*Por Susana Salinas para Guardiana y foto portada de la Defensoría del Pueblo (Bolivia)
Martes 23 de agosto de 2022.- Cada miércoles, Virginia espera su turno de ingreso al penal de San Pedro de la ciudad de La Paz. Una “acusación por robo” dejó al menor de sus hijos de 23 años tras las rejas. Un juez cautelar determinó que no cumplía los requerimientos para una detención domiciliaria y lo envió al penal en el que ahora debe esperar desde hace un mes y medio en detención preventiva, convirtiéndose de ese modo en uno más que se suma a los 12.231 detenidos que están con detención preventiva en una de las 47 cárceles que tiene Bolivia.
Datos oficiales a marzo de este año, compartidos por Régimen Penitenciario y la Defensoría del Pueblo, dan cuenta de 20.002 reclusos a escala nacional en los 47 centros penitenciarios. Sin embargo, para agosto el coordinador del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, dependiente de la Defensoría del Pueblo, Juan Ledezma, ya manejaba la cifra de 22.000, en sus declaraciones. En todo caso, hablar de 20.002 reos ya implica una tasa de ocupación de alrededor del 247 por ciento, la tercera más alta de la región después de Haití y Guatemala, y casi 100 puntos por encima de la región que es de 148,3 por ciento.
“San Pedro tiene un hacinamiento superior a 250 por ciento, hay penales con mayor hacinamiento aún, como en Montero donde se llega de 800 a 1.000 por ciento de hacinamiento, impresionante”.
Juan Ledezma, coordinador del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo
En el último informe sobre la situación de la justicia en Bolivia, la Fundación Construir publicó que en solo cinco meses entre noviembre de 2021 y marzo de 2022, la población carcelaria aumentó en 2.188 personas, lo que significa un incremento del 12 por ciento, "lo que evidencia la importancia de que el Estado a la brevedad aplique medidas de descongestionamiento de los recintos carcelarios a nivel nacional".
¿Qué significan estos continuos incrementos del porcentaje de hacinamiento en la vida cotidiana de los presos en Bolivia?
"Es un infierno"... "dormimos como pescados"... "la única forma de que le peguen menos era pagando el alquiler"... "hemos conseguido casi mil dólares para el anticrético de un cuarto"... "pagué 3.000 bolivianos como derecho de piso y ahora 300 bolivianos cada mes"... "primero pagué 250 bolivianos al mes, pero era al lado de las gradas en un lugar nauseabundo"... "venden su plato de comida en cuatro bolivianos cuando hay carne"... Esas son solo algunas de las frases que muestran pantallazos de lo que implica vivir en hacinamiento carcelario. Allá, todo tiene un precio que en su mayoría es controlado por los mismos presos y nadie sabe a ciencia cierta cuánto dinero implica porque desde el "alquiler o anticrético" está bajo control de algunos reclusos.
"Descongestionar los recintos carcelarios continúa siendo uno de los principales desafíos de derechos humanos que afronta el país –dice el último informe de Fundación Construir– y el mismo no puede solucionarse meramente con la construcción de otros recintos carcelarios, pues requiere acciones integrales que además de trabajar dentro del sistema de persecución y juzgamiento penal, promuevan el desarrollo de políticas criminales preventivas, en el marco de la obligación de prevención que tiene el Estado boliviano, pues la situación de hacinamiento no puede esperar una reforma y requiere soluciones inmediatas, por lo que sería muy importante que la Comisión 898, en cumplimiento de los mandatos de la Cumbre de Justicia, pueda destinar esfuerzos coordinados que permitan respuestas efectivas en el desafío de proteger derechos humanos de la población privada de libertad".
¿Por qué se llenan las cárceles?
Ledezma explicó de las 114 visitas sorpresa realizadas a centros penitenciarios en lo que va del año pudieron verificar que el hacinamiento es producto del “uso desmedido de la figura de la detención preventiva”. Sin embargo, él cree que “el juez se ve en la difícil situación de determinar una detención domiciliaria, porque si la persona se fuga, el problema posterior puede llegar al mismo juzgador”.
“La idea no es sacar a la gente (de las cárceles), sino tener un sistema racional donde la figura de la detención preventiva sea como manda la ley: ‘una medida excepcional’”, apuntó Ledezma.
Entre las medidas que se han planteado, hasta el momento, también figura la necesidad de impulsar la conciliación como medida para solucionar los problemas de mínima cuantía que no tengan que ver con la violencia y muerte de alguna persona. Existen muchos conflictos que pueden resolverse dialogando y encontrando una salida sin terminar tras las rejas.
“Actualmente, el hacinamiento lo provocan las personas detenidas preventivas. El 30 por ciento de la población son personas que están con condena y el 70 por ciento son gente con detención preventiva, son datos aproximados; hablamos de más cinco por ciento o menos cinco por ciento, pero esa es la situación”, puntualizó Ledezma.
Lo que hoy se hace
Mientras algún día llegue una respuesta estructural e integral al problema carcelario en Bolivia por parte del Estado, el Órgano Ejecutivo y la Defensoría del Pueblo están trabajando en sistemas para el descongestionamiento de los recintos carcelarios.
El coordinador del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Juan Ledezma, explicó que se ha venido trabajando en un sistema informático para documentar “cómo funciona el sistema carcelario”.
“Buscamos tener un panorama macro de cada una de las 47 cárceles en Bolivia, que no solo abarque infraestructura, sino también datos de la alimentación, salud, educación, trabajo y programas que se están implementando”.
Juan Ledezma, coordinador del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
A este plan se suma otro sistema en coordinación con el Ministerio de Gobierno, a través de Régimen Penitenciario, que consiste en el diseño del Sistema de Registro Penitenciario (Sirep), con información individualizada para interconectar e interoperativizar datos entre las reparticiones.
“Con más de 22.000 privados de libertad, cada persona debe contar con su propio file personal”. Es un proyecto ambicioso que va a significar un paso adelante para Bolivia”, dijo. Tras culminar su primera etapa, el plan podría cristalizarse en 2023.
Este sistema, por ejemplo, identificará a personas con problemas mentales o discapacidad, que hoy están “a su suerte”. “Tenemos 16 médicos para más de 22.000 presos, entre ellos psicólogos, pero ni un psiquiatra”, especificó Ledezma.
También visibilizará a otras poblaciones como inmigrantes, indígenas y adultos mayores. Sobre los inmigrantes, Ledezma explicó que son un porcentaje menor, pero de mayor vulnerabilidad, pues tras tener problemas con la justicia, no tienen documentación de ingreso al país y carecen de apoyo familiar.
Finalmente, el sistema ayudará a diseñar programas postpenitenciarios.
Derecho de piso, alquiler y anticrético
“Cuando mi hijo entró a la cárcel –contó Virginia a Guardiana– estaba en un cuarto con muchos otros. Me dijo que toditos dormían como pescados, pero cuando ya pagué 3.000 bolivianos como ‘derecho de piso’, lo hice para que ya no esté con otros, para que no lo peguen, para que no lo molesten. También, antes de los 3.000, le pidieron 250 o 450 bolivianos antes, no sé para qué sería”.
El primer alquiler que consiguió Virginia para su hijo fue de 250 bolivianos. “Era en un lugar nauseabundo, cerca de las gradas (allí también duermen otros, duermen doblados)”. Pero ahora paga 300 bolivianos al mes por una celda con una cama empotrada y un colchón. Tiene un pequeño televisor y una hornilla.
Esto significa que pagar por un pequeño espacio en la cárcel para poder dormir prácticamente cuesta lo mismo que pagar por un cuarto con acceso a baño en los suburbios de la ciudad, fuera de las rejas.
Otros optaron por el "anticrético" en vez del "alquiler". Es el caso del hijo de Carlos, quien cumple una sentencia de 10 años. “No tengo recursos. Hemos conseguido casi mil dólares para el anticrético de un cuarto. Me dicen que él teje manillas para comprar droga, que cuesta a dos bolivianos. No puedo hacer nada, se está enviciando más”, cuenta su padre, quien sigue llevándole comida a su hijo casi todos los días.
Desde que amanece, algunos internos elaboran adornos de papel, manillas de lana o cordel, artesanías de latas de cerveza, madera o aretes para vender a las visitas, con el fin de conseguir dinero para sus gastos. Muchos de ellos no tienen familia en el país porque son extranjeros, pero también están los que sí la tienen, pero igual no reciben su visita.
Y si no alcanza el dinero, mediante la venta de alguna manualidad o de productos dentro de la cárcel, venden lo que pueden. “Hay compañeros –dice uno de los presos en San Pedro– que venden su comida, hasta cuatro bolivianos cuando lleva ración de carne y a dos otros días, todo por comprar droga. En el sector del Auditorio y el Área 51 (Sin Sección), algunos caminan sin zapatos porque vendieron la chancleta por drogarse, hasta son capaces de vender su ‘anillo de cuero’”.
“Todo tiene un precio”. Si no se cuenta con un celular, la llamada cuesta cinco bolivianos por minuto o el alquiler de una televisión es de 60 por 15 días; un litro de alcohol con sabor vale Bs 150 a 200 (…) Hay lugares donde hasta dormir en el suelo pelado es (cuesta) un boliviano. También está la “pernota”, cuando mujeres entran al penal para dormir con los reclusos y el precio varía, y llega a costar 500 bolivianos.
El "cogobierno" en los penales
El “cogobierno” intracarcelario fue identificado por los entrevistados por Guardiana como un mecanismo que si bien ayuda a reclamar por los derechos de los internos, en la práctica también se activa a la hora de los “cobros”, desde el ingreso en las secciones o en la cotidianidad de la vida en el penal.
Este punto es crucial. El Coordinador del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura explicó que la Ley 2298, de Ejecución Penal, contempla esta “corresponsabilidad”.
“En nuestras cárceles hay una especie de ‘cogobierno’ que no está recomendado en absoluto por ningún estándar internacional. De hecho, es una crítica que se realiza a escala internacional, que no le conviene a nadie (…). Estos cogobiernos degeneran en que bandas delincuenciales tengan poder dentro de las cárceles”.
Juan Ledezma, coordinador del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo
Explicó que, en las leyes bolivianas, en una lógica de participación ciudadana y asunción de una responsabilidad al interior de la vida carcelaria, se permite la existencia y actuación de delegados en representación de los internos.
“Es importante revisar, con datos objetivos y con evidencia, si el sistema que se tiene en la actualidad (de cogobierno) genera la promoción de la autorresponsabilidad (…), una mentalidad responsable en una persona privada de libertad o se degeneró en una especie de grupos de poder que, según sus intereses o beneficios, cometen actos como la extorsión”, apuntó. Y remarcó: “Hay actos que se realizan a vista de la Policía (y los delegados) y eso no puede ser”.
Mecanismos como el “cogobierno”, en criterio de algunos reclusos, también permiten el ingreso de estupefacientes, alcohol y otros similares al penal, que no necesariamente pasan por los escáneres o las revisiones a los visitantes.
Sin embargo, estas denuncias no tienen peso hasta que no son corroboradas por instancias como la Defensoría. Ledezma, no obstante, recordó que este es un problema de corrupción de algunos funcionarios. “Es una tarea del Gobierno la erradicación de la corrupción a toda escala”.
“En las cárceles –puntualizó Ledezma– la primera preocupación cuando se ingresa es saber dónde se va a vivir y eso lo controla la propia población penitenciaria. Se puede alquilar, comprar, estar en anticrético o construir su propia celda; no debería darse así, pero se da”.
Hizo hincapié en que no hay una auditoría general y se desconoce cómo se usa ese dinero; aunque los delegados justifican el cobro para mejorar la infraestructura. “Hay reglas del Estado y al interior del penal de los propios internos (…) Las cárceles se convirtieron en ciudadelas donde se realizan todas las transacciones comerciales que uno quiera”.
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