Cada 29 de noviembre, el mundo conmemora el Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, un reconocimiento a las mujeres que enfrentan grandes riesgos para proteger derechos fundamentales. Esta fecha, nacida de la Primera Consulta Internacional de Mujeres Defensoras en 2005 en Sri Lanka, resalta no sólo por las contribuciones de ellas, sino también por los peligros que enfrentan debido al machismo, la discriminación estructural y contextos de violencia extrema.
Las mujeres defensoras de derechos humanos desempeñan un papel fundamental en la construcción de sociedades más justas, igualitarias y sostenibles. Desde sus comunidades, luchan por la defensa de la vida, el territorio, la naturaleza y los derechos fundamentales, enfrentándose a contextos de discriminación, violencia estructural y estigmatización. Su trabajo, muchas veces invisibilizado, es esencial para garantizar la resolución pacífica de conflictos y la protección de los derechos humanos, tanto individuales como colectivos.
Las mujeres defensoras de derechos humanos trabajan desde diversos frentes: la defensa del territorio, el medio ambiente, los derechos de las mujeres, las comunidades indígenas y la justicia social. Son lideresas que con su labor transforman las comunidades, impulsan la paz y fortalecen democracias. Sin embargo, su género las expone a riesgos adicionales, estereotipos de género, violencia de género y represalias específicas que son amenazas que enfrentan de manera desproporcionada.
Enfrentan un doble desafío: por un lado, la violencia y amenazas propias del activismo en contextos adversos; y, por otro, la discriminación de género que perpetúa su vulnerabilidad. Las mujeres defensoras están expuestas a formas específicas de violencia como agresiones sexuales, acoso, intimidación contra sus familias y estigmatización pública, todo ello derivado de los estereotipos de género que buscan deslegitimar su lucha.
La intersección entre género, raza, etnia y clase incrementa aún más su situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, las mujeres indígenas y afrodescendientes que defienden sus territorios frente a megaproyectos extractivistas suelen ser blanco de violencia extrema y ataques sistemáticos. Pese a estas adversidades, su resiliencia y capacidad de articulación han sido fundamentales para generar cambios estructurales en sus comunidades.
Es crucial que los Estados cumplan con su obligación de proteger, promover y garantizar los derechos de las defensoras. Esto implica adoptar medidas de prevención y protección con enfoques de género e interseccionalidad, como el fortalecimiento de mecanismos específicos para su seguridad, acceso a la justicia y reparación integral. Además, es imprescindible reconocer su liderazgo, visibilizar sus contribuciones y garantizar su participación efectiva en los procesos de toma de decisiones.
A pesar de la centralidad de su trabajo, la protección de las defensoras sigue siendo insuficiente. Es urgente que los Estados implementen medidas integrales para garantizar su seguridad y derechos.
Entonces se tendrá que tomar en cuenta la atención psicosocial y la recuperación económica que son esenciales para garantizar que las defensoras puedan continuar su labor en condiciones dignas. La violencia, las amenazas y el hostigamiento no sólo afectan su seguridad física, sino también su bienestar emocional y sus medios de vida. Proveer acceso a servicios psicosociales especializados y oportunidades económicas adaptadas a sus necesidades específicas es crucial para fortalecer su resiliencia y asegurar su permanencia en el activismo.
Promover la autonomía y la resiliencia de las defensoras requiere invertir en estrategias de autoprotección y redes de apoyo colectivo. Esto incluye brindar herramientas y capacitaciones que fortalezcan sus capacidades para enfrentar riesgos y fomentar la solidaridad entre ellas. En ese sentido, las redes colectivas no sólo son espacios de cuidado mutuo, sino también plataformas donde pueden articular demandas y generar cambios estructurales desde una perspectiva colectiva.
Las iniciativas que abordan la prevención, la protección y la atención a la violencia contra las defensoras son pasos significativos, pero insuficientes si no se adaptan a contextos diversos. Es fundamental garantizar que estas medidas lleguen a las zonas más vulnerables, donde los riesgos suelen ser mayores y los recursos más limitados. Un enfoque inclusivo y territorial asegura que ninguna defensora quede atrás en el acceso a su derecho a la protección.
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