Uruguay, un ejemplo con jueces para casos de violencia y mayoría de mujeres en la Suprema

Por Carlos Tellería y foto de ADN América

Lunes 14 de marzo de 2022.- Día que pasa, aumentan las críticas en Bolivia a un Órgano Judicial altamente politizado y poco cercano a la gente. Y en ese Órgano del Estado existe más de un problema. Sin embargo, ¿cómo es la justicia en aquellos países en los que ha sido elogiada? Guardiana miró hacia América Latina para buscar referencias que pudieran, probablemente, servir como ejemplo y, en esa búsqueda, encontró a Uruguay.

Desde 2015, Uruguay ocupa el primer lugar entre los países de América Latina y el Caribe que más han trabajado en el respeto del Estado de Derecho, según el índice mundial 2021 de la organización World Justice Project (WJP). Y este 2022, a esos logros se suman dos hechos: por primera vez en historia, la Suprema Corte de Justicia tiene mayoría de mujeres entre sus cinco integrantes y se pusieron en funcionamiento los juzgados especializados en violencia basada en género, doméstica y sexual, lo que no existe en Bolivia por cuanto los juzgados no solo atienden casos de violencia hacia la mujer, sino los que tienen que ver también con corrupción, situación mencionada en reiteradas ocasiones, sin que se revierta hasta el momento tal problema.

El 26 de enero de 2022, la abogada Doris Morales Martínez asumió el cargo de magistrada de la Suprema Corte de Uruguay por antigüedad, debido a la falta de acuerdo político en la Asamblea General que, después de los 90 días establecidos, no pudo elegir –por  dos tercios de voto del total de sus miembros– a quien pudiera suceder al magistrado Luis Tonsi, jubilado en octubre de 2021.

El máximo tribunal ahora está conformado por Doris Morales, Elena Martínez Risso, Bernadette Minvielle Sánchez, Tabaré Sosa Aguirre y John Pérez Brignani. Este es el actual Presidente de la Corte.

Morales Martínez ingresó al Poder Judicial hace más de 30 años. En 1989 fue jueza Letrada en Paysandú, luego en Las Piedras, y en 1995 cumplió funciones luego en Montevideo como jueza de Familia. Desde 2003 trabajó en el Tribunal de Apelaciones de Trabajo hasta su nombramiento en la Suprema Corte. También es docente universitaria.

Juzgados contra la violencia

Casi un mes después de los cambios en la Suprema Corte de Justicia, las autoridades uruguayas entregaron los primeros juzgados especializados en violencia basada en género, doméstica y sexual de 1° y 2° turno en la localidad de San Carlos, departamento de Maldonado, una región donde se registra alto número  de denuncias.

La creación de estos juzgados especializados fue establecida mediante la Ley Integral contra la Violencia basada en Género, promulgada en 2017, pero recién en la Ley de Presupuesto de 2020 fue asignada una partida para la ejecución de los planes.

El espacio arrendado y refaccionado en San Carlos necesitó de una inversión de 6,5 millones de pesos uruguayos (cerca de 152.000 dólares).

Bolivia, sin juzgados especializados

En Bolivia está vigente la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia (Ley 348) promulgada el 9 de marzo de 2013. En una de las disposiciones transitorias de esta norma se dispone la creación de fiscalías de materia especializadas contra la violencia hacia las mujeres y así están inscritas en la estructura del Ministerio Público, pero no existen en el Órgano Judicial juzgados especializados para la atención de casos de violencia de género. Actualmente, juezas y jueces dividen su tiempo de trabajo en la atención de casos de corrupción y violencia en razón de género, y quienes administran justicia se quejan por la excesiva carga laboral.

Datos comparativos

• En 2021, en Uruguay fueron registrados 21 feminicidios; 11 más que en 2020. Esta diferencia representa un incremento del 69 por ciento.
• En 2021, fueron registrados 108 feminicidios en Bolivia (87 más que en Uruguay). En 2020 hubo 113 casos.

Índice del Estado de Derecho

En octubre de 2021, la organización World Justice Project (Proyecto de Justicia Mundial) hizo conocer su informe en el que Uruguay volvió a ocupar el primer puesto entre los países de América Latina y el Caribe, según el índice que mide el desempeño con respecto al Estado de Derecho. Costa Rica y Chile le siguen en orden descendente. Todos ellos mantienen las mismas posiciones conseguidas en los últimos años. En el otro extremo de la medición están Bolivia (puesto 29), Nicaragua (30), Haití (31) y Venezuela (32).

¿Qué es un Estado de Derecho?

Es un sistema duradero de leyes, instituciones, normas y compromiso comunitario que ofrece rendición de cuentas, leyes justas, gobierno abierto y justicia accesible.

Es la base para alcanzar comunidades que gocen de paz y oportunidades, y es el fundamento para el desarrollo del capital humano, un gobierno responsable y el respeto a los derechos fundamentales.

Un Estado de Derecho efectivo reduce la corrupción, combate la pobreza y protege a las personas de las injusticias.

World Justice Project

¿Cómo es elaborado el índice? El WJP realiza encuestas en las que toma en cuenta factores como las restricciones a los poderes gubernamentales, ausencia de corrupción, gobierno abierto, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, derechos fundamentales, justicia civil y justicia penal.

• Factor 1. Restricciones a los Poderes del Gobierno: Mide hasta qué punto los gobernantes están obligados por la ley. Comprende los medios, tanto constitucionales como institucionales, por los cuales los poderes del gobierno y sus funcionarios y agentes son limitados y obligados a rendir cuentas ante la ley. También incluye controles no gubernamentales sobre el poder del gobierno, como una prensa libre e independiente.
• Factor 2. Ausencia de Corrupción: Mide la ausencia de corrupción en el gobierno. El factor considera tres formas de corrupción: soborno, influencia indebida de intereses públicos o privados y apropiación indebida de fondos públicos u otros recursos. Estas tres formas de corrupción se examinan con respecto a los funcionarios del gobierno en el poder ejecutivo, el poder judicial, las fuerzas armadas, la policía y la legislatura.
• Factor 3. Gobierno Abierto: Mide la apertura del gobierno definida por la medida en que un gobierno comparte información, empodera a las personas con herramientas para hacer que el gobierno rinda cuentas y fomenta la participación ciudadana en las deliberaciones de políticas públicas. Este factor mide si se publicitan las leyes básicas y la información sobre los derechos legales y evalúa la calidad de la información publicada por el gobierno.
• Factor 4. Derechos Fundamentales: Reconoce que un sistema de derecho positivo que no respeta los derechos humanos fundamentales establecidos en virtud del derecho internacional es, en el mejor de los casos, “estado de derecho” y no merece llamarse sistema de estado de derecho. Dado que hay muchos otros índices que abordan los derechos humanos, y dado que sería imposible que el Índice evaluara el cumplimiento de toda la gama de derechos, este factor se centra en un menú relativamente modesto de derechos que están firmemente establecidos en la Declaración Universal de las Naciones Unidas, de Derechos Humanos y están más estrechamente relacionados con el estado de derecho.
• Factor 5. Orden y Seguridad: Mide qué tan bien una sociedad garantiza la seguridad de las personas y la propiedad. La seguridad es uno de los aspectos definitorios de cualquier sociedad con Estado de derecho y es una función fundamental del Estado. También es una condición previa para la realización de los derechos y libertades que el Estado de derecho busca promover.
• Factor 6. Cumplimiento Normativo: Mide el grado en que las regulaciones se implementan y se hacen cumplir de manera justa y efectiva. Las regulaciones, tanto legales como administrativas, estructuran los comportamientos dentro y fuera del gobierno. Este factor no evalúa qué actividades elige regular un gobierno, ni considera qué nivel de regulación de una actividad en particular es apropiado. Más bien, examina cómo se implementan y se hacen cumplir las regulaciones.
• Factor 7. Justicia Civil: Mide si la gente común puede resolver sus quejas de manera pacífica y efectiva a través del sistema de justicia civil. Mide si los sistemas de justicia civil son accesibles y asequibles, así como libres de discriminación, corrupción e influencia indebida por parte de los funcionarios públicos. Examina si los procedimientos judiciales se llevan a cabo sin demoras injustificadas y si las decisiones se ejecutan de manera efectiva. También mide la accesibilidad, imparcialidad y eficacia de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos.
• Factor 8. Justicia Penal: Evalúa el sistema de justicia penal de un país. Un sistema de justicia penal eficaz es un aspecto clave del estado de derecho, ya que constituye el mecanismo convencional para reparar agravios y emprender acciones contra las personas por delitos contra la sociedad. Una evaluación de la impartición de justicia penal debe tener en cuenta todo el sistema, incluidos la policía, los abogados, los fiscales, los jueces y los funcionarios penitenciarios.

Los logros destacados

Uruguay está mejor ubicado en las áreas de derechos fundamentales, restricciones de los poderes gubernamentales, ausencia de corrupción y justicia civil, según el reporte difundido en octubre de 2021.

Bolivia, que ocupa el puesto 29 en América Latina y el Caribe, tiene mejor desempeño en el factor Gobierno abierto, el segundo lugar está compartido por las áreas de Derechos Fundamentales, Orden y Seguridad, Cumplimiento Regulatorio, luego viene Límites al Poder Gubernamental, y el último peldaño lo comparten los factores Ausencia de Corrupción, Justicia Civil y Justicia Penal.

Datos mundiales del índice:

• El índice WJP mide el desempeño en el Estado de Derecho en 139 países y jurisdicciones, y para ello encuesta a más de 138.000 hogares y 4.200 especialistas.
• Dinamarca, Noruega y Finlandia ocupan los primeros lugares en el índice global.
• Egipto, República Democrática del Congo, Camboya y Venezuela son los países ubicados en los últimos lugares de este índice.

ÍNDICE DE PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (WJP-2021)