INRA procedan a la reversión de las propiedades medianas y empresariales que más han quemado y deforestado ilegalmente durante los últimos cinco años provocando el cambio de uso del suelo. En caso de que la ABT y el INRA no cumplan con su obligación legal de verificar y sancionar el incumplimiento de la FES demandaremos a sus autoridades departamentales y nacionales por incumplimiento de deberes y daños económicos al Estado”.
Pausa ecológica
PREGUNTA 3: ¿Está de acuerdo en que la Asamblea Legislativa y el Gobierno Nacional aprueben y garanticen el cumplimiento de una pausa ecológica que asegure la total recuperación y restauración de toda superficie afectada por quemas ilegales e incendios?
El 93,7 por ciento dijo que sí está de acuerdo en la pausa ambiental.
Las demandas inscritas en el manifiesto señalan: “Demandamos al gobierno el fortalecimiento del DS N° 5225 y su aplicación sin conceder prerrogativas a intereses mezquinos de algunos sectores”.
“Exigimos que las tierras fiscales disponibles afectadas por quemas e incendios ilegales sean declaradas tierras fiscales no disponibles por un periodo mínimo de 15 años revirtiéndose todo trámite de asentamiento o dotación de tierras”.
“Instamos a que la pausa ecológica se garantice efectivamente de manera integral en todo tipo de propiedad, precautelando las áreas productivas para el sustento familiar, en base a acciones efectivas de protección y recuperación de las áreas afectadas”.
“Demandamos que toda quema controlada en propiedades contiguas a las TCO/TIOC sea autorizada y supervisada por las autoridades de la TCO/TIOC y la ABT para evitar la repetición del etnocidio y ecocidio de 2024”.
“Exigimos la atención inmediata a las comunidades afectadas de las TCO/TIOC hasta la total recuperación de sus viviendas, cultivos y fuentes de agua”.
PREGUNTA 4: ¿Está de acuerdo en que el Estado fortalezca y promueva alternativas sostenibles como la agroecología, agroforestería y ecoturismo; y garantice el derecho de los municipios, territorios indígenas y comunidades campesinas a declararse libres de minería, deforestación, transgénicos, agrocombustibles y contaminación del suelo, aire y agua?
El 91,3 por ciento apoya la promoción de alternativas sostenibles.
Con relación a esta pregunta y las respuestas, el manifiesto dice lo siguiente: “Demandamos la construcción participativa de una Estrategia Nacional de Agroecología”.
“Rechazamos la autorización de nuevos eventos transgénicos otorgados sin cumplir los procedimientos establecidos por ley, así como el D.S. 5212 que autoriza la libre importación de agrotóxicos, especialmente de los catalogados como Altamente Peligrosos y los que están prohibidos en la Unión Europea”.
“Exigimos la aprobación de una ley nacional que establezca que en tierras y municipios agroecológicos y ecoturísticos se restrinja la otorgación de derechos mineros y el desarrolló de proyectos que afectan a dichos ecosistemas”.
“Nos autoconvocamos a un Encuentro de Territorios y Municipios agroecológicos libres de extractivismo y ecocidio para el primer semestre de 2025”.
PREGUNTA 5: ¿Está de acuerdo en incrementar el presupuesto del Sector Medio Ambiente y Agua del 0,7% al 10% del Presupuesto General del Estado, priorizando su uso para la recuperación y restauración de los bosques y la biodiversidad, el fortalecimiento de las áreas protegidas, la atención de la crisis hídrica y el apoyo a los pueblos indígenas y población afectada por los incendios, garantizando mecanismos de participación y control social para su adecuada ejecución?
El 90,2 por ciento manifestó su apoyo a la posibilidad de aumentar el presupuesto del 0,7 al 10 por ciento para el medioambiente y el agua.
El manifiesto indica: “Exigimos al gobierno y la Asamblea Legislativa transparentar oportunamente, debatir abiertamente y aprobar este incremento destinado a la recuperación y restauración de los bosques y la biodiversidad, el fortalecimiento de las áreas protegidas, la atención de la crisis hídrica y el apoyo a los pueblos indígenas y población afectada por los incendios, garantizando mecanismos de participación y control social”.
Tribunal Popular
Durante la presentación de resultados, la lideresa de las mujeres chiquitanas y de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), Clara Masay, dijo que los pueblos indígenas de tierras bajas tienen problemas después de los incendios como la falta de soberanía alimentaria. “No tenemos qué comer, todo se ha quemado. Hay mucho desastre luego del fuego y nadie viene a arreglar eso. Queman y son impunes”.
“Vamos a convocar a una marcha nacional porque los resultados de esta consulta son exigir que se abroguen las leyes incendiarias, que se reviertan las tierras quemadas como áreas que no se deben ocupar en al menos 15 años y pedimos que en las nuevas propuestas de ley haya participación de las organizaciones sociales que viven en estos territorios”, señaló Guadalupe Sermenio, representante del Movimiento Agroecológico Boliviano (MAB), otra de las instituciones que impulsó la consulta.
El manifiesto concluye con estas advertencias: “Si las demandas de la población no son atendidas convocaremos a un Tribunal Popular contra parlamentarios que bloquean la abrogación de las normas incendiarias y la aprobación de normas efectivas para prevenir y sancionar los incendios; autoridades del INRA y la ABT por incumplimiento de deberes, y (contra) el Gobierno central y en particular el Ministerio de Medio Ambiente y Agua por generar las condiciones para que se repita el ecocidio y el etnocidio”.
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