La postergación, hasta ahora sin fecha, de las elecciones judiciales para la renovación periódica de la cúpula del sistema de justicia en Bolivia está cada vez más bajo la lupa de los órganos internacionales que supervisan la protección de los derechos humanos.
La Constitución de Bolivia establece claramente el procedimiento para la designación de todos los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental y de los miembros del Consejo de la Magistratura. Un solo proceso en dos fases, preselección de candidatos a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional y elección por voto directo a cargo del Tribunal Supremo Electoral. Estas autoridades electas del sistema de justicia tienen un mandato limitado a los seis años, improrrogable y no pueden ser reelectas. Las actuales cesarán en sus funciones el 2 de enero de 2024.
El deber de garantizar este proceso de designación ha sido incumplido, es más, parecería que de forma manifiesta y deliberada se estaría buscando su suspensión indefinida. Una verdadera aventura política, de jugar al máximo de los límites con las posibilidades del Estado de Derecho. Un proceso fallido, fustigado desde el inicio por el uso abusivo de recursos legales para garantizar los derechos del ciudadano. El resultado es que la sociedad boliviana está cada vez más lejos del derecho a una justicia competente, imparcial e independiente.
En principio se impuso un reglamento sin consensos, vinieron dos recursos constitucionales que paralizaron el proceso, luego el Tribunal Constitucional Plurinacional exhortó reencauzar todo bajo el acuerdo de dos tercios de votos en la Asamblea, y cuando se dio ese acuerdo en el Senado, la mayoría oficialista de la Cámara de Diputados volvió a bloquear la convocatoria, con una consulta previa oficiosa y extendida a otros actores institucionales, proceso no previsto, pero que incentivó al Tribunal Supremo de Justicia que presentara ante el TCP una solicitud de control de constitucionalidad del proyecto de ley de convocatoria. El 8 de noviembre pasado el TSJ presentó una solicitud de ampliación de esa consulta, introduciendo nuevas cuestiones.
Este juego no sólo hace posible que se siga postergando la fecha de renovación de las autoridades judiciales, sino que ahora agrega un argumento nada inocente. El Presidente del TSJ señala: “siendo que el proceso de preselección encomendado al Órgano Legislativo no encuentra viabilidad hasta la fecha, resulta necesario encontrar una alternativa que resulte viable para asegurar la elección de las autoridades judiciales” solicitando al TCP proceda con una interpretación acorde a la “voluntad del constituyente”, para prevenir un “vacío de poder indefinido que atente contra el principio de continuidad al servicio de la sociedad”; alentando una alternativa que debilite u omita la necesidad de una preselección rigurosa de candidatos adoptada por los dos tercios de los miembros de la Asamblea Legislativa. Lo paradójico es que se alega que la reducción de los plazos del proceso de preselección establecidos en el proyecto de ley del Senado inviabilizarían la elección judicial, cuando más bien han sido los recursos judiciales los que lo han entrampado. ¿Será que el actual TCP, al final de su mandato, y al igual que la sentencia 084 de 2018, modificará una norma expresa y terminante de la constitución vigente?
La situación vista desde fuera es cada vez más crítica. El 26 de septiembre pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación ante la suspensión del proceso de elección de las autoridades del sistema de justicia de Bolivia; llamando la atención al Estado a adoptar medidas efectivas para avanzar y concluir en tiempo y forma el proceso de selección de las autoridades judiciales, en observancia de los estándares internacionales y con garantías de transparencia e independencia. Asimismo, la CIDH celebró su 188 período de sesiones del 30 de octubre al 10 de noviembre de 2023, habiendo otorgado una audiencia pública sobre Acceso a la justicia e independencia judicial, a la que acudieron cuatro magistrados del TCP; y donde se les cuestionó -entre otros temas- sobre la postergación indefinida de la elección judicial y reiteró la necesidad de realizar una reforma al sistema de justicia para atender los desafíos estructurales que la aquejan.
Por otra parte, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados acaba de hacer pública una carta de alegaciones remitida al Estado expresando su preocupación y falta de información sobre la postergación de las elecciones judiciales en Bolivia. Señaló “la importancia que tienen los comicios para asegurar la independencia de justicia en el país” y alertó la “posibilidad que los cargos de las altas autoridades judiciales del país queden vacantes desde enero 2024”, que si eso ocurriera, “bloquearía la capacidad del poder judicial para cumplir su importante papel en el orden constitucional de Bolivia”, pidiendo al Estado le informe que si se diera la vacancia de los magistrados desde la siguiente gestión, “éstas serían limitadas en duración, y cómo se aseguraría que dichas vacantes tengan un impacto mínimo en el derecho a juicio justo de las personas en el país”. Esperamos que la respuesta sea pronto y trasparente, a esa pregunta, que conlleva un mensaje claro, la comunidad internacional no reconocerá una alteración constitucional tal que traiga esa consecuencia.
Ramiro Orias es abogado, Oficial de Programa Senior de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
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