Decimos que vivimos en democracia, pero ¿qué significa eso en la práctica? ¿Basta con votar cada ciertos años para sentirnos parte de un sistema justo? ¿O la democracia exige algo más profundo: un compromiso real con la dignidad y los derechos de todas y todos, sin excepciones?
La Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama que todos nacemos libres e iguales. Sin embargo, esta promesa dista de cumplirse, incluso en regímenes que se dicen democráticos. Un ejemplo claro de esta deuda pendiente está en la exclusión política que enfrentan las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales, intersexuales y de otras identidades diversas (LGTBIQ+).
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) aborda esta realidad en su guía Construir democracias inclusivas, que busca garantizar la participación política significativa de las personas LGTBIQ+. Sus hallazgos son contundentes: pese a avances innegables en derechos, persisten barreras profundas que limitan su participación real.
En las últimas décadas, muchos países han eliminado leyes criminalizadoras y han adoptado marcos legales contra la discriminación. Se han aprobado leyes de matrimonio igualitario y de reconocimiento de identidad de género. Pero estos progresos conviven con realidades alarmantes: en 2023, 62 países todavía penalizaban las relaciones entre personas del mismo sexo, algunos incluso con pena de muerte. Más allá de las leyes, persisten actitudes homofóbicas y transfóbicas que legitiman la discriminación y la violencia.
El terreno político no está al margen de estas tensiones. La violencia política LGTBIQfóbica se expresa en discursos de odio, amenazas, exclusión de candidaturas y negación de derechos civiles básicos como el uso del nombre elegido en registros electorales. La violencia digital amplifica estas prácticas, buscando silenciar voces disidentes y disuadir la participación.
Estas barreras actúan en varios niveles. Hay leyes y políticas excluyentes que consolidan la marginación. Partidos y organismos electorales mantienen prácticas que limitan candidaturas diversas o niegan visibilidad a liderazgos LGTBIQ+. El miedo, la falta de recursos y la desconfianza institucional reducen la participación individual. Finalmente, la violencia física, psicológica o digital busca castigar e intimidar.
El resultado es una democracia que se proclama inclusiva, pero que deja fuera a comunidades enteras. Aunque hay ejemplos de representantes electos abiertamente LGTBIQ+, suelen ser excepciones que no logran revertir la exclusión estructural. A menudo se practica el “tokenismo”: exhibir diversidad de forma superficial sin permitir cambios reales.
Superar este problema requiere mucho más que gestos simbólicos o retórica inclusiva. Significa construir condiciones reales de igualdad y seguridad para que todas las personas puedan participar políticamente sin miedo ni barreras. No basta con proclamar el derecho al voto si en la práctica se bloquea la posibilidad de ejercerlo de forma plena y segura.
El PNUD subraya la necesidad de un compromiso colectivo. Los partidos deben revisar sus normas internas, apoyar redes y candidaturas diversas, y capacitar a su militancia para erradicar la discriminación. Los organismos electorales deben garantizar procedimientos respetuosos de la identidad de género, permitir el uso del nombre elegido y diseñar campañas inclusivas.
Los parlamentos tienen la responsabilidad de legislar contra la discriminación de manera efectiva y crear espacios donde la diversidad sea escuchada de verdad, no sólo exhibida. La sociedad civil debe fortalecer su capacidad de formar liderazgos, monitorear elecciones y sostener el trabajo de base que hace posible la inclusión real.
Los medios de comunicación también juegan un rol esencial. Deben abandonar el sensacionalismo y los discursos de odio, y comprometerse con una cobertura respetuosa y responsable que refleje la diversidad sin perpetuar estereotipos.
El PNUD recuerda además la importancia del principio de “no hacer daño”. Cualquier política o intervención debe diseñarse para no reforzar desigualdades ni crear nuevos obstáculos. También señala la necesidad de un enfoque interseccional: la exclusión no se vive igual para todas las personas LGTBIQ+, sino que se cruza con variables como género, etnia, edad o situación económica.
En última instancia, el argumento es simple pero profundo: la democracia sólo se fortalece cuando es para todas y todos. Una democracia que margina sistemáticamente a parte de su ciudadanía es incompleta y frágil. “No dejar a nadie atrás” no puede ser un lema vacío, sino un compromiso político concreto y verificable. Sólo así podremos afirmar que vivimos en sociedades verdaderamente libres e iguales en dignidad y derechos.
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