Por Guardiana (Bolivia)
Martes 25 de junio de 2024.- El Foro Social Panamazónico rechazó la pretensión de cooperativas mineras de conseguir que sean aprobados 19 contratos, recientemente desestimados en el Senado, porque no cumplen con la normativa ambiental y los estándares establecidos en el Acuerdo de Escazú como la transparencia y el acceso a la información.
“Nos mantenemos atentos a cualquier nuevo intento de hacerlo por la vía legal o ilegal”, advierten en un pronunciamiento divulgado este martes por las organizaciones sociales indígenas, afrodescendientes, campesinas, de activistas ambientales y otros que forman parte del Fospa.
“Estamos organizados/as y nos movilizaremos en articulación con movimientos sociales de los nueve países y territorios de la cuenca amazónica en defensa de nuestra Amazonía, nuestros ríos y territorios”, advierten los guardianes de la Amazonía.
En el documento se alega que existen disposiciones legales que protegen las cabeceras de cuencas, ríos, lagos, vertientes y embalses, y otras fuentes de agua frente a la actividad minera.
Hace notar que el artículo 93 de la Ley de Minería y Metalurgia (Ley 535) señala que “las restricciones se sujetarán de acuerdo a Estudios Ambientales con enfoque multisectorial”. Este punto, dicen las organizaciones del Fospa, pone límites a la otorgación de derechos mineros.
El XI Fospa, realizado del 12 al 15 de junio en los municipios de Rurrenabaque y San Buenaventura, ha reconocido que la Amazonía tiene derechos y que se debe caminar hacia una región libre de todas las formas de minería y de contaminación.
“Nos declaramos en emergencia –dice el pronunciamiento– ante el lobby cooperativista del sector minero que, con la complicidad de algunas autoridades de Gobierno y asambleístas nacionales, pretende el incremento de actividades mineras, principalmente auríferas, en municipios y territorios amazónicos”.
Además, se exige el cumplimiento de los mandatos del Acuerdo de Escazú y que la sociedad civil, particularmente los pueblos indígenas, puedan acceder de manera oportuna a la información, así como la realización de estudios integrales de Evaluación de Impacto Ambiental que permitan tomar decisiones en procesos de Consulta y Consentimiento Previo Libre e Informado.
“Asimismo, demandamos la pronta implementación del Convenio de Minamata que obliga al Estado boliviano a adoptar medidas urgentes para reducir el uso del mercurio en el país”, agrega el documento.
“Estamos organizados/as y nos movilizaremos en articulación con movimientos sociales de los nueve países y territorios de la cuenca amazónica en defensa de nuestra Amazonía, nuestros ríos y territorios”, advierte el pronunciamiento.
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