El 14 de noviembre pasado se llevó a cabo el Primer Diálogo para la Reforma a la Justicia, impulsado por el Tribunal Supremo de Justicia. Se ve con buenos ojos que sea el máximo ente de la jurisdicción ordinaria la entidad que se preocupe de la temática, junto con el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura; puesto que en su oportunidad, la Comisión de cumplimiento a las conclusiones de la Cumbre de Justicia de 2016 estuvo a cargo del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, como forma de control y centralización de las decisiones en el área y no con el ánimo de cumplir los mandatos del evento o platearse una reforma judicial en serio.
Sin embargo, al analizar las conclusiones de este primer encuentro, quedan más preocupaciones y dudas que aspectos completamente positivos o claros, comenzando por el hecho de que una reforma no se la puede discutir en cinco horas de debates desordenados, en mesas de más de 60 personas, porque eso no es participación, es instrumentalización para concluir políticamente que hay respaldo y validación. Pasemos a analizar algunos aspectos de fondo:
Reformas normativas
Se plantea una reforma constitucional estructural, como forma de garantizar la independencia judicial. Se entenderá que la misma se refiere seguramente a la elección de las altas magistraturas del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional; sin embargo, se ha evidenciado por sendos informes de entidades de la sociedad civil conocedoras de la temática, que el problema no está en la elección popular, sino en cómo la Asamblea Legislativa Plurinacional ha destruido, tergiversado, maleado (y todos los calificativos negativos que quiera darle) todo el proceso de preselección, ahí está el gran problema. En sí, no se requiere una reforma constitucional para cambiar ese mecanismo para garantizar que realmente los mejores abogados y abogadas puedan acceder a la etapa de votación popular que, en sí, es una conquista para el sistema democrático, sólo se necesita voluntad política para soltar la rienda y hacer que entidades civiles, internacionales, académicas, etc., puedan estar a cargo. Hay varias propuestas en la mesa que pueden servir.
En ese mismo sentido se plantean reformas a otra normativa como materia laboral, penal, civil, social, etc. Es evidente que estas reformas son necesarias. Muchas de las leyes que regulan sustantiva y adjetivamente estas materias son del siglo XX, empero hay que ir con mucho cuidado. Por ejemplo, en materia penal, no se debe avanzar simplemente con cambiar el código penal y el procesal penal, como se planteó en el diálogo de Sucre, se debe construir primero una POLITICA CRIMINAL, es decir, los lineamientos que el Estado boliviano adoptaría para prevenir, controlar y luchar contra el delito, garantizar la seguridad y el bienestar de la sociedad, que tiene características muy propias desde el derecho penal y la criminología. Una vez realizado este estudio recién se avanza hacia la normativa, medidas y estrategias específicas. Si se comete el error de modificar las normas penales sin esto, pues estaremos exactamente en lo mismo que ahora, con medidas de populismo penal, con miles de detenidos preventivos hacinados en las cárceles y con personas que por 10 gramos de marihuana pagan penas de más de 10 años de cárcel porque no tuvieron el dinero para la “coima” necesaria para liberarse de la cárcel.
De la misma manera, se recomendaría lo mismo en materia laboral y social, puesto que las voces actuales ven las conquistas sociales, beneficios y protección del trabajador que históricamente han costado muertos y heridos, como cosas del pasado y freno al avance del liberalismo económico, y motivo -según señalan los gremios empresariales- de evitarles más ganancias y desarrollo capitalista a la usanza del siglo XVIII y XIX ¡Cuidado ahí!
Un tema que hay que impulsar de manera urgente es la normativa para el Tribunal Agroambiental, que actualmente viene realizando un gran papel de cuidado de las áreas protegidas, lucha contra la contaminación minera y protección de algunas especies animales, entre algunas acciones muy loables de cumplimiento de su mandato. El masismo, obviamente por su cercanía al empresariado agropecuario, la minería cooperativa legal e ilegal, el movimiento intercultural, frenó todas las iniciativas de otorgarle a esa entidad un procedimiento adecuado, que le permita cumplir sus atribuciones, incluso sugirió el entonces ministro de Justicia, Iván Lima, que debería anularse el tribunal. Ahora se tiene la oportunidad de avanzar... ¿O será que la nueva gestión gubernamental también caerá en las presiones de esos sectores que destruyen y degradan el medio ambiente?
Es esperanzador observar que se analizó la necesidad de modificar la Ley de Deslinde Jurisdiccional procurando su adecuación constitucional, aspecto que en el pasado fue solicitado por diversas organizaciones de esta gran población y autoridades como la exdiputada Toribia Lero y la exsenadora Silvia Salame, con proyectos de ley que el masismo escondió en alguna gaveta, porque como sabemos, el tema indígena para este partido sólo fue un instrumento, una escalera y no el real y sincero motivo de su accionar.
Presupuesto
Entre las conclusiones más publicitadas se encuentra aquella que refiere que el Órgano Judicial debería tener un presupuesto de por lo menos el 5% del Presupuesto General del Estado. Si bien esto se vino diciendo desde hace muchos años, tampoco debe mirarse como la panacea. En este punto me adscribo a lo dicho por la Defensoría del Pueblo en su documento presentado a la Cumbre de noviembre: “Cualquier aumento del presupuesto debería estar sujeto a un análisis profundo y técnico, en base a objetivo e indicadores de resultado claros. El órgano Judicial debe encontrar caminos para optimizar la inversión pública en justicia. Debe mejorar su organización, para obtener más sentencias por juez. Debe analizar cómo gastar menos por sentencia producida; discutir cómo capacitar concretamente a los jueces para obtener mejores resultados. Porque estos objetivos de accesibilidad, celeridad y productividad no se logran por la simple evolución o por el paso del tiempo. El Estado debe invertir en justicia lo necesario para obtener los niveles de celeridad, accesibilidad y productividad que espera una determinada sociedad en un determinado momento dentro del margen de recursos disponibles. Este es el presupuesto judicial adecuado: el que permite alcanzar las metas deseables para la sociedad, que como se dijo anteriormente al ser un servicio debe guardar esa relación importante”.
Carrera judicial
Esto es uno de los elementos más importantes para garantizar la independencia del Órgano Judicial. Contar con jueces de carrera debe ser la línea a seguir, aunque estamos todavía lejos de aquello. Según información de la sociedad civil, del total de autoridades jurisdiccionales, sólo un 28,51% ingresó a funciones habiendo egresado de la Escuela de Jueces del Estado, mientras que 71,49% de autoridades jurisdiccionales fueron institucionalizadas a través de la Convocatoria del Consejo de la Magistratura, es decir, tenemos más jueces y juezas que no son especializados. Empero, por las conclusiones del Diálogo de Sucre, al parecer no habrá demasiado cambio sobre esto, pues todavía se admite la segunda forma de ingreso. Si bien se le puso la denominación de “extraordinaria”, sabemos que en tanto no exista normativa específica al respecto se mantendrán esas malas prácticas de ingreso e incluso la corrupción que conlleva.
Otro tema que queda pendiente a la buena voluntad del Órgano Legislativo es elaborar una ley de evaluación de las autoridades jurisdiccionales. Esperemos que las máximas instancias del Órgano Judicial ya estén preparando una propuesta bien elaborada de manera participativa con los interesados y la sociedad civil para lograr este fin que tiene el objetivo de analizar de manera objetiva el desempeño de las juezas y jueces, y su contribución o no a un sistema de justicia que debe ser humano, transparente, independiente, imparcial y eficiente.
Sobre el punto de desarrollo tecnológico, si bien es un tema importante, creo que existen otros mucho más relevantes para encarar una verdadera reforma de justicia, además de que las conclusiones sobre este tema están supeditadas a la existencia de presupuesto suficiente y así como está la situación del Tesoro, parecería que todavía este punto tomará su tiempo.
Es importante no olvidar que cualquier reforma judicial seria debe adoptar estándares internacionales de derechos humanos, por ello la Defensoría del Pueblo ha nombrado su propuesta como “Una reforma judicial con enfoque de Derechos Humanos”; además, es importante considerar que una política pública, como debería ser el cambio del sistema judicial, debe devenir de acciones de participación social amplia, no sólo debe ser un tema de abogadas y abogados, que si bien pueden dar su opinión técnica, la sociedad organizada, expertos/as en materias relacionadas, como sociólogos, antropólogos, comunicadores, criminólogos, etc. deben también brindar su criterio, ya que la justicia es un tema que nos debería interesar a todos y todas, pues es la forma cómo el Estado soluciona los conflictos del día a día.
Esperemos que el encuentro del 14 de noviembre haya sido, como su nombre señalaba, un “primer” diálogo y que vengan muchos más, para ir tratando varios otros temas que quedaron en el tintero, como ser la reforma del Ministerio Público, el fortalecimiento de los Servicios Plurinacionales de Defensa Pública y de la Víctima (que de paso quedaron en el aire con el cierre del Ministerio de Justicia), el refuerzo de la Ley No 348, el sistema penal para adolescentes, y una reforma policial urgente, entre los más importantes, caso contrario será una nueva decepción y el comienzo de reformas nuevamente “parche”, para decir que algo se está haciendo, pero en realidad nada está cambiando.
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