¿Confiamos en el nuevo Fiscal General?

El 21 de octubre pasado, la Asamblea Legislativa Plurinacional eligió al nuevo Fiscal General del Estado, el ciudadano Róger Mariaca Montenegro. Realmente fue una elección sorpresiva, cualquiera hubiese pensado que las facciones masistas iban a disputar el puesto para algún ahijado o ahijada, pero desde la primera votación, se vio que los enemigos de a ratos, habrían llegado a acuerdos previos, 83 votos le otorgaron, consolidaron en la segunda votación con 115 votos; es decir, se sumaron asambleístas de oposición para llegar a más de dos tercios que reclama la norma, y listo, primera mala señal para la ahora máxima autoridad del Ministerio Público. ¿Por qué?

Porque es evidente que las facciones masistas en conflicto para elegirlo seguramente no tuvieron en cuenta sus dotes de jurista penalista destacado –que puede serlo– pero había candidatos y una candidata con más experiencia y cartones. Tiene que haber algo más que los haya hecho pensar que el susodicho era el elegible, ¿será otra especie de Uribe, Guerrero o Lanchipa? En todo caso, la providencia nos libre, porque ahí debemos olvidarnos de que la nueva autoridad, a pesar de su discurso de posesión, vaya a cumplir a cabalidad las previsiones constitucionales y legales que regulan las funciones del Ministerio Público.

¿Esto es grave? Sí y mucho, la Constitución Política del Estado señala que la institución fiscal, junto con la Defensoría del Pueblo, tiene la función de defender a la sociedad, por ello, los titulares de estas entidades deben estar al servicio del pueblo y no de una facción política o cualquier otro poder fáctico, gremial, sectorial, empresarial, etc., que les haga perder su independencia, autonomía funcional y objetividad.

Lo anterior nos lleva nuevamente a meditar que si arcistas y evistas vieron con buenos ojos su elección es porque están seguros de que será muy posiblemente dócil con ellos y ellas, no olvidemos que Evo Morales tiene la espada de la justicia encima de su cabeza, por sus chuecos gustos, y tampoco dejemos de lado que probablemente Luis Arce no vaya a ser reelegido, y mucha tela que cortar podrá existir para investigar una que otra irregularidad durante su mandato cuando ya no goce de las mieles del poder, por ejemplo los posibles negociados de su prole. Entonces, los políticos que lo eligieron tienen que estar seguros de que podrán manejar la situación.

Una primera señal de la actitud del novel Fiscal General del Estado fue dada en una de sus primeras declaraciones con respecto a los bloqueos que lleva a cabo el evismo, con el fin de que sus acólitos lo libren de la persecución de la justicia. Al respecto dijo que esperaría a las personas que detenga la Policía, omitiendo que nuevamente por mandato constitucional el Ministerio Público “defenderá la legalidad y los intereses generales de la sociedad, y ejercerá la acción penal pública”, por lo tanto, debería más bien ser esta entidad y sus funcionarios/as quienes estén junto con la institución del orden en los desbloqueos, verificando una posible comisión de ilícitos, sea por el uso excesivo de la fuerza policial o por desmanes que desvirtúen el derecho a la protesta de los bloqueadores, cosa que ocurrió el viernes 25 de octubre, con el saldo de 14 policías heridos y más de 50 detenidos.

Una otra mala señal del abogado Mariaca se dio en la posesión de los nueve fiscales de distrito. En su discurso, destacó el trabajo de “gran parte” de los fiscales departamentales, a quienes ratificó en el cargo y dio la bienvenida a los nuevos fiscales en el caso de Santa Cruz, La Paz, Potosí y Pando, a quienes pidió compromiso con su trabajo, pero en ningún momento señaló que cumpliría la Ley del Ministerio Publico que en su artículo 33 señala textualmente:

"(Requisitos, designación y periodo de funciones)

I. Para optar al cargo de Fiscal Departamental se requiere, además de los requisitos generales, haber ejercido las funciones de Fiscal, Jueza, Juez o la profesión de abogada o abogado, con crédito por seis años.

II. Las o los Fiscales Departamentales serán designadas o designados por la o el Fiscal General del Estado, previa convocatoria pública y calificación de capacidad profesional y méritos a través de concurso público.

III. Ejercerá sus funciones por cuatro años, con posibilidad de nueva designación como Fiscal Departamental por una sola vez. Si el designado o designada perteneciera a la carrera fiscal, cumplido su período podrá restituirse a la misma.

IV. Serán evaluados anualmente, conforme a Reglamento, a los fines del Artículo 24 numeral 5 de la presente Ley".

Nótese el subrayado. Desde que se emitió esta ley el año 2012, nunca se realizó la institucionalización de los cargos de fiscales departamentales, ¿se preguntará el motivo?, pues para tener la facilidad de presionarlos, manipularlos y si no hacen caso o se portan mal a consideración del Fiscal General, en su calidad de personal interino, poder destituirlos sin un debido proceso, puesto que no gozan de estabilidad funcionaria alguna. Recordaremos la actuación de Lanchipa con la fiscal de Tarija Sandra Gutiérrez por supuestamente írsele la mano en el tema del estupro, trata y tráfico de Morales, a criterio de la ahora exautoridad, no habría cumplido sus órdenes de no mover ese caso e inmediatamente la despidió, debiendo la afectada recurrir a un Amparo Constitucional para retornar a sus funciones.

Por estas razones, añadiendo además el pasado poco claro del abogado Mariaca por diversas denuncias que tuvo como Fiscal Departamental de Santa Cruz con la movilización de más de 400 mil bolivianos a cuentas de la hija de un funcionario municipal que nunca fue aclarada o la negligencia de la actuación de la Fiscalía cruceña en el caso de las Londras, la verdad es que el nuevo Fiscal General del Estado no da ninguna confianza, lo que traslucirá con seguridad a toda la institución fiscal. Esperamos equivocarnos y realmente le otorgue a ésta otro rumbo, carisma y una entrega total a la sociedad a la que debe defender del delito.

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