Las 12 chicanas de abogados de agresores en juicios por violencia contra la mujer

Texto de Darynka Sánchez, infografía de Andrés Tapia e ilustración de portada de Adrián Gonzales para Guardiana (Bolivia)

Martes 30 de noviembre de 2021.- ¿Qué es una chicana? Es una artimaña, un procedimiento “de mala fe” que se usa, principalmente, en los procesos penales para dilatarlos. En los casos de juicios por violencia contra las mujeres, son los abogados de los agresores quienes usan, al menos 12 de estas artimañas, para retrasar los juicios y distorsionarlos a favor de sus clientes.

Una chicana jurídica también se define como una serie de ardides de los que se valen los abogados de algunos acusados para eludir el fallo o una sentencia justa en un pleito.

En los pasillos del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba y de otros municipios, una de las charlas inevitables entre litigantes es aquella acerca de quiénes son los abogados “más chicaneros”. La lista de nombres y apellidos es larga; aunque uno solo de ellos ostentó el título del “Rey de las Chicanas” porque inventó algunas, tan absurdas, que nadie más se hubiese animado. Ahora está detenido preventivamente en una cárcel por delitos mayores.  

Los incidentes, excepciones y solicitudes están previstos por el Código de Procedimiento Penal y otras normas. Esto quiere decir que son legales y, bien utilizados, permiten el ejercicio del derecho a la defensa. Pero, se convierten en un gran problema cuando son usados malintencionadamente.

Guardiana entrevistó a tres abogadas: Mercedes Cortez del Observatorio de Justicia de la Fundación Voces Libres, Jinky Irusta de la Oficina Jurídica para la Mujer y Jessica Echeverría, de la Red Ciudadana contra el Infanticidio y el Abuso Sexual Infantil de Santa Cruz.

Las tres abogadas entrevistadas coincidieron en que las chicanas más utilizadas en Cochabamba, Santa Cruz y en Bolivia en general son:

1.- Inasistencia planificada de los imputados o acusados a las audiencias y procedimientos, con diferentes excusas. El objetivo es la suspensión de la audiencia. Sucede en la etapa preparatoria y también durante el juicio.

2.- Inasistencia planificada de los abogados de los acusados a las audiencias y procedimientos, con diferentes excusas. Saben que las agendas de los juzgados y tribunales están tan llenas que reprogramar una audiencia suspendida es complicado y puede tomar semanas.

3.- Cambio de abogados para obligar a suspender las audiencias. Los acusados alegan que no confían en su abogado y necesitan cambiarlo. El nuevo abogado siempre pide tiempo para estudiar el expediente y defender con solvencia a su cliente. Aunque los jueces les dan de tres a cuatro días, en la próxima audiencia argumentan que fue insuficiente y que eso atenta contra el derecho a la defensa de los acusados. Ocurre en la etapa preparatoria y, a veces, durante los juicios.

4.- Inasistencia de testigos notificados para suspender audiencias. Sucede en la etapa de juicio. Pese a que los testigos de ambas partes ya fueron notificados, algunos testigos de descargo no se presentan y los abogados alegan que sin esos testimonios sus clientes quedarían en indefensión. 

5.- Llamadas telefónicas anónimas a los tribunales para advertir de la existencia de una bomba que podría estallar en cualquier momento. De acuerdo a procedimiento, esto obliga a llamar al Grupo Antiexplosivos de Bomberos y suspender todas las audiencias para evacuar a litigantes y administradores de justicia. Después, todas las audiencias deben ser reprogramadas.

6.- Evitar la toma de muestra de sangre que identifica el ADN de los sospechosos para impedir la obtención de pruebas. Con diferentes excusas, los acusados se niegan a someterse a la toma de ADN, para evitar que se compare su perfil genético con el material hallado en el cuerpo de las víctimas y que el Ministerio Público tenga una prueba contundente. 

7.- Evitar desbloqueo del celular para impedir obtención de pruebas. Aconsejados por sus abogados, los acusados dicen que “olvidaron” el patrón de desbloqueo de los teléfonos celulares que les secuestraron, para tratar de impedir que sean examinados y se hallen conversaciones o amenazas a sus víctimas. En la mayoría de los casos, los peritos logran destrabar el patrón, pero eso demora por la cantidad de casos que atienden.  

8.- Proponer al fiscal y a los abogados de la víctima como testigos del acusado, para sacarlos de la barra de la acusación. Esta es una chicana inventada por el abogado sentenciado Jhasmany Torrico, con la intención de amedrentar a las víctimas y de intentar desbaratar la acusación. Los jueces no dan curso, pero de todas maneras deben rechazarla con argumentos y eso provoca una pérdida de tiempo. 

9.- Uso de la tardanza de la pericia psicológica para manipular la verdad. Los abogados de los acusados aprovechan que existe demasiada demora en la aplicación de tests y pericias psicológicas a las víctimas, para alegar que los resultados, que son distintos por el tiempo transcurrido y porque las mujeres ya han recibido terapias, no muestran un daño o afectación grave. Entonces, piden el sobreseimiento de sus casos.  

10.- Preparación de los agresores, dentro de las cárceles, para manipular tests y abordajes psicológicos. Los abogados chicaneros “preparan” a sus defendidos en las cárceles llevando a especialistas privados que les enseñan cómo dibujar, cómo responder, qué tono usar, cómo mirar durante las entrevistas para las pericias psicológicas que les practicará el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), con el fin de manipular los resultados de las mismas.

11.- Amedrentamiento o pago de testigos para que no se presenten o cambien su versión. Esta práctica es frecuente. Los testigos de cargo son amenazados a través de terceras personas para que no se presenten en los juicios orales. También les ofrecen dinero, con el mismo objetivo. Se ha visto que algunos cambian sus testimonios en los juicios y alegan que cuando declararon ante la Policía, lo hicieron bajo presión.

12.- Exclusión o anulación de pruebas durante el juicio, por aspectos de forma, en busca de la impunidad de sus clientes. Los abogados chicaneros se esfuerzan en buscar cualquier aspecto de forma para tratar de anular la mayor cantidad de pruebas del delito; aunque las evidencias observadas puedan corroborarse contrarrestándolas con otros documentos, actas, pericias o testimonios. 

Chicanería afecta al 80 por ciento de procesos

Un proceso penal por violencia debería durar un promedio de dos años como máximo, de acuerdo a la norma. Sin embargo, en los hechos, desde la presentación de una denuncia hasta que la sentencia es ejecutoriada, un proceso dura entre cinco y seis años.

La abogada del Observatorio de Justicia de la Fundación Voces Libres, Mercedes Cortez, explicó que la chicanería afecta a un 80 por ciento de los procesos penales, pero que la duración extendida de los mismos no puede ser atribuida únicamente a los incidentes maliciosos, sino también a cuellos de botella en el sistema y a la mora judicial que Bolivia arrastra desde hace años.

“Antes -detalló Cortez- debíamos enfrentar unas ocho suspensiones de audiencias; pero en el último tiempo se han reducido a tres o cuatro. Entre los aspectos positivos de la Ley 1173 de Abreviación Procesal tenemos que decir que se han agilizado un poco los plazos. El Ministerio Público tiene una nueva política de control por resultados que es más rigurosa, pues utiliza tecnología como el Sistema Jl1, que les avisa a los fiscales qué procesos tienen plazos a punto de cumplirse. Esto impide que los casos permanezcan abiertos sin requerimiento conclusivo. Antes, las víctimas debían ir regularmente a preguntar por los avances, para que no se estanquen. Eso ya no pasa. Los fiscales ahora imputan, acusan, rechazan casos o emiten sobreseimientos dentro de los plazos establecidos”.

En los casos de feminicidios, los procesos avanzan hoy más rápido. En un año, o 18 meses a más tardar, se llega a juicio, si es que las partes no acuerdan un procedimiento abreviado. En cambio, los procesos por violencia intrafamiliar, violencia física, psicológica y/o sexual, son más lentos. Es por ello que las víctimas terminan conciliando o abandonando sus casos.

Un cuello de botella está en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que depende de la Fiscalía. Las pericias están demorando tanto que, muchas veces, son los abogados de las víctimas los que terminan pidiendo la suspensión de juicio oral porque las pericias, que son pruebas vitales, no están listas.

Otro cuello de botella está en las salas penales, a donde va el proceso penal, luego del juicio y de la sentencia en primera instancia. La mora procesal depende de cada una de estas salas. Algunas trabajaron en pandemia y lograron avanzar. Por eso tardan un lapso de un año y medio para confirmar o rechazar la sentencia.

Otras salas penales que no lograron adelantar trabajo durante la pandemia, demoran unos tres años. Luego, el proceso continúa en el Tribunal Supremo de Justicia de Sucre, donde la ejecutoria de la sentencia tarda unos dos años. Si la familia de la víctima viaja hasta allí para ejercer presión, convirtiéndolo en un caso de relevancia social, tal como hizo Emiliana Quispe con los feminicidios de su hija y de su sobrina, la ejecutoria puede tardar un año como máximo.

Respecto a las chicanerías, Cortez dijo que las más comunes son las ausencias de los acusados o más frecuentes aún, las de los abogados. “Los jueces les llaman la atención, señalan nueva audiencia nombrando defensores de oficio, pero también hay fallas en ese sistema. A veces es necesario nombrar dos defensores de oficio y tres de la defensa pública para que vengan dos de los cinco y evitar una nueva suspensión”.

La abogada Jessica Echeverría dijo que desde que comenzó la pandemia, se puso de moda que los acusados o los abogados falten por sospechas de Covid-19.

Los cambios de abogados también son una chicana frecuente. Mercedes Cortez recordó que, en el caso del feminicidio de la exreina de belleza de Warnes Carla Callaú, el feminicida Jorge Sneyder Quiroz Wills cambió de abogados varias veces, hasta que tomó lo servicios de Jhasmany Torrico, quien ya estaba detenido preventivamente en un penal por otros delitos.

Sin embargo, Jhasmany trató de participar como abogado del acusado, desde la cárcel, en una audiencia presencial. Un juez le otorgó esa posibilidad, pero luego las autoridades superiores aclararon que eso no era factible. Cuando le negaron a Jhasmany esa opción, él presentó una Acción de Libertad alegando que tenía derecho al trabajo y su profesión era la de abogado.

Los cambios de abogados causaron una suspensión tras otra. La nueva abogada de Jorge Sneyder pertenecía al mismo equipo de Jhasmany Torrico, pero argumentó que no conocía el caso. De acuerdo a ley, los jueces le dieron un plazo de 48 horas para que estudie el expediente. En la siguiente audiencia, la abogada hizo un abandono malicioso del caso, argumentando que ese tiempo legal no fue suficiente.

En la etapa preparatoria, otra chicanería “de moda” es que los acusados obstaculizan la investigación y dilatan sus procesos negándose a someterse a diferentes pericias. “No podemos hacer nada al respecto, es su derecho constitucional. Sin embargo, el no colaborar con las pesquisas también se convierte en una mala señal del acusado ante las autoridades”. 

En cuanto a la exclusión probatoria, los abogados de los acusados exigen que las declaraciones escritas efectuadas por los testigos, inmediatamente después de los hechos, ante la Fiscalía y la Policía, no sean tomadas en cuenta si es que esos testigos no se presentan en el juicio a refrendar su versión. Lo mismo en el caso de los peritos. Lamentablemente, los testigos y peritos muchas veces se mudan de vivienda, se cansan de presentarse en audiencias que se suspenden o simplemente no pueden llegar por razones laborales.

Los abogados chicaneros exigen la anulación de las declaraciones escritas, pruebas documentales o de los informes técnicos que no son refrendados oralmente en los juicios, alegando que, si no lo hacen, sus clientes quedarán en indefensión porque las evidencias no fueron sometidas a un principio de contradicción, oralidad e inmediatez ante el Tribunal.

“En cierta medida esto es cierto, pero no nos olvidemos que, debido a la retardación de justicia, los delitos llegan a juicio después de un año y medio o dos a la etapa de juicio. Volver a ubicar a testigos que vivían en alquiler, que cambiaron de celular o que en el camino son amenazados, o pagados para que cambien de versión, son obstáculos que son parte de una estrategia para que se anulen las pruebas testimoniales”.

Abogada Mercedes Cortez

Las declaraciones anticipadas (tomadas a las víctimas o a los testigos vitales menores de edad) podrían ser una solución, pero deben cumplir con requisitos imprescindibles como el demostrar que esos testigos no podrán estar en la etapa de juicio y que es imprescindible preservar esa prueba antes de que desaparezca.

Otra chicana muy utilizada, en los casos de violencia intrafamiliar, está relacionada con la demora del IDIF en practicar las pericias psicológicas a las víctimas. “Si una mujer víctima es sometida a pericia después del delito, o unas semanas después, el grado de afectación es mayor que cuando se la valora después de un año y medio del hecho. En ese lapso, la víctima va a terapia y el grado de afectación disminuye, lógicamente, pero esta tardanza del IDIF es usada por los abogados chicaneros para asegura que no hay daño y pedir el sobreseimiento de sus defendidos”.

Otra chicana preocupante es que algunos abogados están preparando a los agresores para que se sometan a tests y peritajes psicológicos “con éxito”.  Les enseñan cómo deben dibujar, cómo deben hablar, mirar, qué tipo de trazos usar en el papel, para que no salgan a luz desórdenes. “Hemos sabido de algunos casos y esto, es muy grave. Hay una conspiración desde la cárcel a través de abogados chicaneros para manipular la verdad”.

Los jueces tienen la atribución de rechazar la artillería de chicanas de los abogados de los acusados, pueden llamarles la atención e imponerles multas cuando detectan una mala intención o mala fe en su accionar.  Si bien ya se organizaron mejor para que las suspensiones de audiencias no sean largas, aún se muestran flexibles con respecto a las llamadas de atención y la imposición de multas.

La Ley 1173 abrió las puertas

Para la abogada de Santa Cruz Jessica Echeverría, la Ley 1173 ha permitido que se le abran las puertas al uso y abuso de chicanas jurídicas, con el fin de librar de la cárcel a los acusados de delitos. Incluso si ya tienen sentencia en primera instancia.

“Es así en todo el proceso. Cambian de investigadores policiales, nunca los hallas o no se hacen hallar para que tomen declaraciones. Luego las pericias psicológicas tardan mucho debido a que hay pocos profesionales. Te ponen mil trabas y las víctimas se cansan. En Bolivia existe un solo histopatólogo y sus pericias demoran porque va de ciudad en ciudad.

Abogada Jessica Echeverrría

Echeverría recordó que uno de los casos en los que más chicanas observó fue el de la Manada, ese grupo de jóvenes acusados de violar a una víctima de 18 años en un motel de Santa Cruz, el 14 de diciembre de 2018. “Hasta la fecha no se ha podido obtener una sentencia condenatoria. Ha habido muchas suspensiones. Si venían unos acusados, los otros faltaban. “La víctima ha tenido que salir fuera del país ante tanto hostigamiento de las madres de los jóvenes. Una de ellas era funcionaria municipal y sus abogados aún siguen interponiendo todas las chicanerías posibles para poder liberarlos de culpa”.

En lugar de garantizar la presencia de los cinco acusados para el juicio, los jueces han ido liberándolos y solo queda uno detenido. Con chicanas se ha obstaculizado el desarrollo del juicio, pues, si uno de ellos no se presenta, el juicio no puede continuar. El Estado debería garantizar la sanción de los delitos denunciados, pero eso no está ocurriendo.

Abogados chicaneros buscan la prescripción

Los abogados de los agresores utilizan una serie de chicanas (objeciones, incidentes y recursos) para que sus clientes salgan impunes. Actúan de mala fe “para dilatar en forma indefinida los procesos, buscando la prescripción de los mismos”, advierte Jinky Irusta, la abogada de la Oficina Jurídica para la Mujer.

Para ello, todo le sirve. Si la denuncia se presenta en una jurisdicción donde no ocurrió el delito, los abogados piden la declinatoria de inmediato. Las apelaciones son incidentes que presentan sin importar los resultados, tan solo para que transcurra el tiempo. Las respuestas a las apelaciones pueden tardar hasta un año.

“Incluso en los casos en los que solicitamos la declaración anticipada de la víctima, y el juez acepta, el agresor presenta un recurso para que esa declaración se demore”, ejemplificó la abogada. Irusta recordó que fue testigo de que las consecuencias de las chicanas que no son frenadas por los jueces, pueden derivar en la prescripción del proceso penal por duración máxima del mismo.

“Conocimos un caso de violencia sexual que duró varios años. Cuando había audiencia de juicio, el acusado iba sin su abogado, en la próxima audiencia, el abogado argumentaba que recién habían tomado su patrocinio y que desconocía el caso. El detenido cambiaba de abogado, volvía con el antiguo, luego presentaba algún justificativo, certificados médicos. Se suspendieron tantas audiencias, que el tiempo pasó y lograron su objetivo de plantear la prescripción”.

En otro proceso de violencia sexual, el juicio se suspendió 17 veces por los continuos cambios de abogados. “En el caso del colegio Bolívar, en el que varios estudiantes varones discriminaron y rechazaron a una alumna mujer, la estrategia de los acusados es no presentarse a las audiencias. Fueron declarados rebeldes y nuevamente aparecieron. Desde 2013 que no se lleva a cabo el juicio. Hoy, que se iba a reanudar, dos de los acusados se presentaron sin abogado y de nuevo se suspendió para el mes de enero del 2022”, lamentó la abogada de la Oficina Jurídica para la Mujer.

Por todo lo visto entonces se podrá entender cómo un proceso que debería durar en promedio dos años como máximo termina tardando de cinco o seis años, dando lugar a mayor sufrimiento en las familias de las víctimas, quienes deben peregrinar en pos de justicia en Bolivia como se podrá ver en los casos que acompañan este artículo principal del reportaje. Usted podrá encontrar la lista y los enlaces para el ingreso directo a los demás artículos más abajo.

Este material fue elaborado con el apoyo del proyecto Vida Sin Violencia, de la Cooperación Suiza en Bolivia.  

Este reportaje está compuesto por los siguientes artículos:

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