Texto de Esther Mamani e ilustración de Adrián Gonzales para Guardiana (Bolivia)
Jueves 9 de diciembre de 2021.- Aunque Juana intentaba abrir los ojos, sus párpados teñidos de morado pesaban como el plomo y no veía nada. La golpiza que recibió la joven, en la madrugada del 16 de octubre de 2021, dejó huellas en todo su cuerpo porque no quiso que su expareja, el violento agresor, revisara su teléfono celular.
Dos días después, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia de Cochabamba (FELCV) hizo conocer un informe del médico forense: la víctima presentaba múltiples lesiones en la cabeza y rostro, laceraciones, escoriaciones, hematomas en brazos y piernas, mordeduras en distintas partes del cuerpo y pérdida de tejido del dedo índice de la mano derecha, también por mordedura.
El Colectivo Mujeres de Fuego, que acompaña el caso y que asegura haber tenido acceso al acta del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), aclara que también había fractura de mandíbula, golpes, mordeduras y corte en la mano derecha, en el dedo índice. El 20 de octubre, en la página de Facebook del grupo se menciona que el agresor también le fracturó la nariz y un pómulo.
El personal de emergencia del hospital Solomón Klein, en el municipio cochabambino de Sacaba, se reunió para tomar decisiones. Dos horas después de la internación de la joven, ningún familiar había preguntado por ella. Una de las decisiones fue llamar a la Policía para hacer la denuncia. La expareja de Juana, Franco Gabriel Díaz Limpias, la había llevado hasta el centro médico para que le atendieran las heridas; pero cuando ella volvió a hablar, diez días después, contó que su agresor había sido él, según fuentes del colectivo Mujeres de Fuego.
En cambio, el entonces director de la FELCV, coronel Richard Vargas, informó el 18 de octubre, que Díaz buscó a la víctima a la salida de su fuente de trabajo, le obligó a subir a su vehículo y la llevó hasta el domicilio de él. Vargas agregó que el agresor la llevó por la fuerza hasta su habitación y allí intentó revisar el teléfono celular de la víctima. Al no tener éxito, la amenazó de muerte y la agredió físicamente de manera brutal.
La versión policial añade que los ruidos fueron escuchados por el padre del agresor, quien llamó a la Policía. Efectivos de Radiopatrulla 110 llegaron hasta el lugar y vieron al joven, ensangrentado y con un cuchillo de mesa en sus manos. Cerca estaba la muchacha herida, a quien trasladaron hasta el hospital Solomón Klein.
Guardiana decidió publicar el nombre de este agresor a pesar del derecho a la presunción de inocencia del denunciado debido a la gran cantidad de casos que pesan sobre él. De hecho, el caso de Juana se suma a una lista de antecedentes de Díaz Limpias. Entre junio de 2016 y agosto de 2021, las autoridades registraron al menos 16 denuncias, entre ellas seis por violencia familiar o doméstica, dos amenazas, tenencia ilegal de arma de fuego, falsedad ideológica, pornografía, conducción peligrosa y homicidio. La mayoría de esos procesos fueron cerrados por desistimiento o rechazo. Aún están abiertos cuatro: homicidio, falsedad ideológica, violencia y conducción peligrosa.
La última golpiza que dio a una de sus exparejas se produjo en la zona de Quintanilla, la madrugada del sábado 16 de octubre. La versión de Mujeres de Fuego indica que Juana y Franco se encontraron en una fiesta y que él la convenció de irse juntos, y cuando ella no accedió a dar la clave de su celular, el sujeto estalló en ira. Pese a la insistencia de Guardiana, el abogado del acusado se negó a dar la contraparte.
Juana se declaró en la clandestinidad por seguridad, según Mujeres de Fuego. En el cuaderno de investigaciones consta que a Juana querían matarla: tentativa de feminicidio. El colectivo Mujeres de Fuego sostiene que el exnovio le cortó parte del dedo índice de la mano derecha para tener la huella dactilar que le permitiera husmear en la privacidad de la joven por medio de su teléfono móvil.
Denunciar y no hallar justicia, lo común
Cuando se presentó la denuncia contra Franco Díaz, probablemente no se sabía que el archivo se sumaría a los 40.466 que ya se dejaron en la Fiscalía General hasta el 15 de noviembre de 2021, acudiendo a lo que está escrito en la Ley 348 contra toda forma de violencia hacia la mujer. El registro del Ministerio Público tiene el conteo fatal recogido por las nueve direcciones departamentales. La última actualización demuestra que cerca de 33 mil denunciaron violencia doméstica; Bolivia reconoce 16 formas de violencia contra la mujer en el artículo séptimo de la Ley 348.
Hasta el 5 de diciembre de 2021 se registraron 102 feminicidios en Bolivia. Según la Dirección de Prevención y Eliminación de toda Forma de Violencia en Razón de Género y Generacional del Ministerio de Justicia, apenas el uno por ciento de esos casos terminan en una condena. Lo habitual es que las familias de las víctimas no suelen escuchar la sentencia de las o los jueces, ya que el sistema patriarcal, tanto en las instituciones como en las familias, protege a los agresores. Así lo creen las abogadas del colectivo feminista “Mujeres de Fuego”. Ellas sobrevivieron a la violencia machista.
Nivia Coca, su representante, pasó el mismo periplo de sufrimiento a causa de un hombre y ahora ayuda a otras mujeres a pasar esa pesada hoja de sus vidas, no sin antes reclamar por justicia. Las defensoras toman previsiones para no sufrir agresiones. Por el apoyo que ellas dieron a Juana, el sujeto amenazó con golpearlas y evitar que lleguen a sus fuentes de trabajo, pero lo peor fueron las amenazas de violación contra sus hijas. Todo pasó mediante mensajes de WhatsApp.
Ellas tienen vetadas sus redes sociales no porque así lo deseen, sino como medida de autoprotección. “En el caso de Juana –cuenta la representante del grupo– nosotras teníamos miedo porque él era muy violento y su familia también se estrelló contra nosotras. No es la primera vez que las familias nos buscan y por eso no abrimos cuentas de Facebook”.
“Tenemos –explica Nivia Coca– un observatorio de los casos que atendemos, hasta 120 denuncias mensuales. En el área de psicología son 50 al mes, pero no todas han hecho las denuncias, sino que están en la fase de reconocimiento de la violencia”.
Coca conoció a Juana en marzo de este año. En ese momento la joven ya había roto la relación sentimental con su agresor, pero ese primer acercamiento al Colectivo iba a ser apenas uno de tantos, ya que las amenazas y golpes de Franco eran moneda corriente en su vida.
Pacto patriarcal en defensa de los agresores
La asociación entre mujeres suele ser la luz al final del túnel, ya que las víctimas llevan encima, usualmente, la pena de no estar respaldadas por sus familias, a diferencia de los agresores que llegan a las audiencias acompañados por comitivas dispuestas a declarar por su inocencia.
Rayza Zeballos es coordinadora en la oficina de La Paz de “Mujeres en busca de Justicia” del colectivo Mujeres Creando. Trabaja cinco años en el proyecto que lleva 15 desde el primer caso que atendieron. Antes de conversar es preciso esperar un poco, las voluntarias que trabajan en esta unidad tienen la agenda muy apretada. Desde la calle se puede ver que la fila es larga, ya que la reputación de esta oficina es de total confianza en la zona de Sopocachi.
¿Por qué los agresores son defendidos?, Guardiana pregunta a Zeballos. “Hay un pacto patriarcal entre ellos porque se identifican y sienten que les están quitando sus privilegios y que eso también les puede pasar a ellos. Hemos llegado a ver a hijos de las víctimas defendiendo a los padres y hasta a vecinos que declaran a favor de los agresores por el solo hecho de ser hombres”.
Un pequeño pasillo de dos carriles, uno para sillas y otro como paso peatonal, será el espacio donde muchas de las mujeres que acuden a esta oficina pasarán al menos una hora. Cada año atienden hasta tres mil denuncias y la mayoría son por temas de asistencia familiar. Sus rostros que esperan a las abogadas muestran por encima de los barbijos ojos cristalinos e intentos de contención del llanto.
Sin embargo, el espacio es seguro, de esos donde parece estar vetada la violencia machista. Esa armonía se rompe pocas veces. “Los convocamos –dice Zeballos– para que puedan llegar a un acuerdo y si hay violencia física, directamente van a un proceso judicial. Los denunciados (ellos) vienen con comitivas, mientras las mujeres están solas y por eso acuden a nosotras, porque saben que las vamos a acompañar”.
La coordinadora del programa es psicóloga. Su oficina tiene una serie de mensajes de motivación que dicen: “Mujer que se organiza no aguanta más palizas”, “Mujer para ser libre ¡ámate!” y uno que otro sobre los trámites que se atienden, números de celulares, guías para la entrega de folios y un tutorial para seguir sus procesos mediante mensajes de WhatsApp con las auxiliares, más de 50 voluntarias que están en esa oficina.
“Hay una actitud machista (de las familias) que busca encubrir o no termina de convencerse de que esa persona que han criado es un agresor. Todavía la estructura es fuerte, ellos siguen siendo lo más importante y no terminan de despegarse de sus familias porque así se sienten respaldados y solos no se sienten seguros de enfrentar su destino. Detrás están madres que siguen haciendo toda la labor doméstica y de dependencia”.
Rayza Zeballos, coordinadora en la oficina de La Paz de “Mujeres en busca de Justicia” del colectivo Mujeres Creando
La violencia machista también viene del Estado
Mónica Bayá es abogada y secretaria técnica de la Comunidad de Derechos Humanos Bolivia. En sus palabras, el machismo detrás de los feminicidios se puede ver no solo en los agresores y en sus familias, sino también en instituciones del Estado. Muchos de estos espacios están a cargo de hombres que mantienen de una y otra manera las mismas formas del sistema.
Las actitudes machistas de funcionarios de diferentes órganos del Estado terminan revictimizando a las víctimas, llegando al extremo de culparlas por lo sucedido. Se puede ver esto en el tipo de atención que aún brindan algunos policías que las atienden; en las sentencias de jueces y juezas que no incluyen la perspectiva de género en sus fallos (según la Defensoría del Pueblo, en 2020 solo el 13 por ciento de las sentencias reflejaron dicha perspectiva); en la falta de mayor preocupación por parte del Gobierno central que no habilita campañas de prevención contra la violencia como indica la Ley 348. Estos son solo botones de muestra.
Y las denuncias de las mujeres que deciden cambiar su destino no son una garantía de mejores días. En abril de este año sentenciaron a 30 años de prisión a Jorge Sneyder por el feminicidio de Carla Callaú, joven de 19 años que ya había denunciado a su pareja y aún así terminó muerta.
Callaú había sufrido una veintena de escenas de violencia en la declaración de la familia. Una de las formas de ataque contra la víctima fue impedirle a ella comunicarse con su madre. La depresión en la que cayó fue determinante durante varios meses. El caso fue mediatizado porque a medida en que las investigaciones avanzaban quedó en evidencia que ella intentó defenderse apelando a la justicia.
No fue suficiente. Los procesos tardíos, burocráticos… lo común no le garantizaron una vida libre de violencia ni las mínimas garantías. Murió asfixiada tras una discusión y luego de varios intentos de rehabilitación por parte de quien le había un día prometido amarla.
Los dos tomos del “Segundo sexo” de Simón de Beauvoir sentó muchas de las bases del feminismo actual, donde lo que más se profesaba era la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. La antropóloga mexicana Marcela Lagarde sobre este punto explicó en varias conferencias y ensayos que ese pedido de igualdad no sólo incomoda a los hombres porque les quita privilegios, sino que ha despertado en muchos hombres machistas el odio hacia sus parejas.
De ahí que se habla del machismo detrás del feminicidio. Aunque Lagarde prefiere hablar de una causa y no de una lucha o batalla, pues el término implica un enfrentamiento con los hombres y ese no debe ser el objetivo, recalca la mexicana.
En la entrevista concedida a El País de España en marzo, ella plantea “(...) eliminar privilegios y supremacismo para empezar. Estamos en un estira y afloja durante 20 años, donde grupos importantes se han opuesto a que los hombres cambien. La desigualdad se tiene que desarticular y eso implica cambios estructurales de la condición masculina de los hombres. Gran parte de su poder se debe a la dominación que ejercen. Tendríamos que empezar por eliminar la expropiación que hacen los hombres a las mujeres”.
Juana todavía cura sus heridas, pese a la gravedad del ataque y lo cerca que estuvo de la muerte. No hay poder policial que garantice que no volverá a ser agredida. Franco, su expareja y acusado, no tiene sentencia en su contra y los abogados que trabajan para su familia intentan sacarlo de una cárcel de Cochabamba, donde cumple detención preventiva. La víctima retiró la denuncia en contra del sujeto y, por ello, las posibilidades de que el agresor quede libre son altas.
Este material fue elaborado con el apoyo del proyecto Vida Sin Violencia, de la Cooperación Suiza en Bolivia.
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