Por Carlos Gutiérrez para Connectas
En octubre de 2017 surgió MeToo, el movimiento de denuncia masiva de acoso sexual contra mujeres más contundente de todos los tiempos. Apareció como respuesta a las decenas de acusaciones contra el afamado productor de cine y empresario estadounidense Harvey Weinstein, quien terminó condenado a 23 años de prisión.
No obstante, a finales de abril pasado, un tribunal de Nueva York dio un sorpresivo giro al invalidar, con cuatro votos a favor y tres en contra, una de las condenas por violación impuestas a Weinstein, bajo el argumento de que el magnate no había recibido un juicio justo. La jueza Madeline Singas hizo público su rechazo. “Este tribunal ha continuado una tendencia inquietante de anular veredictos de culpabilidad en casos que involucran violencia sexual”, afirmó Singas según el portal The Wrap.
Pero este no es un caso aislado, pues en los últimos tiempos se han presentado serios reveses para algunos derechos que las mujeres y los activistas de las diversidades sexogenéricas conquistaron tras años de intensa lucha. Tan solo en Estados Unidos, el año pasado la Corte Suprema anuló la sentencia del caso Roe versus Wade, que daba garantías federales de protección del derecho al aborto.
En ese mismo país, actualmente ese máximo tribunal examina limitar el acceso a la sustancia abortiva mifepristona, una de las dos usadas para terminar el embarazo. Y la semana pasada, en Florida, entró en vigor una prohibición al aborto después de la sexta semana de gestación.
A nivel global, la tendencia que menciona Singas se ve en una embestida de sectores conservadores con discursos que justifican la discriminación y los ataques que violan los derechos humanos. Pero estos grupos tienen, a su vez, algo en común: una “obsesión contra los derechos de las mujeres y las diversidades”, explica Teresa Incháustegui, vicepresidenta del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará, en un artículo publicado en el diario El País de Madrid.
Este escenario de ataque contra los derechos de las mujeres también se presenta en América Latina. En la región, algunos países han dado importantes pasos simbólicos en ese sentido. Por ejemplo, en Perú, recientemente se aprobó una iniciativa de ley para cambiar el nombre de Ministerio de la Mujer por el de Ministerio de la Familia. En Argentina, el presidente Javier Milei degradó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad a subsecretaría en el Ministerio de Capital Humano, además de que prohibió el uso del lenguaje inclusivo y todo lo referente a la “perspectiva de género” en la administración pública.
Por otro lado, en 2022 Guatemala celebró el título de capital iberoamericana provida, –que ganó sobre Brasil y Paraguay–, otorgado por una asociación de 19 naciones. En ese país centroamericano, además, “las autoridades judiciales consideran cerrar la Unidad de Control, Seguimiento y Evaluación del Poder Judicial. Lo que representa un retroceso en los mecanismos para velar por el cumplimiento de la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer”, dice Incháustegui.
Asimismo, grupos poderosos buscan derogar leyes que reconocen la igualdad y penalizan la violencia de género. “Las Américas están hoy bajo presión de estos movimientos que desafían los instrumentos y convenios internacionales signados por sus países para promover, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas y eliminar la violencia en contra de las mujeres”, advierte.
De acuerdo con un análisis de The Economist, tanto el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, como Milei y aspirantes a líderes de la derecha radical de Chile, Perú y Colombia, forman parte de un nuevo grupo de derecha dura latinoamericana. Este muestra una “feroz” oposición a las leyes proaborto y proderechos de las mujeres.
Desde Argentina María Elena Martin, investigadora de la Universidad Nacional de Misiones, coincide en que existe “una puesta en discusión de la agenda de derechos humanos y de los consensos alcanzados desde la Segunda Guerra Mundial”. Dice que su país está viviendo un claro retroceso debido a la presencia de un gobierno de ultraderecha con una postura antifeminista. “Peligran varias de las luchas que en estos 40 años de democracia hemos conquistado las mujeres”, afirma.
Hay grupos “conservadores y organizados” que tienen influencia política y que están “intentando echar para atrás algunos de los avances que teníamos las mujeres, por lo menos en el papel”, opina Carmen Díaz, académica del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de México (ITESO). Se trata de organizaciones “bastante financiadas” que tienen entre sus simpatizantes a políticos y también a mujeres. “Es muy tremendo que ellas estén y crean que realmente esa es la agenda que hay que impulsar”.
Sin embargo, en la región aún persisten grandes deudas en los derechos de las mujeres. Las labores de cuidado en el hogar son un ejemplo. “América Latina presenta una organización social del cuidado altamente familiarizada y feminizada”, expone Lourdes Jiménez en La Ventana, una revista de estudios de género. Afirma que “el tiempo dedicado al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados es el principal obstáculo para la participación plena de las mujeres en el mercado laboral”.
Jiménez cita datos de la CEPAL de 2021 que indican que un 60% de las mujeres en hogares donde hay menores de 15 años no participa en el mercado laboral “por atender responsabilidades familiares”. Y es que las mujeres son “quienes proveen, dentro de las familias, la mayor cantidad del cuidado que se necesita para la supervivencia de la sociedad”, escribe. Esto quedó más en evidencia durante la pandemia, cuando a ellas se les “aumentó en forma dramática la carga de cuidados, predisponiéndolas a mayores riesgos sociales”.
Otra deuda tiene que ver con la violencia de género, que continúa “muy arraigada”, apunta Amnistía Internacional en un documento titulado “Los derechos humanos en América”. “Los avances logrados en años anteriores en relación con la ampliación del acceso al aborto seguro sufrieron un notable revés en toda la región, incluso en países donde este procedimiento se había despenalizado”. Además, señala que la violencia de género, incluido el feminicidio, “sigue siendo la norma”, mientras las autoridades se abstienen “sistemáticamente de abordar la impunidad de estos crímenes”. Proporciona un dato escalofriante: tan solo en México, durante 2023, nueve mujeres murieron asesinadas cada día y la mayoría de los casos no se resolvieron “de manera eficaz”.
Hay que decir que no todos los gobiernos latinoamericanos protegen de la misma manera a las mujeres, explican Lorena Soto y María Isabel Calvo, investigadoras de la Universidad de Salamanca, en España. De acuerdo con su análisis, los países de América Central y el Caribe son los que “garantizan en menor medida una vida libre de violencia”. En la contraparte están Argentina, Bolivia, Perú y Uruguay que cuentan con leyes para proteger a las mujeres. Eso “se traduce en el reconocimiento de un mayor número de tipos de violencia y en acciones tendientes a promover espacios libres de violencia”. Así lo exponen en un capítulo del libro Inclusión de personas en situación de discapacidad.
Por otro lado, la desigualdad política entre hombres y mujeres “es un lastimoso lastre” en Latinoamérica, pero “se prefiere ver hacia otro lado”, señala Carlos Guadarrama-Cruz, de FLACSO-México. Aun así, en un texto publicado en la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, apunta que hay países con una representación política femenina que supera el 50% –Cuba, Nicaragua y México–, mientras otros tienen “niveles extremadamente bajos de representación de mujeres”. Este último es el caso de Guatemala, Colombia, Paraguay y Brasil, donde el promedio no alcanza el 20%.
Sin embargo, un boletín de ONU Mujeres señala que América Latina es una de las regiones con mayor representación femenina en los parlamentos nacionales. Pero “aún enfrenta grandes retos en diferentes ámbitos de toma de decisiones, así como para la inclusión de las mujeres, en toda su diversidad”, señala la organización.
Desde Venezuela Daniella Inojosa, presidenta de la asociación civil Tinta Violeta, explica que su grupo, más que el tema de la participación política femenina, se enfoca en la violencia de género. “Los problemas que tenemos las mujeres en Venezuela son mucho más profundos y nosotros somos feministas desde lo popular”. Explica que su organización tiene “como mandato” proteger a las mujeres en situación de violencia. En Latinoamérica, cada dos horas matan a una mujer por razones de género, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
Y lo peor es que la alta representatividad femenina en asuntos de gobierno, como en México, ha producido un nuevo fenómeno: la “violencia política de género”, a pesar de que en 2020 el gobierno promulgó un decreto para erradicarla. Serena Serrano, en un texto académico, explica que dicha violencia se puede apreciar claramente en la cobertura mediática de las campañas políticas, donde en el discurso sobresalen “cuatro tendencias”: feminicidio, reforzamiento del pacto patriarcal, configuración de juicios o tribunales mediáticos y obstaculización sistemática de campaña política. En su estudio halló que “48% de los actores que ejercieron la conducta violenta fueron otras candidatas/os postulados y el 36% fueron los medios de comunicación”. Ver AQUÍ al respecto.
El próximo 2 de junio, esa nación vivirá un hecho insólito. Dos mujeres y un hombre compiten por la presidencia, y muy probablemente una de ellas ganará. Para muchos, se trata de una conquista de las mujeres. “En el continente pasan cosas diversas y esperemos que esto pueda operar como una contención, para que en nuestros países, que hemos tenido un viraje hacia la derecha o hacia la extrema derecha, podamos lograr otros equilibrios”, dice la argentina María Elena Martin.
Otras, como Díaz, no son tan optimistas. “Hay muchas esperanzas puestas en quien llegue a la presidencia. Yo me iría con cautela”, afirma, porque ninguna de las candidatas plantea una agenda “de avanzada” frente a los derechos femeninos. Ello a pesar de que “las dos han aprovechado bastante los movimientos que han luchado para que las mujeres tengan espacios en la política”, asegura.
Por otro lado, en México grupos de mujeres lideran la búsqueda de más de 116 mil casos de personas desaparecidas. “Me parece irreal que sean las mujeres las que estén haciendo brigadas de búsqueda porque no hay recursos suficientes desde las fiscalías especiales o desde las comisiones nacionales o estatales de búsqueda”, dice Díaz. Las candidatas a la presidencia procuran no tocar mucho el tema y no dan propuestas concretas sobre cómo resolver esa crisis humanitaria.
También hay gobiernos que se dicen profeministas, sin que necesariamente lo sean. Recientemente, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó su compromiso con las causas de las mujeres. Y anunció la creación del Gran Movimiento de Movimientos Josefa Joaquina Sánchez, en homenaje a la mujer que participó en el primer movimiento independentista en Venezuela. “Nace para seguir empoderando y protegiendo a la mujer a través de la organización en los comités de base, los movimientos feministas y cada estructura donde, tú mujer, eres el pilar”, escribió el mandatario en su cuenta de X.
La de Maduro “es una hermosa declaración de intenciones”, pero no tiene sustento. “Hay que hacer políticas públicas para las mujeres”, critica Inojosa. Defiende la labor que han venido haciendo los propios colectivos feministas. “Hemos luchado por los derechos laborales, por el derecho al voto, hemos luchado por el derecho a nuestro cuerpo, pero siempre hemos luchado por una vida libre de violencia y no solamente para nosotras, sino para la sociedad toda. Y sobre todo para los niños y las niñas. Las verdaderas revolucionarias somos las feministas en el mundo entero”.
A pesar del panorama de retrocesos, las mujeres entrevistadas para este análisis no pierden el optimismo. Confían en que los años que llevan luchando ayuden a que ningún decreto pueda borrar de golpe las conquistas ganadas en cuantos espacios de representación femenina y derechos humanos de las minorías. Pero nada lo garantiza.
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