Texto y video de Guiomara Calle para Guardiana (Bolivia)
Miércoles 14 de agosto de 2024.- Bolivia ingresó oficialmente al mundo de las criptomonedas hace poco más de un mes, con la anulación de una resolución que daba pie a la persecución de quienes compraban o vendían la denominada moneda digital. El presidente Luis Arce fue claro al relacionar esta determinación con una alternativa a la escasez de dólares en el país; sin embargo, el paso a esta tecnología no avanza como debería o al menos no está siendo una solución a la falta de dólares. Además, hay al menos cuatro trabas, que van desde la falta de educación hasta el nulo acompañamiento de la banca.
La criptomoneda es una moneda virtual gestionada por una red de computadoras descentralizadas, que cuenta con un sistema de encriptación para asegurar las transacciones entre usuarios. En Bolivia, las más utilizadas son el Bitcoins (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT o dólar digital) y otras de las más de 860 que existen en el mundo, según Chainalysis, una plataforma de registro.
Antes, para realizar una transacción, la banca digital te obligaba a aceptar una declaración que descartaba que el movimiento de dinero fuera para la compra o venta de criptomonedas debido a las restricciones. Pero, la última resolución del Banco Central de Bolivia (BCB), emitida el 25 de junio de este año, anula la prohibición de 2014 que prohibía el uso de criptomonedas en el país y habilita el sistema bancario para tales transacciones, aclaró Mario Durán, especialista en temas de tecnología.
El presidente Arce explicó a principios de julio que la medida es una de las más importantes para resolver la falta de dólares, considerando que el uso de las criptomonedas es “una estrategia internacional para dejar de usar el dólar”. No obstante, levantar las restricciones no implicó su reconocimiento como moneda de curso legal, es decir, no es admitida por el sistema jurídico como medio legítimo de pago de compromisos financieros y otros, como la moneda boliviana.
Además de lo mencionado, un grupo de expertos y criptoactivistas ve al menos cuatro más trabas para el uso de la moneda digital, más aún si el Gobierno apunta a paliar la falta de la divisa estadounidense
Primera traba: desprestigio y falta de educación
Jaime Dunn, master en administración de empresas y experto en criptoactivos, aseguró en un conversatorio en línea de Diálogos al Café sobre oportunidades y desafíos en torno a las criptomonedas, que Bolivia entró con el pie izquierdo a este mundo porque prohibió su uso en el sistema financiero durante los últimos 10 años. Además, en este intervalo, el Gobierno realizó una campaña de desprestigio en la que aseguraba que los criptoactivos no son monedas y son peligrosas.
“Manejaban como argumento la volatilidad de las criptomonedas, es decir, la variabilidad de su valor en el mercado, pero era ilógico. Si la volatilidad es tan peligrosa, deberíamos prohibir las transacciones del petróleo también y precisamente Bolivia basa su economía en esos precios”.
Jaime Dunn, master en administración de empresas y experto en criptoactivos
Christian Rivas, presidente de la Comunidad Bitcoin Bolivia, recordó que el Gobierno emitió hasta hace poco una serie de mensajes en las sucursales de todas las entidades bancarias que desprestigian a las criptomonedas y advertían a la población que son peligrosas, que carecen de control y que están vinculadas a estafas.
“Hemos visto estos mensajes en todos los bancos y no sólo en español. El Gobierno se tomó el tiempo para hacer mensajes en aymara, guaraní y quechua. ¿Y ahora qué hace? Pide que se utilice porque puede servir para el gran problema de la falta de dólares. Un desafío ahora es girar toda esta satanización de las criptomonedas porque han generado desconfianza en la gente”.
Christian Rivas, presidente de la Comunidad Bitcoin Bolivia
Dunn resaltó que, pese a la campaña de desprestigio, actualmente existen 252.801 cuentas de ciudadanos bolivianos que operan a diario con la moneda digital, según datos del sistema centralizado provistos por casas de cambio de criptoactivos, que también detallan que las transacciones fueron de 1,5 millones de dólares cada mes hasta enero de 2023; pero, cuando empezó el problema de la falta de dólares en el país, subió hasta 15 millones de dólares.
Para muchas bolivianas y bolivianos, esta forma de transacción aún es complicada de entender. Durán y Rivas coincidieron en la necesidad de educar y orientar también a través de las comunidades digitales, que vienen manejando la información de forma didáctica.
Cuando se anularon las restricciones, el Banco Central de Bolivia anunció que todo ello irá acompañado de un Plan de Educación Económica y Financiera, que explicará los aspectos conceptuales y los riesgos sobre los activos virtuales con el fin de promover un mayor conocimiento y uso informado de la población. Sin embargo, las acciones aún son limitadas o nulas.
Segunda traba: no tiene validez en contratos, Aduana y DD.RR.
La criptomoneda aún no es de curso legal, es decir, que no es avalada por el Estado y sus instituciones. Por lo tanto, si adquieres un bien y pagas con criptomonedas, el contrato de compra y venta no puede detallar el uso de la moneda digital, sino su equivalente en bolivianos o dólares porque, caso contrario, no será reconocido por Derechos Reales (DD.RR.).
La situación de complica si se trata de empresas y comerciantes. El economista José Gabriel Espinoza cuestionó en el mismo conversatorio que la anulación de restricciones por el BCB “no sirve para empresas y no se hizo para empresas”.
“Hoy por hoy ninguna persona jurídica puede firmar contratos, hacer pago por importaciones o exportaciones o hacer algún pago por servicios a través de transferencias bancarias que no sean vinculadas a monedas emitidas por otros bancos centrales, bolivianos, UFV o dólares. Es decir que si una empresa grande quiere pagar con criptomonedas algún tipo de importación, más allá de que el proveedor acepte la moneda digital en el exterior, en Bolivia tendrá una serie de problemas porque la Aduana no aceptará las criptomonedas”.
Economista José Gabriel Espinoza
No obstante, Dunn mencionó que la Aduana emitió el 19 de junio la Resolución 0160, sobre documentos probatorios del precio realmente pagado o por pagar por los importadores, que establece que los pagos se harán en los diferentes tipos de monedas oficiales y de curso legal, y agregaron: “y otro medio de pago”. “Esto ha llamado la atención porque podría ser el inicio de una apertura a las criptomonedas”.
Tercera traba: resistencia de la banca tradicional
Para Rivas, presidente de la Comunidad Bitcoin Bolivia, la banca tradicional no se está adaptando a la tecnología moderna. “Lastimosamente ellos no están entrando al tren del desarrollo y futuro, cuando en otros países la banca tradicional ofrece los servicios de compra y venta, y hasta de custodia, es decir, que te cuidan tus criptoactivos. La banca de Bolivia no lo comprende, se resiste. La solución es una apertura y que adopten la tecnología”.
Dunn, por su lado, resaltó la necesidad de accesos a servicios financieros, tomando en cuenta que existe mucha población que aún no tiene acceso ni a los servicios tradicionales. También destacó que los bancos deben comprender que abrirse a las criptomonedas es un buen inicio para aliviar la falta de dólares en el país.
“Los montos son relativamente pequeños –hizo notar Dunn– dada la magnitud de necesidad de dólares que existe, pero es un buen comienzo y puede tener un impacto importante como alternativa al dólar, como ocurre en Venezuela y Argentina, y con las empresas que operan comercio internacional. Como Bolivia entró tarde a este mundo, los montos son bajos".
Cuarta traba: falta de regulación
Rivas indicó que los criptoactivistas están conscientes de la necesidad de una regulación para el uso de las criptomonedas, lo que ya pasó también en otros países con la finalidad de anular trabas para la compra y venta. Actualmente hay dos modelos de normativa: uno que es libre y flexible, y el otro restrictivo. El primer modelo se dio sólo en El Salvador, donde el bitcoin es una moneda de curso legal, o sea es parte de las monedas oficiales del país, e incluye una norma que establece el programa de educación “Mi primer bitcoin”, que comienza en colegios, y la liberación de impuestos por 15 años a toda actividad relacionada con la tecnología.
“Mientras que el segundo, el restrictivo, se enfoca en los delitos y la persecución de delitos. Es un modelo que no conviene al Estado. La idea es ser un país competitivo y atraer capitales para los ciudadanos, el segundo modelo no aplica a un país como el nuestro. Si se asume esta, lo mejor es quedarnos en el limbo”, aseguró Rivas.
En el marco de una investigación sobre la normativa relacionada con el Estado Digital en Bolivia, el ciberactivista Mario Durán identificó cinco proyectos de ley en la Asamblea Legislativa, dos de ellos referidos a la regulación de criptomonedas. El primero es el proyecto de Ley para la regulación del Bitcoin en Bolivia, presentado el 15 de marzo de este año por Mariela Baldivieso, diputada de Comunidad Ciudadana, el cual tiene 16 artículos y una disposición transitoria.
“Esta ley tiene como propósito regular el uso del Bitcoin como una moneda de curso legal en Bolivia, permitiendo su uso sin restricciones en todas las transacciones, ya sea realizada por personas naturales o jurídicas, tanto en el ámbito público o privado”, señala el artículo 1 de dicho documento haciendo mención a su objetivo.
En general, la propuesta es que el Bitcoin, la moneda digital más utilizada en el mundo, pase a ser de curso legal en el país sin restricciones y establecer obligaciones fiscales y contables a mineros de Bitcoin. La minería es lo que mantiene la red Bitcoin en funcionamiento porque crea nuevos bloques en la cadena y verifica las transacciones de Bitcoin a través de un hardware especial para resolver acertijos matemáticos.
También establece la creación de un organismo regulador específico y le atribuye a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) la responsabilidad de regular y supervisar las actividades relacionadas con el uso del Bitcoin.
¿Quieres saber más sobre ese anteproyecto de ley? Haz click AQUÍ.
El segundo fue presentado el 29 de mayo de este año por Rosario García, diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), con el nombre de proyecto de Ley de Regulación de Criptoactivos y Tecnología Financiera. El documento tiene 63 artículos y cuatro disposiciones transitorias.
En su artículo 1 establece como objetivo “regular los criptoactivos y la tecnología financiera estableciendo sus lineamientos, definiendo sus características e incentivando la adopción de la innovación tecnológica relacionada con todas las actividades financieras de intercambio de criptoactivos en plataformas virtuales (…)”. El documento, en general, establece además la creación de cuatro instituciones de control y supervisión.
Si quieres saber más sobre este anteproyecto de ley de la diputada del MAS, haz click AQUÍ.
No obstante, el 31 de agosto del año pasado, Baldivieso presentó otro documento, el proyecto de Ley de Adopción Integral de Criptoactivos, que tiene 23 artículos, seis disposiciones transitorias, cinco disposiciones adicionales y una abrogatoria. El artículo 1 señala como objetivo “establecer un régimen jurídico integral para la adopción de la tecnología emergente de cadena de bloques (blockchaine) para el desarrollo productivo nacional".
La propuesta menciona “reglas de intercambio de activos” y dispone adecuar la reglamentación de la firma digital “para la compatibilización necesaria en la actividad de criptoactivos” en la Agencia de Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia, la creación de medidas preventivas por parte de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), entre otros.
Esta propuesta la puedes leer completa AQUÍ.
“Hemos analizado ambas propuestas (los dos últimos proyectos de ley) y el de la diputada de Comunidad Ciudadana nos parece más flexible. Sólo hemos observado algunos puntos tributarios, pero el proyecto masista lo rechazamos porque es burocrático y crea cuatro instituciones del Estado para el control, vigilancia y supervisión, entonces apunta a un infierno burocrático y fiscal. Hemos enviado cartas a la diputada García advirtiendo que si esa ley es aprobada, las empresas de la industria cripto no querrán venir a Bolivia”, observó Christian Rivas, abogado y presidente de la Comunidad Bitcoin Bolivia.
Sostuvo que en el anteproyecto del MAS se criminaliza el uso de criptomonedas y se establece como intermediario al Banco Central de Bolivia, cuando la regla principal del Bitcoin, que es la criptomoneda más utilizada y demandada en el mundo, es la transacción de persona a persona sin intermediarios para evitar la burocracia actual de la moneda fiat (billetes de papel).
“Bitcoin nació para evitar esa intermediación, para que todo sea directo, pero si en una ley pones cuatro instituciones, no una, sino cuatro, que se encargarán de lo mismo: controlar, vigilar y supervisar el movimiento de criptomonedas, llegamos a lo mismo y peor todavía, estamos rompiendo la visión de para qué ha sido creado al menos el Bitcoin”, cuestionó Rivas.
El jurista resaltó que el documento establece impuestos a transacciones o utilidades “en una Bolivia que ya es un infierno fiscal”, según el índice Paying taxes, que es del Banco Mundial y que coloca al país en el puesto 185 de 187 países del mundo en cuanto a facilidad de pago de impuestos. Bitcoin tiene comisiones bajas, que llegan a un dólar por transferencia así los montos sean mayores.
Rivas indicó que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) convocará a reuniones de socialización por unas resoluciones que pretende emitir. “Como comunidad nos invitaron. Si bien se ha dejado sin efecto una resolución, todavía está en veremos qué pasará después, estamos atentos porque aún vemos trabas en esta situación. Si habrá normas restrictivas, preferimos que todo esté en el limbo”.
Comentarios