¿En manos de quiénes están las decisiones sobre el medioambiente en Bolivia?

Por Miriam Telma Jemio para Guardiana (Bolivia)

Miércoles 10 de enero de 2024.- Durante 2023, algunas autoridades ambientales fueron criticadas por minimizar los problemas ambientales y no actuar en concordancia a la gravedad del impacto que generan, entre los cuales han sido más recurrentes los incendios forestales o la contaminación por mercurio. ¿Quiénes toman las decisiones vinculadas al medioambiente en Bolivia?

Guardiana buscó información sobre la formación profesional de las actuales autoridades del área ambiental. La mayoría tiene postgrados relacionados al área; aunque hay también abogados, arquitectos, ingenieros y líderes sociales. Fue ardua la búsqueda de los datos porque no están disponibles en las páginas web, además, la información no suele estar actualizada y hay recelo en los funcionarios para proporcionar esta información.

Debido a las polémicas declaraciones o acciones de las autoridades, se tiene la idea de que no conocen el área, pero también porque no tienen idoneidad y responden a la línea política que gobierna a nivel central, departamental o municipal, comentan la activista ambiental Carmen Capriles y el investigador Miguel Miranda, coordinador de incidencia política del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib).

Si bien en la administración pública rige la Ley 1178 (Ley de Administración y Control Gubernamentales), cada institución tiene su propio Reglamento Interno de Personal donde se dan los lineamientos para asumir un cargo. Sin embargo, para los cargos jerárquicos no se aplica esta normativa ni otra regulación que les demande ser profesionales en el área, remarca el jurista Camilo Vera Rondan.

Minimizar los problemas ambientales

A diferencia de su antecesor, el actual ministro de Medio Ambiente y Agua, Rubén Méndez Estrada, tiene formación de posgrado en materia ambiental. Quien estuvo antes en ese cargo, Juan Santos Cruz, fue presidente de la Federación de Ganaderos Campesinos de Pando (Fedgacam) y exsecretario de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). Debido a supuestos hechos de corrupción fue destituido de ese ministerio y actualmente guarda detención preventiva.

El actual Ministro de Medio Ambiente y Agua, quien fue director de Gestión Integral de Residuos Sólidos antes de ser ministro, causó polémica debido a un comentario que realizó durante su exposición en el foro “Minería aurífera: el mercurio en cuestión”, realizado el último día de agosto de 2023 en la Vicepresidencia.

En la oportunidad dijo:

“El hermano cooperativista decía: ‘Ya tengo 66 años y no tengo ningún síntoma del mercurio’. Yo le creo, porque yo soy de Potosí y durante 500 años Potosí ha usado mercurio para la plata y para el oro. Y por las calles de Potosí, cuando llueve, sigue corriendo mercurio, y los niños de Potosí, ahí en las calles, siguen juntando el mercurio en botellas para vender. No sé si están enfermos. Yo he vivido frente a la mina, prácticamente vengo de los campamentos mineros y jugaba con mercurio. Entonces, habría que validar los datos de la universidad. Nosotros, como ministerio, conjuntamente con el Ministerio de Salud, estamos haciendo pruebas, análisis de mercurio, y seguramente en algún momento vamos a convalidar nuestros datos con los de la universidad y con los de otros investigadores, fundaciones, ONG y realmente vamos a sacar datos verdaderos para ver hasta dónde está afectando el mercurio a los seres humanos, a los animales, a las plantas, al agua para el consumo humano, etc.”

Un día después del conversatorio, tras la ola de críticas y la indignación de los indígenas afectados por el mercurio, el ministro emitió un comunicado: “Las declaraciones que están circulando han sido sacadas de contexto […] Soy consciente del peligro del mercurio en la salud humana, en el medio ambiente, en el agua, tanto así que diferentes ministerios estamos trabajando en eso”.

Magin Herrera López, exviceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, también causó polémica al asegurar que no hay contaminación en el río Pilcomayo e invitó a comer pescado de la región, tras el colapso de un dique de colas sucedido el 23 de julio. Un estudio de laboratorio realizado por el Gobierno de las aguas de ese río indicaba que la contaminación es “nula”, así descartó que exista algún tipo de afectación en los peces, animales, personas y la vegetación del lugar, según Correo del Sur.

De los tres viceministros de esa cartera de Estado; era el que más títulos académicos poseía. ¿Cómo se puede entender, entonces, este tipo de declaraciones?

En octubre de 2023, Herrera fue sustituido por Franz Álvaro Quispe Olivera.

La Ley 1178, Ley de Administración y Control Gubernamentales (Safco), regula los sistemas de Administración y de Control de los recursos del Estado, entre los cuales está el personal. Establece la responsabilidad por la función pública que contempla la responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal por acción u omisión de sus funciones.

El abogado en materia agroambiental Camilo Vera Rondan explica que fuera de la Ley 1178, cada institución tiene su propio reglamento interno de personal que establece los requisitos para asumir algún cargo público: ya sea un jefe, director, viceministro o ministro.

“Aunque lo que se esperaría es que cualquier autoridad jerárquica sea nombrada por meritocracia, en la Constitución Política del Estado los requisitos para ser ministro son los mismos que para ser diputado”, dice el jurista. No demanda tener una profesión.

"Para ser designada o designado Ministra o Ministro de Estado se requiere cumplir con las condiciones generales de acceso al servicio público; tener cumplidos veinticinco años al día del nombramiento; no formar parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional; no ser directivo, accionista ni socio de entidades financieras o empresas que mantengan relación contractual o que enfrenten intereses opuestos con el Estado; no ser cónyuge ni pariente consanguíneo o afín dentro del segundo grado de quienes se hallaren en ejercicio de la Presidencia o la Vicepresidencia del Estado".

Artículo 176 de la Constitución

Con el fin de conocer cuáles son los requisitos que se debe cumplir para ser ministro, Guardiana revisó el “Reglamento específico del sistema de administración de personal” del Ministerio de Medio Ambiente, el que estable por ejemplo una evaluación del personal de acuerdo a su formación y competencias; aunque deja exentos a los titulares de puestos electos, designados y de libre nombramiento.

La misma situación contempla el reglamento específico del Sistema de Administración del Personal de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT)

Vera considera que debería aplicarse un principio de especialidad, por ejemplo, para asumir la titularidad del Ministerio de Medio Ambiente y Agua debería ser un ingeniero ambiental; es decir, un profesional capacitado en materia ambiental que no desconozca temas relevantes como el Acuerdo de Minamata y el impacto del mercurio.

Sin embargo, lo que sucede en el caso de los cargos jerárquicos, los titulares son nombrados de manera directa por el presidente, los gobernadores y los alcaldes de turno. En ese contexto, el jurista ambiental lamenta que lo político tenga prioridad frente a lo jurídico y se favorezca o proteja a ciertos sectores como sucede con el tema de la contaminación minera.

En el siguiente cuadro puede ver la formación profesional de otras autoridades nacionales.

Autoridades ambientales departamentales

Entre los titulares de las secretarías de medio ambiente de las gobernaciones hay abogados, ingenieros civiles, agrónomos y ambientales. Algunos han cursado posgrados en el área ambiental.

Si bien algunas autoridades poseen formación académica en el área ambiental, las limitaciones logísticas también son factores que les impiden cumplir con sus funciones de manera efectiva. Así lo hizo conocer Homali Flores Bautista, secretaria Departamental de Gestión Integral de Madre y Tierra de Pando, quien –en un encuentro sobre minería realizado en 2023– explicó que no tienen personal para controlar la actividad minera en su departamento y menos un laboratorio para realizar los análisis requeridos.

Autoridades ambientales municipales

Los ingenieros dominan las carteras ambientales en los municipios de las capitales de departamento. En Cochabamba es arquitecto y en La Paz, administrador de empresas.

En los gobiernos municipales también rige la Ley 1178 y los reglamentos internos municipales. Por ejemplo, el Reglamento Interno de Personal de la alcaldía de La Paz señala que su objetivo es establecer el régimen interno de manejo y administración de recursos humanos, determinando derechos, deberes, prohibiciones, incompatibilidades, obligaciones, responsabilidades, régimen laboral y disciplina del personal.

Los funcionarios ediles electos y los designados no están sujetos a las disposiciones del Reglamento.

Los gobiernos municipales adolecen de una debilidad institucional fuerte no sólo por la falta de disposición de recursos, sino la falta de equipos profesionales. Viendo el diseño municipal se nota el sometimiento de las asociaciones de municipios al Ejecutivo, lo de autonomía les queda grande en general, están mendigando recursos al Estado (…) Eso se vio en la aprobación de las modificaciones al presupuesto general, analiza el investigador Miguel Miranda.

Aunque reconoce, de acuerdo al trabajo que realiza el Cedib, que han tenido experiencias positivas con funcionarios de gobiernos locales pequeños que son muy receptivos a capacitarse. Eso pasa también en algunas gobernaciones.

¿Tienen formación académica, pero no idoneidad?

Para Miranda, hay falta de idoneidad en las autoridades nacionales que tienen que ver con la temática ambiental. Puede ser que tengan títulos profesionales, pero se denota un desconocimiento de la temática.

Citando el ejemplo del ministro Méndez, en relación al mercurio, considera que la autoridad debió asesorarse para hablar en ese evento público realizado en la Vicepresidencia, por eso enfatiza que se tiene que denunciar y no dejar pasar el hecho como algo natural.

“No puede ser -indica Miranda- que un ministro de un ministerio tan importante para el cumplimiento de derechos, como el suministro de medio ambiente y agua, diga semejante frase. Eso puede hacerlo una persona que no tiene obligación de saber de los impactos del mercurio en salud. Es una tremenda falta de ética, de idoneidad que hay que denunciar y presionar para que tengamos las autoridades y los funcionarios que nos merecemos. La sociedad civil tiene que ser ahí muy activa”.

Para el investigador, es “altísima la irresponsabilidad y la falta de idoneidad” de las autoridades que defienden lo indefendible y acusan a la gente como pasó con los incendios. Los pobladores, por ejemplo de Rurrenabaque y San Buenaventura, pidieron ayuda para combatir los incendios; sin embargo, las autoridades amenazaron con iniciarles procesos por alarmar indebidamente.

Mientras desde Defensa Civil se afirmaba que se habían sofocado los incendios, en comunidades del Madidi y Pilón Lajas el fuego consumía los cultivos y viviendas de los indígenas. Sólo las lluvias fueron determinantes para acabar con el fuego.

Miranda remarca que se tiene que tomar en cuenta que el tema ambiental está fuertemente vinculado a la garantía de derechos relacionados con el cuidado de la vida y la salud. “No podemos tolerar que jueguen con nosotros teniendo esa calidad de autoridades”.

Y todo esto no sólo pasa en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua en Bolivia. Carmen Capriles, ingeniera agrónoma experta en Cambio Climático y Género del Colectivo Reacción Climática, hace notar que los profesionales agrónomos han observado que en el Ministerio de Desarrollo Rural hay funcionarios que no son del área, lo que “está abriendo a que se hagan normas sobre el tema con visión muy a corto plazo. Necesitamos profesionales que puedan tomar decisiones a largo plazo y no para llenar sus bolsillos”.

Cita como ejemplos a la exministra Nemecia Achacollo y al exministro Santos envueltos en temas de corrupción, lamenta que no se ponga a la “gente más idónea en estos cargos, sino a los que son más fieles”, no sólo en el gobierno central, sino también en las alcaldías.

“Se ha hecho una cultura el contratar al que hace campaña y no a las personas idóneas para el puesto. A los que acceden a un puesto por meritocracia les obligan a firmar para el partido de turno y eventualmente terminan dejando el puesto los que quieren hacer bien el trabajo. Claro que son pocos. El partido que tendrá el poder durante mucho tiempo debía preparar a su propia gente para ocupar esos cargos idóneamente”, explica la activista de Reacción Climática.

Capriles considera que con todo lo que está pasando, nuestro futuro es muy incierto de aquí a cinco años.

¿Pero qué se puede hacer frente a este panorama? El investigador del Cedib recomienda que la sociedad civil denuncie estos problemas y que no pase como algo normal. Además, destaca que la Constitución Política del Estado, en su artículo 125, señala que los recursos naturales son reconocidos como propiedad del pueblo boliviano y, por tanto, los actos que impliquen enajenación como pasa con el oro que está favoreciendo a empresas o personas privadas, es una alerta grave.

“Hay que recordarles a quienes están manejando tan irresponsablemente los recursos naturales y el medio ambiente, podrían ser pasibles a juicios por delito de traición a la patria. Entonces, me parece importante recordar el peso que tienen pues las temáticas ambientales porque están vinculadas al sostenimiento de la vida y, de acuerdo a la Constitución, estamos hablando de una propiedad que es patrimonio de los bolivianos de las presentes y futuras generaciones”, puntualiza Miranda.

Comete delito de traición a la patria la boliviana o el boliviano que incurra en los siguientes hechos: 1. Que tome armas contra su país, se ponga al servicio de estados extranjeros participantes, o entre en complicidad con el enemigo, en caso de guerra internacional contra Bolivia. 2. Que realice actos para la enajenación de los recursos naturales de propiedad social del pueblo boliviano en favor de empresas, personas o estados extranjeros. 3. Que promuevan acciones para la desintegración territorial o atenten contra la unidad del país. II. Este delito se sancionará con la máxima sanción penal.

Artículo 124 de la Constitución Política del Estado

El abogado Camilo Vera menciona que es necesario recordar que la Ley 071 reconoce a la madre tierra como sujeto de derecho, y que las autoridades no toman en cuenta ese principio. “Esa visión de prevención es débil en las autoridades del sector ambiental”.

Por tanto, si bien la Constitución no exige que se contrate a profesionales vinculados con el medio ambiente en Bolivia para gestionar todo lo que tiene que ver con éste en el país y si bien los reglamentos institucionales tampoco incluyen exigencias al respecto a la hora de contratar a personas para ocupar los altos cargos, sí existe en la Constitución la responsabilidad de cuidar los "recursos naturales de propiedad social del pueblo boliviano", lo que puede implicar, llegado el momento, un juicio a quien cause daños.

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