Por Guardiana (Bolivia)
Martes 25 de noviembre de 2025.- Los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gonzalo Miguel Hurtado, René Yván Espada, Karem Lorena Gallardo, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo, decidieron poner fin a su mandato extendido de manera unilateral, desde finales de 2023, cuando finalizó oficialmente su mandato de seis años.
La medida también alcanza a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Ricardo Torres Echalar y Carlos Alberto Egüez Añez.
Esta determinación, contenida en el Auto Constitucional 0087/2025-O, con fecha 24 de noviembre del año 2025, fue publicada precisamente este martes, mientras se desarrollaba en Potosí una audiencia de una Acción Popular en la Sala Constitucional Primera de Potosí que, en horas de la tarde, dispuso el cese inmediato de funciones de los autoprorrogados y la suspensión del pago de salarios.
Dicha Acción Popular había sido planteada pro autoridades originarias y ciudadanos de Potosí. El apu mallku del Conamaq, Víctor Hugo Apaza, expresó su satisfacción por el fallo y anunció otras acciones para que devuelvan el dinero que percibieron de forma irregular, informó el diario El Potosí.
Más tarde, el Juzgado de Instrucción primero del municipio de La Guardia, en el departamento de Santa Cruz, ordenó la aprehensión de los magistrados Hurtado Zamorano, Espada Navia, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo y Karem Gallardo.
Este fallo fue emitido en una audiencia en la que se analizó una Acción Popular Transversal interpuesta por Olivar Coronado Pardo, contra los cinco autoprorrogados. Pero, la magistrada Isidora Jiménez no fue tomada en cuenta en esa decisión judicial porque habría presentado su renuncia en las últimas horas, según la Agencia Judicial de Noticias.
Desde otro frente, en octubre de este 2025, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) había presentado un denuncia formal en la Fiscalía de Chuquisaca por dos delitos penales: resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, y usurpación de funciones.
RELECCIÓN INDEFINIDA, NO ES UN DERECHO
Según un comunicado difundido este martes por el TCP, los magistrados mencionados decidieron prorrogarse en sus cargos “en cumplimiento de la Constitución y gracias a ella este Tribunal revirtió la decisión de los anteriores magistrados que resolvieron que la reelección indefinida era un derecho humano y pusimos límites a un tema político que causó mucha conflictividad social”.
Se agrega que ese TCP hizo un acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral para que, a pesar de las presiones políticas, se realice la elección nacional 2025. “Cumplimos —se lee en el comunicado— plenamente el acuerdo, frenamos más de 16 recursos y acciones constitucionales que querían paralizar la elección”.
El cese de funciones, según el comunicado, debe ser ejecutado en un plazo de 10 días hábiles a partir de la notificación a las máximas autoridades de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral; “tiempo necesario para el despacho de causas pendientes de resolución, cuya fecha de vencimiento se cumpla hasta dicho plazo”.
El tercer punto del documento acota: “Se dispone, mantener firmes y vigentes, todos los actos ejecutados por los Magistrados prorrogados durante el ejercicio extendido de sus funciones, en aplicación de los principios de legalidad y seguridad jurídica.
DENUNCIA PENAL DE OCTUBRE
El pasado 7 de octubre de 2025, el presidente del TSJ, Romer Saucedo Gómez, presentó una denuncia formal contra esos magistrados, a quienes acusó de haber cometido dos delitos penales: resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, y usurpación de funciones.
En ese tiempo, Saucedo entregó un memorial a la Fiscalía Departamental de Chuquisaca, en el que argumenta la denuncia. La autoridad judicial también solicitó activar la alerta migratoria contra los denunciados.
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