Texto Carlos Tellería (Guardiana), foto FCBC
Jueves 22 de abril de 2021.- Organizaciones defensoras de la naturaleza dudan de la sinceridad y honestidad del Gobierno y su llamado a un reencuentro con la Madre Tierra para debatir acciones contra el cambio climático y están convencidas de que esa iniciativa es distractiva y solo pretende mostrar que en Bolivia hay gobernantes que se preocupan por el medio ambiente y los pueblos indígenas, cuando la realidad es distinta.
Dicho reencuentro organizado por la Vicepresidencia del Estado se realizará en horas de la mañana de este 22 de abril, en el Día Internacional de la Tierra, con presentaciones y discursos.
El Gobierno se anticipó y elaboró dos anteproyectos de ley. El primero, sobre las atribuciones, organización y funcionamiento de la Defensoría de la Madre Tierra, creada hace más de una década. El segundo anuncia la intención de la incorporar el delito de ecocidio en el Código Penal.
DESCONFIANZA
El Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), Fundación Tierra y la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap) y 31 instituciones civiles coinciden en que no se puede esperar algo positivo de un partido político que gobernó entre 2006 y 2019, y lo hace nuevamente desde noviembre de 2020, y que busca mostrarse como defensor de la naturaleza, cuando los hechos demuestran lo contrario.
El investigador del Cedib, Pablo Villegas Nava, considera que el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, quien lanzó la convocatoria el 26 de marzo, pronunció un discurso de exportación, para cautivar a quienes no viven en Bolivia y adoptar la fachada de un gobierno defensor de la Madre Tierra, de los indígenas.
“Están repitiendo eso que hicieron el 2006, están aplicando la misma receta para ganar apoyo afuera del país, pero aquí adentro hacen lo mismo. Nosotros sabemos cuál es la realidad que sigue echando humo”, dijo Villegas. Se refería a los incendios forestales de 2019 y 2020.
En 2019 fueron quemadas seis millones de hectáreas y en 2020 el fuego destruyó otros cuatro millones de hectáreas en la Amazonía, Chiquitanía y Chaco, según cálculos difundidos por el vocero de Contiocap, Álex Villca Limaco.
Villegas acota que recientemente se informó del avasallamiento de tierras en la zona de Bajo Paraguá, en el departamento de Santa Cruz, y recordó que hay problemas en las áreas protegidas.
El investigador afirma que se habla de una Defensoría de la Madre Tierra que, en su opinión, no podrá hacer nada contra los patrocinadores de los actos que dañan el medio ambiente.
A su juicio, la Defensoría, y no un “ministerio de baja jerarquía” (refiriéndose al Ministerio de Medio Ambiente y Agua), debería tener la capacidad para la aprobación de las evaluaciones de impacto ambiental y las auditorías ambientales.
“Esa evaluación –dice Villegas– la hace la parte interesada en que se realice la obra y la aprueba el Gobierno, que es el más interesado en que se hagan esos trabajos”.
QUE NO SEA UNA DISTRACCIÓN
El director de Fundación Tierra, Gonzalo Colque, considera que la convocatoria al reencuentro para adoptar las dos normas es solo un intento por distraer la atención y cooptar la agenda ambientalista.
Considera que para avanzar hacia un verdadero reencuentro con la Madre Tierra no son necesarias leyes declarativas y decorativas. Opina que si el Gobierno quiere hacer algo de verdad útil debería empezar por abrogar el Decreto Supremo transgénico 4232, la Ley 741 que autoriza desmontes, cancelar el proyecto de biodiesel y desalojar a los traficantes de tierras que producen soya transgénica en suelos fiscales.
En las disposiciones finales del anteproyecto de ley contra el ecocidio se menciona que serán abrogadas las leyes 741, del 29 de septiembre de 2015, y la 1171, del 25 de abril de 2019, ambas promulgadas en el gobierno de Evo Morales. También se asegura que quedarían abrogadas y derogadas todas las demás disposiciones legales contrarias a la norma proyectada.
Ambas leyes forman parte de las normas ecocidas que causaron estragos en 2019 y que el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza (TIDN) pidió sean abrogadas. La sentencia se dictó en agosto de 2020. En septiembre del mismo año, el gobierno transitorio anuló el Decreto Supremo 3973.
En enero de 2021, la Asamblea por los Bosques de Bolivia le pidió al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca cumplir su promesa electoral de abrogar los decretos supremos 4232, 4238, 4348 y 3874, relacionados con los organismos genéticamente modificados.
SIETE RAZONES PARA CONTIOCAP
La Contiocap difundió un pronunciamiento de siete puntos para manifestar el rechazo a los planes de Gobierno. Refiere que el discurso del Movimiento al Socialismo (MAS) ha engañado al mundo y así pretendía mostrarse como defensor de la Pachamama y de los pueblos indígenas, y más bien promovió el extractivismo en territorios indígenas y áreas protegidas.
Agrega que la política depredadora causó los incendios forestales de 2019 y 2020 que arriesgaron la existencia de pueblos indígenas no contactados y provocaron la pérdida de millones de vidas de animales y plantas, de fuentes de agua y suelos para la producción y reproducción de vida.
Añade que el MAS otorga beneficios a agropecuarios y grupos afines como los interculturales entregándoles tierras en territorios indígenas o áreas demandadas por pueblos indígenas. Advierte que promete nuevas leyes, cuando no fue capaz de cumplir las ya existentes.
El documento indica que en las actuales condiciones, la Defensoría de la Madre Tierra estará sometida al Gobierno, como ha sucedido con otras instituciones, y tampoco será respetada la ley contra el ecocidio. Señala que las autoridades hacen ofertas, pero al mismo tiempo asaltan e invaden áreas protegidas como pasa en los parques Amboró, Carrasco, Tunari y Tipnis.
En el sexto punto del pronunciamiento, la Contiocap exige al gobierno de Luis Arce anular todas las normas que violentan los derechos de la Madre Tierra y de los pueblos indígena originario campesinos.
Finalmente, el documento hace un llamado urgente a la población boliviana y al mundo para “no incentivar más al lavado de imagen de gobiernos de discurso indigenista y pachamamista, mientras en Bolivia el gobierno actual y sus aliados de poder económico siguen cometiendo ecocodio, etnocidio, persiguiendo y procesando a defensores y defensoras indígenas y campesinos de derechos humanos”.
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